La actual versión del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos volvió a ser cuestionado por la provincia de Buenos Aires, que considera que se le asigna un alícuota que no guarda relación con sus necesidades ni con los recursos que aporta a la Nación y en consecuencia "no respeta el mandato constitucional".
Así lo señaló la directora provincial de Presupuesto Público, Mariel Manes, en el marco del trigésimo sexto Seminario Nacional que finaliza hoy en la ciudad de Resistencia, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Manes recordó el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución sancionada en 1994, en el que se especifica que la ley de Coparticipación deberá fijar una distribución de recursos entre la Nación y las provincias "en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto".
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El texto constitucional también establece en ese inciso que la distribución "será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".
A grandes rasgos, la distribución de recursos coparticipables se asigna en base a dos criterios: el devolutivo, que reconoce el aporte que cada distrito realiza a la economía nacional (básicamente su participación en el PBI total) y el distributivo, que apunta a superar las desigualdades regionales dándole más recursos a las provincias con mayor proporción de necesidades básicas insatisfechas.
Manes detalló una serie de indicadores de la provincia de Buenos Aires y los contrastó con la alícuota que actualmente se le confiere, con una participación efectiva del 22%.
Al respecto, sostuvo que Buenos Aires representa el 35% de la economía nacional, el 50% de la industria manufacturera y el 39% de la producción agropecuaria, de lo que se desprende que no se cumplen con los criterios devolutivos, con una alícuota que representa poco más de la mitad de lo que la provincia aporta a la economía nacional.
Pero tampoco se cumplen con los criterios distributivos, si se tiene en cuenta que concentra el 35% de la matrícula escolar estatal y en el conurbano concentra un 56% de pobreza.
La ley 23.548 de Coparticipación Federal fue sancionada en enero de 1988 y está próxima a cumplir 35 años, si bien en ese lapso tuvo varias modificaciones.
La Constitución dispuso en una de sus cláusulas transitorias que una nueva ley de Coparticipación debía ser sancionada antes del 31 de diciembre de 1996.
Con información de Télam
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