El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Producción, ingresó a la Cámara de Senadores provincial un proyecto de ley que establece un régimen de incentivos fiscales con exención de impuestos, acceso a terrenos fiscales para inversores, promoción de la incorporación de la perspectiva de género y herramientas innovadoras para alentar el comercio exterior.
La normativa busca generar las condiciones favorables para la radicación, expansión y perfeccionamiento de las empresas, otorgando un régimen de incentivos fiscales en los impuestos provinciales, explicó el ministro de Producción, Juan Lavandeira.
En la iniciativa se establecen facilidades para acceder a los terrenos fiscales; poniendo a disposición de los inversores alternativas para contar con terrenos, con o sin mejoras o edificaciones, sea en propiedad o bajo la suscripción de contratos de locación, leasing u otorgando en concesión temporal bienes inmuebles pertenecientes al dominio privado del Estado Provincial.
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Asimismo, promueve la incorporación de la perspectiva de género mediante un incremento en el porcentaje de exenciones, y propone que la normativa provincial considere la preservación del ambiente y de los recursos naturales en la evaluación y control de los proyectos que se presenten.
En lo que se refiere a comercio exterior, propone incentivos específicos a las exportaciones de productos puntanos que se realicen desde San Luis, mediante reintegros del llamado IVA Compras contenidos en las operaciones, beneficio que las exportadoras sumarán al recupero de este impuesto.
La iniciativa legislativa plantea mecanismos para equilibrar los factores de decisión que permitan orientar las inversiones a los distintos departamentos y así fortalecer la integración de distintas áreas geográficas, estableciendo beneficios diferenciados según la locación de las inversiones.
Contempla además beneficios para los inversores, socios o accionistas de empresas a radicarse mediante el otorgamiento de crédito fiscal utilizable para cancelar impuestos provinciales en porcentajes que varían entre el 50% y el 100% de la inversión, de acuerdo con la localización del proyecto.
La propuesta ofrece la posibilidad de readecuar el proyecto de inversión, con la modificación en su objeto debido a cambios de políticas de la empresa; la posibilidad de solicitar la suspensión de los beneficios oportunamente adquiridos hasta por dos años, y permitir la desvinculación del proyecto de inversión respecto de las obligaciones emergentes, para evitar males mayores en su ejecución.
Para facilitar la sustentabilidad de los proyectos y su aprovechamiento en los ciclos expansivos, el proyecto prevé extender el plazo de los beneficios en los casos de reinversión de utilidades, lo que permitirá mejorar los resultados de las empresas en los ciclos expansivos.
Contiene obligaciones de inversión, de producción, de fecha de puesta en marcha y de mantenimiento de personal en relación de dependencia, incorporando el parámetro del Indicador Mínimo de Trabajadores establecido por la Ley 26.063 para poder aplicar en la medición de las obligaciones de empleo.
Con información de Télam
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