Mientras continúa el escándalo por la estafa detrás del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei, lo cierto es que el gobierno nacional continuó avanzando en medidas que impactan de lleno en el bolsillo de la población. En lo concreto, esta semana se dio vía libre a las empresas de medicina prepaga para que puedan aumentar el costo de sus planes de forma diferenciada. Esta mayor desregulación, advierten especialistas, podría impactar de forma negativa en un sector en el que solo tres empresas concentran el 70% del mercado. De esa manera, las entidades privadas podrán aplicar, a discreción, diferentes aumentos por planes y segmentos etarios, aumentando incluso los costos para las y los adultos mayores en relación con los jóvenes.
Si bien entre los argumentos que justifican la medida, el oficialismo apuntó a que se "fomentará la competitividad" entre las firmas, los datos muestran que podría generar todo lo contrario: las empresas de medicina prepaga cuentan con unos seis millones de personas afiliadas y solo tres empresas -OSDE, Swiss Medical Group y Galeno- concentran el 72% de los afiliados (de un total de 700 firmas en todo el país). Además, esto se suma a la desregulación del sector iniciada a través del DNU 70/23 que generó un encarecimiento del gasto de este servicio en la población -por la liberación de las subas, junto con una menor cobertura de medicamentos para personas mayores y de tratamientos para quienes, por ejemplo, padecen enfermedades crónicas.
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Así, mientras el gobierno continúa eliminado herramientas que permitan controlar el precio de los aranceles, suprime cualquier posibilidad de evitar un aumento repentino y desmedido de las cuotas. Esto no hace más que poner contra las cuerdas el bolsillo de la población que ve cómo crece el peso de este servicio en sus ingresos: en 2013 demandaba el 11% del salario promedio, para 2019 llegaba al 19%, a fines de 2023 estaba en 17% y en noviembre de 2024 ya había saltado al 25%.
Libertad para aumentar
Mediante el Decreto 102/2025 publicado el lunes en el Boletín Oficial, el gobierno de La Libertad Avanza profundizó la desregulación de las empresas de medicina prepaga. Según el texto publicado, las empresas "podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud ofrecidos durante toda la vigencia del contrato" y "el porcentaje de ajuste podrá variar según las características específicas de cada plan de salud que comercialicen”, modificando de esa manera lo que el propio gobierno había establecido en 2024.
“Una suspicacia es que los aumentos que estarían en condiciones de realizar tendrán que ser en función de su estructura de costos, una variable que en principio sólo las empresas conocen” alertaron en el marco de la desregulación desde el espacio Fundación Soberanía Sanitaria. Con los últimos cambios los límites al valor de los planes, que hasta ahora debían seguir parámetros establecidos por el área de salud nacional, se diluyen permitiendo a las prepagas definir discrecionalmente las subas. De hecho, la medida facilita incrementos en los planes de las y los adultos mayores con el único límite de que la cuota no llegue a triplicar el valor de la de los más jóvenes.
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¿Qué consecuencias puede traer la medida? Después la desregulación fijada por el mega DNU libertario, a inicios del 2024 las empresas de medicina prepaga aumentaron los planes hasta obtener ganancias extraordinarias (+49% en sólo cuatro meses). En ese sentido, el argumento del gobierno respecto de que la nueva medida es que permitirá “que haya más competencia en el mercado”, sin embargo ello choca de frente con una realidad concreta: se trata de un mercado extremadamente concentrado. Para mediados del año pasado las empresas de medicina prepaga (unas 700 en el país) contaban ya con seis millones de personas afiliadas pero solo tres firmas OSDE, Swiss Medical Group y Galeno concentraban el 72% del total.
“Mientras que de un lado hay una persona que demanda algo que es vital para el desarrollo de su vida, del otro lado hay empresas que lo ofrecen y que por ese servicio escaso llegan a tener ganancias exorbitantes. La demanda tiene un comportamiento inelástico justamente por lo primordial que resulta para la vida humana”, se indicó en un informe de Soberanía Sanitaria donde se explicó que “una persona mayor o con patologías preexistentes no puede ingresar y salir libremente porque todas estas son características que restringen su ingreso tanto en la prohibición del mismo como en el cobro de cuotas que resultan impagables para la mayoría de los argentinos, por lo tanto, harán lo imposible para pagar sus cuotas y así no perder la cobertura de salud”. Sumado a esto, se agrega la desregulación de los precios de los coseguros y el hecho de que al volverse las prepagas cada vez más restrictivas, “se produce un efecto de transición al sistema público al mismo tiempo que se lo desfinancia”.
