Suma fija en agenda: cuánto piden los sindicatos y qué se evalúa para reforzar ingresos

Hay coincidencia en la necesidad de medidas compensatorias tras el impacto devaluatorio. Mejora en asignaciones, paritarias, Salario Mínimo y refuerzos en comedores, también en agenda. Según anticipó el gobierno, habría anuncios en los próximos días.

22 de agosto, 2023 | 00.05

Los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvieron a poner en agenda el reclamo por una suma fija. Las centrales sindicales que se expresaron en estos días ponen el eje en la urgencia de recomponer ingresos: sumas de entre 70 y 100 mil pesos, convocatoria al Consejo del Salario Mínimo y actualización de programas sociales, adelantamiento de paritarias y refuerzos para comedores comunitarios, entre las demandas principales del movimiento de trabajadoras y trabajadores.

Además del resultado electoral, el contexto actual está marcado por la suba del dólar oficial en un 22% como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar con los desembolsos pautados, y que tuvo impacto en bienes esenciales, con remarcaciones de entre el 20% y 30%. Se agrega, a su vez, la continuidad del alza de precios (julio 6,3%) y el incremento de las Canastas Básicas (en torno al 7%), según los últimos datos difundidos por Indec.

Del lado del gobierno, el ministro de Economía y candidato presencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó a la prensa que en estos días habrá anuncios para recomponer ingresos, en tanto que ya se concretaron acuerdos de precios por los siguientes 90 días. "Estos primeros cuatro días lo hemos dedicado a lograr la estabilización de las variables macro, incluidos los dólares financieros, los próximos cuatro días tendrán como eje la estabilización de precios, y en los cuatro días siguientes tendremos decididas las compensaciones a los que vieron afectados sus ingresos por la devaluación, una vez hecho el cálculo de su incidencia", expresó Massa en declaraciones televisivas en la semana pos PASO.

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Tanto referentes sindicales como desde el oficialismo parecen coincidir en que el desafío inmediato es contener el impacto que tiene en la sociedad la suba de precios, que perjudica aún más la crisis de ingresos sostenida en el tiempo, así como ofrecer perspectivas de mejoras a futuro a la población. 

Qué dicen las centrales sindicales

Después de la elección que definió quienes competirán en las generales de octubre y con el impacto de la devaluación del lunes pasado en precios, las centrales de trabajadores analizaron el escenario actual y emitieron comunicados que hacen foco en la urgencia de implementar políticas para recuperar el poder adquisitivo de los ingresos, además de señalar “el estado de movilización” por “el avance de la derecha conservadora”. 

Por el lado de la CTA- Autónoma, destacaron la necesidad de un aumento de emergencia, la implementación de suma fija y la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo. “En la semana previa a las elecciones devaluaron un 11% y un día después de las elecciones otro 22%, esto impacta de manera directa en los ingresos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras”, expresaron en el comunicado "Donde hay una necesidad, hay un derecho" en el que se demandó “un inmediato aumento de emergencia para formales e informales, activos y jubilados, informales y de la economía popular, urgente implementación del salario universal para sacar de la indigencia a 4 millones y medio de argentinos, inmediata convocatoria al Consejo del Salario y adelantamiento de las revisiones salariales y medidas urgentes de congelamiento de precios y de castigo a los formadores de precios”. Sobre el posible monto de la suma fija, el secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, dijo en diálogo con El Destape radio que “debería ser alrededor de $100.000 para que repare parte de lo perdido”. 

Desde este espacio, consideran que “el proceso inflacionario se ha convertido en la principal transferencia de ingreso del bolsillo de los y las trabajadoras a los sectores más concentrados de la economía”. En ese sentido, en julio pasado, en la actualización del salario mínimo rechazaron el aumento pactado por considerar que “no contiene en absoluto nuestras propuestas” que hacían referencia a la necesidad de que “cualquier aumento que se establezca tiene que estar muy por encima del aumento de la canasta de alimentos”. Al respecto, en el último año canasta alimentaria tuvo un incremento del 125,7% (frente a una inflación de 113,4%) y un grupo familiar de cuatro integrantes necesitó $111.642 para no caer baja la línea de indigencia. 

Por otra parte, desde la CTA de las y los Trabajadores, analizaron que “hubo crecimiento de la economía y generación de empleo, pero no hubo distribución efectiva de la riqueza. No pudimos recuperar el brutal retraso salarial que dejaron los cuatro años del gobierno de ricos para ricos”, en alusión a la gestión de Mauricio Macri. En esa línea, en un documento titulado “Hay que reaccionar a tiempo” agregaron que “no hay tiempo que perder en la implementación de medidas que sirvan para recuperar el ingreso de los sectores populares particularmente afectado por los incrementos de precios que genera la devaluación y la conducta especulativa de los formadores de precios que amplían sus ganancias a costa del bolsillo de las familias argentinas”.

