El Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó con penas de entre cuatro y cinco años y medio de prisión a tres gendarmes y al propietario de una finca, por cohecho y contrabando de granos, al considerar que se organizaron para habilitar un corredor libre para el paso de camiones a cambio de coimas durante el cierre de fronteras dispuesto en la pandemia de Covid-19.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) Federal informaron hoy que la decisión del tribunal, integrado por Domingo Batule, Abel Fleming y Gabriela Catalano, se adoptó en línea con lo solicitado por el fiscal de la Unidad Fiscal Federal Salta, Eduardo Villalba.
El ex comandante principal y jefe del Escuadro 54 “Aguaray”, Marciano Alberto Páez, recibió la pena de cinco años y seis meses de prisión, como autor de cohecho pasivo y partícipe primario de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad.
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En tanto, el sargento Rodolfo Ayala y el alférez Diego Ernesto Radaelli, de Gendarmería Nacional, recibieron penas de cuatro años y dos meses y de cuatro años de prisión, respectivamente, por los mismos delitos.
Finalmente, Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en el kilómetro 79 de la ruta provincial 54, en la localidad de Campo Durán, cerca de la frontera de Salta con Bolivia, fue condenado a cinco años de prisión como autor de los delitos de cohecho activo y contrabando de exportación.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de $1.880.000 y U$S 10.750 -secuestrados en la finca de Crossa- y de los teléfonos celulares de los involucrados, y como medidas de coerción, prohibió que los condenados salgan del país, les exigió que fijen domicilio de residencia y, en el caso de los gendarmes, les prohibió que se acerquen al Escuadrón 54 y a la base de Gendarmería en Salta.
En tanto, tal como lo solicitó Villalba, el tribunal le impuso una sanción a uno de los defensores, por incurrir en violencia de género al referirse, de manera despectiva y sexista, a dos auxiliares de la fiscalía.
Aunque no se logró establecer los montos específicos del perjuicio económico, el tribunal concluyó que las pruebas ventiladas en el debate dieron cuenta de que el flujo de transporte pasó de veinte a trescientos camiones por mes.
En el juicio, que comenzó el 19 de mayo pasado, el fiscal ratificó la acusación penal y acreditó la responsabilidad de los acusados, en base a los abundantes testimonios y prueba documental recabada.
En sus alegatos, el fiscal señaló que Ayala, junto a otros dos prófugos y el finquero, iniciaron la maniobra en noviembre de 2020, y explicó que, junto a Páez y Radaelli, conformaron una empresa delictiva con el fin de obtener ganancias ilícitas.
Los acusados crearon un corredor libre destinado al transporte ilegal de granos, y otros derivados como aceite, desde Salta hacia Bolivia, dado el escenario atípico de fronteras cerradas por la pandemia.
En este sentido, Villalba resaltó el rol de Crossa, quien -según explicó- resultó funcional a las maniobras de contrabando, al poner su propiedad, que lindaba con el país limítrofe, a disposición del resto de los acusados.
El representante del MPF explicó que, una primera etapa, se pactaba con determinados transportistas el pago de una coima y se pasaba la chapa patente a Ayala, quien allanaba el camino para que esos camiones tuvieran el paso libre hasta la finca de Crossa, que funcionaba como la puerta hacia Bolivia.
El fiscal añadió que ese negociado fue advertido por Páez y Radaelli, quienes -lejos de ponerle fin- tomaron la posta y agrandaron el radio de ilegalidad, como también el flujo de ingresos por el sistema de “peaje” que habían impuesto, el cual incluía, por otra parte, la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales llegaban hasta 300 mil pesos por camión.
Villalba sostuvo que, de esta manera, los acusados llegaron a percibir sumas siderales por liberar la ruta, accionar que se facilitó debido a que otros organismos de contralor, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por ejemplo, retiraron el personal del puesto de control a raíz de las medidas sanitarias dispuestas a nivel nacional.
La maniobra, sin embargo, fue advertida por la AFIP, que se presentó ante la fiscalía para pedir que se investigue el caso.
La solicitud también fue impulsada por “las principales autoridades de Gendarmería Nacional, fuerza que se puso a disposición del fiscal, pues también habían percibido que algo raro sucedía en Aguaray”, explicó el representante del MPF.
El Tribunal Oral Federal 2 de Salta tuvo por acreditada la acusación fiscal y condenó a los cuatro hombres, al cabo de tres meses de juicio.
Con información de Télam
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