Si bien el decreto publicado esta semana indica que los usuarios deben ser notificados de los ajustes “con una antelación no inferior a 30 días corridos previo al vencimiento”, lo cierto es que en estos meses creció de forma significativa el peso de este gasto en los ingresos familiares y con subas mensuales que se ubican por arriba de la inflación que difunde el INDEC. En enero de este año, por ejemplo, llegaron avisos de aumentos a afiliados de las principales prepagas con subas en torno al 3 o 3,5% cuando el IPC de diciembre fue del 2,7%.
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El panorama se complementa también con otra situación que golpea en bolsillo de las familias: “en paralelo a la suba indiscriminada en las cuotas de medicina prepaga, se produjo un aumento desmedido en los precios de los medicamentos recetados, lo que implicó que miles de personas no pudieran continuar con los tratamientos farmacológicos indicados”, indicó un documento del Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS). “El Poder Ejecutivo realizó modificaciones sin presentar ningún análisis o estudio que permitiera anticipar cómo podría verse afectada la población, en especial las personas con discapacidad y sus familias, los sectores con ingresos más bajos, personas mayores, o personas con enfermedades crónicas" subrayaron y agregaron que "no era difícil prever que sin ninguna regulación más que la ‘autorregulación del mercado’ y la ‘libre competencia”’ el precio de la medicina prepaga escalaría más que antes, y en una proporción mucho mayor a la que la población podía afrontar económicamente”.
Sobre esto último desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizaron que “con el esquema de devolución del dinero cobrado por encima de la pauta establecida durante el primer cuatrimestre del año y una liberación de los precios a partir del mes de julio, el valor continuó creciendo por encima del nivel general de precios”. Luego de reiterados reclamos que efectuaron afiliados y afiliadas de las mismas, el gobierno acordó que debían devolver el "extra" cobrado pero en doce cómodas cuotas. Un caso concreto: el cálculo de lo pagado de más en un plan de una conocida prepaga equivalía a 204.791 de pesos a moneda constante de noviembre 2024, sin embargo, el monto de devolución en cinco meses era de $27.381, mientras que "tendría que haber recibido $85.330 para que la devolución en 12 cuotas iguales no le signifique una pérdida monetaria al usuario".
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En este marco, creció de forma sostenida el peso del gasto de la medicina prepaga en un salario formal promedio: en 2013 insumía el 11% del salario formal promedio, en el lapso hasta el año 2019, la incidencia aumentó a un promedio del orden del 19%. Para abril de 2024 tuvo un pico máximo de los últimos meses llegando al 27,5% y en noviembre alcanzó una proporción del 25%. En ese escenario, un informe de la consultora D’ Alessio indicó que un 70% de los usuarios de medicina prepaga contempló realizar cambios en su cobertura de salud debido a los aumentos, a la vez que “el impacto de los incrementos de precios no discrimina y está afectando a todos los niveles de ingresos medios”.
Más recortes en 2025
La política de un feroz ajuste fiscal implementada por el gobierno de Milei continuará este año luego de que se decidiera, en un hecho inédito para la historia argentina reciente, prorrogar el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo y ajustar a discreción las partidas económicas para 202.
En ese sentido y en términos sanitarios, el recorte de fondos disponibles ya trajo como consecuencia la reducción en tratamientos y recepción de insumos, el cierre de programas y el abandono de inversión ya comprometida con provincias. Las proyecciones para este año no son optimistas ya que, considerando el impacto de la inflación, “se espera una caída del 20% para la función Salud y de más del 50% para el presupuesto de la Secretaría”, indicó un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.
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De acuerdo con lo relevado, se observan recortes que van del 20% al 70% en términos reales en áreas claves. Tal el caso del programa de Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles que tiene a su cargo la compra y distribución de las vacunas del Calendario Nacional para todo el país (-55% de recursos), de las vacunas antigripales donde con una población objetivo de 6 meses a 2 años, el total pasó de 1.017.000 a 650.000 dosis; del Programa de Respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra con un ajuste de más del 70% y del Programa de Desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable, con recortes de más del 40%.
“Este ajuste presupuestario impacta de manera directa en el acceso a medicamentos, vacunas, métodos anticonceptivos y leches, entre otros insumos sanitarios, e implica la vulneración del derecho a la salud de la población”, indicaron desde el centro de estudios y agregaron que “la desinversión por parte del Estado Nacional se traduce en la transferencia de la inversión a las provincias, ya ahogadas por el ajuste global que el Estado Nacional lleva adelante, incrementando las inequidades entre jurisdicciones en función de que puedan o no absorber esos costos”.