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La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FDT) presentó hoy el proyecto de Ley de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, acompañada por el secretario de comercio Matías Tombolini, el diputado provincial de Mendoza José Luis Ramón y asociaciones de usuarios y consumidores de todo el país, junto a profesionales y referentes de la comunidad académica y colegios de profesionales.
La propuesta prevé ofrecer un conjunto de soluciones efectivas para resolver problemas en las relaciones de consumo actuales que, según datos de Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, son liderados por los rubros servicios financieros y seguros (34,8%), telecomunicaciones (29,5%), electrodomésticos (12,8%), rodados y automotores (11,6%) y servicios de administración de pagos (11,3%).
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En la presentación en el Salón Azul del Senado se comentó sobre la necesidad de actualizar y ampliar la defensa de consumidores y usuarios a los tiempos que corren, y sobre todo, a las situaciones que enfrentan miles de argentinos a la hora de reclamar por un producto fallado o un servicio mal prestado.
"Estamos proponiendo un cambio de paradigma poniendo a los consumidores y consumidoras en el centro de la escena; hay que revertir un sometimiento estructural en las relaciones de consumo y las situaciones que se dan y no están alcanzadas por una norma que ponga a la dignidad de la persona humana como prioritaria", dijo Fernández Sagasti.
La senadora habló de la transversalidad del alcance de la propuesta y, dijo, “como mendocina sé de la importancia de que estos derechos sean garantizados no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino en cada una de las provincias del país”.
La norma busca prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar en los casos de abuso financiero para, apuntó Fernández Sagasti, “aliviar la angustia de muchas familias argentinas que caen en estafas y abusos con tasas desorbitantes”.
Por su parte, Ramón -que presentó el Código en la Cámara baja en 2021- apuntó a que "la presentación y la puesta en debate de este proyecto, es un hito importante porque de una vez por todas los usuarios y consumidores vamos a tener una herramienta que va a permitir el ejercicio del derecho con la protección del orden público, sin ningún tipo de interpretación por parte de funcionarios o por parte de aquellos que nos proveen los productos y los servicios a cada una de las familias argentinas".
Finalmente, Tombolini resaltó que “la asimetría de la información nos lleva a una situación en el presente en la que es necesaria la intervención del Estado para hacer lo que hizo siempre el peronismo: emparejar la cancha. Y eso implica muchas veces tocar los intereses de los sectores concentrados".
"Entonces, cuando aparecen herramientas que le dan al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores es algo que debemos celebrar”, completó.
Entre otras cosas, el proyecto busca estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos; impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos; así como regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas.
Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas.
Con información de Télam
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