El 46% de los trabajadores de la economía popular no tiene acceso a la Seguridad Social

La generación de puestos de trabajo en el país continúa creciendo luego de la destrucción del empleo del período 2018-2019 y del impacto posterior de la pandemia. Así, el 2022 cerró con tasas récord de actividad, empleo y fuerte caída de la desocupación, con el nivel más bajo desde 2015. No obstante al mirar qué tipo de empleo se genera, el crecimiento de ocupados se explica, en gran medida, por puestos “sin descuento jubilatorio”. En ese marco, un informe advierte que el 46% de quienes trabajan en la llamada economía popular no cuentan con ningún tipo de cobertura del sistema de Seguridad Social, en tanto que al menos el 10% que está en edad de jubilarse continúa trabajando por la necesidad de sumar ingresos al hogar, y un 52% no cuenta con cobertura de salud. 

“La definición habitual de Seguridad Social resulta insuficiente para dar cuenta de las necesidades, y por ende los derechos, de los colectivos laborales del siglo XXI en materia previsional. Si bien se ha alcanzado un elevado nivel de cobertura de las personas en edad pasiva gracias a las sucesivas moratorias, las condiciones del mercado de trabajo dan cuenta de los problemas para lograr una cobertura adecuada de la población activa, y en particular entre las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular”, advierte el informe La cobertura de la seguridad social en la economía popular argentina.

En relación se señala que para este sector “dentro de las opciones de registración laboral que permiten el acceso a la cobertura de la Seguridad Social contributiva están el monotributo 'común' o Régimen Simplificado y el monotributo social”, sin embargo “esta herramienta en la práctica no alcanza a la totalidad del universo de trabajadores” lo que da lugar a que la mayoría de las y los trabajadores de este sector se encuentren excluidos del acceso a este derecho.

Cobertura de Seguridad Social

El universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular llegaba a fines del 2021 a 3.800.000 personas, de ese total un 46% no cuenta con ningún tipo de cobertura de Seguridad Social, en tanto que un 10,4% tiene acceso mediante el Monotributo Social, ya que “al estar inscriptos en el Registro Nacional de Efectores Sociales de Desarrollo Social, en tiempo y forma, cuentan con sus derechos previsionales”. Cabe mencionar que este sector abarca una amplia gama de actividades en una estructura productiva cada vez más heterogénea y se caracteriza por la inexistencia de una elación laboral asalariada y la necesidad de generar sus propias fuentes de trabajo para la subsistencia cotidiana. 

Estos datos se desprenden de la investigación realizada por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas (OCCEP) y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Argentina (Fes) presentada recientemente en el Congreso de la Nación con el objetivo de “realizar un diagnóstico de la situación actual de la cobertura de seguridad social de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular en el país y proponer lineamientos de política pública”. 

Al respecto, el documento señala que la economía popular representa el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 91% del cuentapropismo. A su vez, el 45% del sector es monotributista (sin incluir monotributo social), mientras que el restante 55% corresponde a la “economía popular núcleo”. En esta última división, el estudio considera a las y los trabajadores que no tienen ningún tipo de registro (81% de este grupo) y a los monotributistas sociales (19%). “El segmento más desprotegido, la economía popular sin ningún registro, abarca 46% del total, no cuenta con cobertura del sistema contributivo de Seguridad Social (aproximadamente 1.800.000 personas)” detallan. 

La investigación pone el foco en que “la exigencia de reunir 30 años de aportes se ha vuelto un obstáculo para acceder a la jubilación para una parte significativa de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país producto de los problemas que atraviesa el mercado de trabajo y de falencias en la implementación del monotributo social”. Entre los principales puntos se señalan fallas de información vinculadas al desconocimiento de la existencia del subsidio estatal del aporte previsional, problemas en la cobertura de salud ya que “el sistema de obras sociales no logra brindar una cobertura adecuada a estos trabajadores que, en ocasiones, desisten de la cobertura del seguro de salud frente a las dificultades en la calidad de las prestaciones”, y por la ausencia de una política activa desde el Estado para incentivar la inscripción.

Otro factor que complejiza la realidad de este sector tiene que ver con la proporción de trabajadores y trabajadoras en edad de jubilarse que continúan trabajando, cobren o no una prestación previsional. “Esta proporción (10%) es el doble en la economía popular en comparación con el resto de la población ocupada en edad jubilatoria” y se debe a “la mayor necesidad de trabajo por la carencia de ingresos”. Así se observa que mientras que este sector representa el 20% de las trabajadoras y los trabajadores en edad activa, entre los y las de edad avanzada el porcentaje sube a 35%, en tanto “los reducidos ingresos explican que este segmento tenga que trabajar a pesar de contar con una prestación previsional”. 

Además, el informe releva que en los hogares de estos trabajadores el peso de la jubilación es mayor en el ingreso total familiar que en el resto de los ocupados (43% vs 38%) esto debido a que “si bien la jubilación es más baja (-16%), el ingreso es mucho más bajo aún”.  El rol clave que juega la prestación previsional también se refleja en el achicamiento de la brecha de ingresos que implica el cobro de la jubilación para las trabajadoras y los trabajadores de las actividades incluidas en este sector del trabajo. “La diferencia en el ingreso per cápita familiar entre las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular y el resto de ocupados en edad de retiro se reduce de 45% (cuando no cobran jubilación) a 15%, cuando la cobran”. En otras palabras, la jubilación actúa como un sostén de ingresos al aumentar sus ingresos totales, complementando los bajos ingresos laborales.

Cobertura de salud

En cuanto a la cobertura de salud se observa que “el 52% no cuenta con ninguna cobertura, en contraste con el 20% del resto de las personas trabajadoras que se encuentra en esa situación”. Por otra parte, mientras que el 70% de las personas trabajadoras por fuera de este sector cuenta con obra social (incluida el PAMI), ese porcentaje se reduce a 39% en el caso de la economía popular.

El documento destaca por su lado que “las trabajadoras y los trabajadores de este sector que se encuentran dentro del programa Potenciar Trabajo cuentan con una cobertura de salud 100% bonificada por parte del Estado nacional, debiendo optar por una obra social nacional”. Sin embargo, según la Superintendencia de Servicios de Salud, en 2022 “se registran solo 586.000 monotributistas sociales con cobertura de una obra social, lo que representa el 45% de los 1.300.000 de beneficiarios/as del Potenciar Trabajo. Esto supone un importante déficit de registración”.

Finalmente se agrega que los trabajadores del sector que sí están afiliados a una obra social a través de los aportes del monotributo social “reciben una cobertura deficiente”. Esto se explica, según los investigadores, por varios factores entre los que se destaca la concentración de afiliados en pocas obras sociales que “quiebra la solidaridad del subsistema” ya que en 2022 “las primeras diez obras sociales (3% de la cantidad total) absorbían el 41% del total de los recursos netos del Fondo Solidario de Redistribución, mientras que el restante 59% se reparte entre 305 entidades (97% del total)”.

En relación, “las obras sociales enfrentan problemas para prestar adecuadamente el servicio de salud dado que sus ingresos muchas veces no cubren el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO)” y “los hospitales públicos suelen postergar o directamente derivar a las y los pacientes que cuentan con una cobertura (formal) de una obra social, en particular cuando se trata de intervenciones complejas como cirugías", esto genera que aún las trabajadoras y los trabajadores “privilegiados” inscriptos en el monotributo social suelen encontrarse “rebotando entre la obra social y el hospital público sin ser atendidos”.