“Lo que hay que hacer es una bruta desregulación”, afirmó Diana Mondino, futura Canciller del Gobierno de La Libertad Avanza. La sociedad Macri–Milei parece dispuesta a no ceder ni un centímetro en su política de shock. La desregulación económica anunciada abarcará tanto los precios de los alimentos como en el sistema de salud. A fin de año vence el acuerdo de regulación de tarifas establecido por la administración del Frente de Todos. Para diciembre, las prepagas fueron autorizadas con subas del 11%. Pero Milei tiene otra idea. “No me sorprendería que se liberen los precios. Los valores no pueden estar por debajo de los costos”, sostuvo Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y el Canal América 24, donde también pisa Eduardo Eurnekian, antiguo empleador de Milei. Con la desregulación, las cuotas de las prepagas podrían aumentar un 40% durante enero.
Para el sanitarista Jorge Rachid, el nuevo gobierno libertario buscará reducir el sistema público, solidario (obras sociales) y privado a una especie de seguro nacional al estilo norteamericano, manejado por el sistema financiero. “Es el mismo modelo que se intentó implementar en la década de 1990 de la mano del Banco Mundial”, aseveró Rachid, quien también ocupa el cargo de director del Instituto Superior de Educación del IOMA en la gestión bonaerense de Axel Kicillof.
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Salud sociedad anónima
El Gobierno de Javier Milei promete desregular precios como una de sus primeras medidas. Este jueves, Diana Mondino afirmó que, para atacar la inflación, lo mejor sería aplicar una “bruta desregulación económica”. Lo dijo durante su disertación en la reunión anual de la UIA. La futura Canciller de La Libertad Avanza puso especial acento en la palabra bruta. A shock o nada, avisaron. En el caso de las empresas de medicina prepaga, ya se augura un primer incremento del 40%.
Las entidades de este sector suelen llorar pérdidas económicas de manera permanente. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las seis grandes – Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE, y Swiss Medical- acumularon ingresos por 44.000 millones de dólares entre 2015 y 2020.
Durante la pandemia, recibieron los aportes estatales para cubrir el salario de sus trabajadores (ATP, REPRO y Fescas); además, pagan una cuota reducida de IVA, recursos indirectos que sumarían 240.000 millones de pesos que no destinan al fisco; también fueron eximidas de pagar las contribuciones patronales a partir del decreto 34/2021, que estará vigente hasta el cierre de este año.
En agosto de 2023, el ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa, anunció un congelamiento de tarifas. Pero las empresas enviaron sus facturas sin respetar la regulación oficial. Lo cierto es que los valores de las cuotas son regulados por el Estado, con un esquema de actualización mensual indexado por el Índice de Costo de Salud.
Con las nuevas facturas de septiembre, Massa volvió a negociar con las empresas. Como resultado del ida y vuelta, el congelamiento se ejecutó de manera similar a la segmentación energética: se les trasladó a los usuarios la obligación de completar una declaración jurada dando cuenta de su incapacidad de pago.
Entre la decisión del Gobierno nacional de congelar las cuotas y las nuevas facturas, las empresas privadas “se olvidaron” de comunicarle a los usuarios la posibilidad de solicitar el congelamiento tarifario. De esa manera, encontraron un atajo para que pocos usuarios se enterasen del “congelamiento”.
“Es un esquema donde se invierte la carga de la prueba, es decir, son los usuarios quienes deben demostrar que no pueden pagar más por una prestación privada. No existe ninguna figura en la ley de defensa de los consumidores que obligue a los usuarios a demostrar que pueden o no pagar aumentos en un servicio, que además está regulado por el Estado”, afirmó Roberto Zorzoli, especialista en temas vinculados a la defensa de los consumidores.
Todo muy '90
La desregulación de precios que anunció Milei sería el presagio de una reforma más profunda, vinculada también al esquema de las AFJP. “Las prepagas no son un sistema de salud, son un ente financiero. Son un seguro. No tienen nada que ver con la prestación de salud, contratan los mismos prestadores que el sistema público”, reflexionó el sanitarista Jorge Rachid.
Desde su óptica, el sistema sanitario debería estar integrado bajo gestión estatal. Algo similar había propuesto la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para aplicarse a nivel nacional, sin mucho éxito.
La desregulación de precios que anunció Milei sería solo el comienzo. “Pretenden llevar el sistema a una situación similar a lo buscado durante los ´90 a través del Banco Mundial, una fragmentación total del sistema. Los privados quieren quedarse con el universo de los trabajadores pasivos y activos con la idea de aplicar un seguro nacional de salud, manejado por el sistema financiero”, aseveró Rachid. De hecho, Belocopitt ya tiene implementado un esquema de seguro a través de la organización Blue Cross & Blue Shield Uruguay.
“Así como existen imposiciones del FMI desde lo económico, también hay imposiciones del Banco Mundial en programas de salud y educación que inciden en los gobiernos nacionales y provinciales”, concluyó Rachid.
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