El Gobierno afirmó haberse reunido con los representantes de empresas de medicina prepaga para obligarlas a dejar de triangular fondos con obras sociales. Sin embargo, desde el sector que controla la salud privada advierten por las trabas legales que implicarían una contradicción con el decreto 70 que reglamentó el propio ministerio en febrero.
Según deslizó una fuente del Gobierno, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo reuniones con representantes de las Obras Sociales y Prepagas más importantes para informarles que la semana próxima la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicará una resolución estableciendo que a partir del 1 de diciembre, todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (con encuadre en el inciso I) del artículo 1 de la Ley N 23.660.
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Esta decisión tiene como objetivo "reordenar, transparentar y ponerle fin a un sistema que lleva décadas en la Argentina que consiste en no competir y de arreglar con el Estado", señaló una fuente inmiscuida en la negociación. Sin embargo, una alta fuente del sector de las prepagas no pudo confirmar a El Destape que esta reunión haya existido.
"Nos estamos enterando por los medios de la reunión. Los abogados todavía no han leído la resolución. Si hacen una resolución, entraría en conflicto con el decreto 70", resumió una fuente de la medicina privada. Aquel DNU -vigente en la actualidad- dice permitir que, entre otras cosas, los "beneficiarios puedan elegir derivar sus aportes y contribuciones a una Obra Social o a una Entidad de Medicina Prepaga".
"De esta forma, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en coordinación con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, y como resultado del diálogo con los distintos sectores, establecieron que los beneficiarios tengan el derecho de libre elección desde el inicio de su contratación. Esto significa que pueden elegir entre una obra social o una empresa de medicina prepaga sin estar obligados a permanecer por 12 meses en la obra social de su actividad", sostiene el decreto.
Desde el Gobierno afirmaron que el avance sería "sobre el registro". Aún así, las prepagas insisten en la idea de derogación del CNU vigente por un reemplazo legal que permita avanzar en ese sentido. Según cifras del Gobierno, el proceso de triangulación recauda mensualmente $8600 millones, dado que la intermediación puede costar entre un 3% y 7% según el caso.
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