El Ministerio de Economía instruyó al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) a suscribir un convenio de asistencia financiera con la provincia de Santa Cruz para refinanciar montos adeudados de hasta $ 10.000 millones con el organismo, a través de la resolución 1111/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.
La misma prevé que el monto se pague en doce cuotas mensuales y consecutivas, con el primer vencimiento fijado para el último día hábil de enero de 2024.
La gracia para el capital será hasta el 31 de diciembre, mientras que la tasa de interés aplicable fue fijada en 0,10% nominal anual, al igual que los convenios que fijó Nación con otras provincias recientemente.
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El capital del préstamo será ajustado desde el desembolso, conforme al CER (inflación) correspondiente al período transcurrido entre el 31 de diciembre y la fecha de cada vencimiento.
En los últimos dos meses, el Estado suscribió dos acuerdos similares con Salta, por $ 14.000 millones, Tucumán, por $ 22.400 millones, y Tierra del Fuego, por $ 3.600 millones.
Al igual que en dichos convenios, Santa Cruz deberá suministrar a la Secretaría de Hacienda información para el seguimiento de sus finanzas.
Además, para asegurar el cumplimiento del acuerdo, se determinó que la provincia ceda sus derechos sobre las sumas a ser percibidas por el Régimen de Coparticipación hasta la total cancelación del capital e intereses adeudados.
Es decir, en el caso de falta de pago, el Estado Nacional es autorizado para retener los importes destinados a la coparticipación.
El convenio entrará en vigencia una vez que se apruebe en el ámbito del Estado provincial.
En los considerandos se señala que, si bien Santa Cruz presenta “signos de recuperación” en sus ingresos”, aún muestra “una situación de déficit fiscal y financiero”, lo cual motivó a que solicitarán asistencia “para hacer frente al cumplimiento por parte del Tesoro provincial de compromisos indelegables en tiempo y forma”.
El FFDP fue creado el 27 de febrero de 1995 y tiene por objetivo, entre otros, asistir y financiar programas que contemplen el saneamiento de las deudas de los estados provinciales, su renegociación o cancelación; o que promuevan el desarrollo.
Con información de Télam
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