El Gobierno anunció la privatización de la salud y el sistema universitario para los extranjeros, una medida enmarcada en la "batalla cultural" que lleva adelante La Libertad Avanza. Según cifras oficiales, menos de un millón de personas pertenece al universo que podría sufrir la discriminación en el segmento sanitario. A su vez, existen dudas acerca del alcance en el aparato de la educación superior, ya que las leyes vigentes van a contramano de la medida oficializada este martes.
Los cambios en el régimen migratorio implican el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, además del endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que "el objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos".
Adorni consignó que "se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes", una medida que, dijo, representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio. En la misma línea, aseguró que se dispondrá el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso como mejor consideren.
Las mentiras en datos: el mito del tour sanitario
"Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país", expresó Adorni. Asimismo, sentenció: "Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia". ¿Pero qué dicen los datos duros?
Frente a supuestos que esgrimen que los ciudadanos extranjeros que no residen en el país generan una “sobre demanda” para el sistema de salud que limitaría la disponibilidad de camas, turnos y presupuesto a los argentinos, un documento realizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires describió la demanda y el peso de la atención a esta población en el sistema de salud público.
A nivel nacional, tomando la información suministrada por el censo 2022, la población extranjera residente en Argentina alcanza el 4%, de la cual el 51% cuenta con cobertura de salud por parte de una obra social o prepaga. Es decir, el total de potenciales residentes extranjeros usuarios exclusivos del sector público alcanzaría sólo un 2% de la población total, o 966.731 personas. En relación al total de la población de la provincia de Buenos Aires, la población extranjera representa el 6%, de la cual 47% cuenta con cobertura de salud a través de una obra social o prepaga.
En la región más poblada del país, apenas el 3% de la población de Buenos Aires se constituye de residentes extranjeros usuarios exclusivos de los servicios de salud públicos. Respecto al uso de los servicios por parte de extranjeros no residentes, la proporción en todos los casos y registros se encuentra por debajo del 1%, representando: el 0,2% de las consultas ambulatorias, el 0,3% de las consultas ingresadas por guardia, y el 0,7% de personas internadas. Asimismo, el 0,2% de personas vacunadas por el calendario nacional y provincial son extranjeros no residentes.
Respecto a la cobertura de medicamentos brindada por la Provincia de Buenos Aires en 2023, la proporción de extranjeros no residentes que recibieron tratamiento fue: del 1% del total en tratamientos oncológicos, del 1,6 % del total de tratamientos de VIH, del 0,2% del total de personas con Enfermedades Crónicas No Transmisibles (0,2% en medicamentos de bajo costo y 0,1% en alto costo).
Durante 2023 se registraron en la Historia de Salud Integrada un total de 1.456.483 consultas, de las cuales 3.205 corresponden a personas extranjeras que no residen en la Argentina, es decir, solo el 0,2% corresponde a consultas efectuadas por extranjeros no residentes. Del total de consultas de personas con DNI nacional, el 7% corresponden a extranjeros residentes en Argentina.
En cuanto a las consultas en guardia, los datos arrojados por el sistema de Triage de guardia de 57 establecimientos provinciales (hospitales y UPAs) arrojaron que sólo el 0,3% son extranjeros no residentes, mientras que un 3% son extranjeros con residencia en el país. De los establecimientos provinciales considerados, los que mayor proporción de extranjeros no residentes atendieron se encuentran en La Matanza, donde este dato es apenas el 0,6% de las consultas de guardia. Le siguen establecimientos ubicados en Moreno y San Fernando (ambos 0,54%), La Plata (0,49%) y Morón (0,47%).
Del total de personas internadas en hospitales bonaerenses en 2023, sólo el 0,7% correspondió a extranjeros no residentes (6.837 sobre casi un millón de personas internadas durante ese año). El 51,9% de este total corresponde a varones, mientras que el 48,1% restante a mujeres. El partido que registró más internaciones de extranjeros no residentes durante 2023 fue Moreno, donde este número alcanzó al 2,18% del total de las internaciones, seguido por La Matanza (1,71%) y Presidente Perón (1,67%).
Esto implica que el impacto sobre la disponibilidad de camas, los turnos y el presupuesto destinado a salud es ínfimo y, por lo tanto, cualquier medida tendiente a restringir el acceso a la atención de este grupo de personas no tendrá un correlato en la atención ni en el presupuesto.
El falso relato sobre las universidades
Como el Gobierno no puede fijar tarifas por su cuenta, le abrió la posibilidad a las casas de estudio de arancelar las cursadas de extranjeros "no residentes". Según las últimas cifras disponibles, hay un total de 122.769 estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, de los cuales 104.998 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.771 ofertas de posgrado. Estos representan el 4,1% de todos los estudiantes universitarios, llegando al 9,9% en los posgrados.
La Ley de Migraciones es muy amplia, abarcativa y establece en el artículo 6 que los inmigrantes y sus familias deben tener los mismos derechos y protecciones que gozan los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación. En el artículo 7 fija que la irregularidad migratoria de un extranjero no puede impedir su admisión como alumno a un establecimiento educativo de cualquier nivel ya sea público o privado, lo cual prohíbe claramente que la irregularidad migratoria sea un impedimento para el ingreso a una institución.
La Ley de Educación Superior, en el artículo 2 bis prohíbe que los estudios de grado en educación superior de gestión estatal tengan aranceles, tasas o impuestos y establece la gratuidad. De lo cual surge que los estudiantes extranjeros inmigrantes, ya sean regulares o irregulares al momento de inscribirse, deben ser admitidos por las universidades y no se les puede cobrar aranceles. Si el Gobierno quisiera modificar esa situación debería hacerlo a través de un DNU o enviar al Congreso una propuesta para que se cambien parcialmente, al menos, estas dos leyes.
La Ley de Migraciones sostiene que hay distintos tipos de residencia: residencias transitorias, que no habilitan la obtención de un DNI; residencias temporarias, que habilitan la obtención de un DNI temporal -puede durar hasta tres años e incluyen como uno de los motivos para acceder venir a estudiar- y las residencias permanentes que no tienen plazo de vencimiento y habilitan la obtención de DNI permanente.
Cuando un estudiante extranjero se inscribe, se le solicita que obtenga el documento de nacionalidad argentino o que acredite su identidad con un documento del país de origen. Para cumplir con la Ley de Migraciones, no se le puede pedir que ya tenga un DNI argentino, pero se le da un plazo de dos cuatrimestres para que lo obtengan, ya sea DNI temporal o permanente, y puedan así tener el alta definitiva como estudiante de la Universidad.
Adorni omitió aclarar los desajustes jurídicos de ambos anuncios. Más allá de las cifras expuestas respecto a la mínima incidencia en los sistemas de salud y educación, el Gobierno le propone a la sociedad castigar a los extranjeros por una supuesta culpabilidad en torno a las ineficiencias del sistema. Extranjeros también son los titulares de las empresas que se inscriben en el RIGI y se hacen de millonarias ventajas impositivas a cambio de la explotación de recursos argentinos. Para ellos otra fue la suerte.
Cerrar sesión