Puntualmente, desde la central que conduce Hugo Yasky demandan “un aumento uniforme mediante una suma fija que no puede ser inferior a $75.000 para todos los asalariados del país, sin excepciones” abracando “sector público a nivel nacional, provincial y municipal, como por el sector privado”. También reclaman “nuevo aumento en los ingresos de los jubilados y pensionados, adelantar las subas pautadas por el Consejo del Salario y discutir en forma inmediata los valores para el último trimestre del año”. En ese sentido, subrayaron que “los responsables de la fijación de precios han obtenido una rentabilidad que supera en más del 30% la tasa de inflación es hora de que el gobierno tome medidas para reducir el margen de abusos”. 

Del lado de la Confederación General del Trabajo (CGT) no hubo comunicados oficiales que anticipen en detalle la postura, sin embargo, en declaraciones a Radio 10, el secretario adjunto, Andrés Rodríguez, dijo el viernes que “cuando al inicio se habló de una suma fija, se hablaba de una generalidad de los casos, a eso la CGT se opuso, ahora con Sergio Massa venimos conversando, de mucho antes de las elecciones, con un criterio distinto, que es que en aquellas actividades con las categorizaciones más bajas que están sumergidas sí otorgar una suma fija, sin neutralizar la acción propia de las paritarias”, adelantando una postura favorable de la central.

En el caso de las y los trabajadores de la economía popular, Daniel Menéndez, secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, y coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, señaló en diálogo con este portal que “es clave el aumento de la Asignación Universal por Hijo, avanzar con la convocatoria al Consejo del Salario para pensar en un incremento acorde al impacto de la devaluación que permita mejorar los ingresos de los distintos programas sociales que están atados al Mínimo, y además hay que mejorar la llegada de los alimentos a los comedores comunitarios”. También consideró que “hay que reforzar el control de precios, sobre todo en acuerdo con las grandes cadenas y productores de alimentos”. 

Respecto de este sector del trabajo, poco antes de las PASO, Massa anunció que se pondrá en marcha, vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el monotributo productivo. Como adelantó El Destape, esta herramienta permitirá una mayor facturación en tanto que, a diferencia del monotributo social vigente para el sector, tendrá la opción de aceptar o no el componente de aportes de obra social y contará con beneficios en los aportes jubilatorios para hacer más accesible el pago mensual.

Paritarias en la mira

Otro punto sobre el que ronda la agenda del mundo del trabajo tiene que ver con los pedidos de reapertura de paritarias por parte de varios gremios.  Por un lado, desde ATE nacional solicitaron un adelantamiento de la revisión de la paritaria 2023 y lo mismo desde la CTERA, sindicato nacional docente, que pidió negociar una nueva suba de salarios. En esa sintonía, gremios de peso como Camioneros y Bancarios, así como el sector del Comercio y Servicios, reclamaron un adelantamiento de sus respectivas paritarias, ante el impacto del dólar en la suba de precios y sus consecuencias para el salario. 

Sobre ello, Luis Campos, coordinador el Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, con seguimiento permanente del tema, analizó que “en un escenario de mucha dispersión, defender el salario va a ser la prioridad de muchas organizaciones sindicales”. Sobre lo ocurrido en estos días detalló en sus redes que algunos sindicatos “tienen vencido el acuerdo del primer tramo del 2023 y están con conflictos abiertos (Químicos con conciliación obligatoria) o latentes (Alimentación). Bancarios acaba de abrir la tercera negociación del año, algo que ya estaba previsto en el último acuerdo”, mientras que por otro lado, “algunos sectores todavía no cerraron aumentos para este año, Neumáticos está con conciliación obligatoria y Camioneros busca adelantar la última cuota de la paritaria 2022 y arrancar antes de lo previsto la negociación de este año”. El adelanto de las cláusulas de revisión previstas para los próximos meses sería también de la partida.

Crisis de los ingresos

El último informe sobre evolución salarial del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), que fue difundido días antes de las PASO y del último dato de inflación de julio, analizó que “el salario bruto actual está $87.250 por debajo de su valor de 2015”, en tanto que “el bolsillo de cada trabajador acumula una pérdida de $4,7 millones desde 2016”. 

Así, en pesos constantes de junio 2023, incluyendo el medio aguinaldo de ese mes, se observó, “una disminución acumulada desde 2015 del costo salarial por trabajador de $7.144.000 (incluye pérdida por trabajador, del Estado, obra social y sindicatos). En cuanto al salario mínimo, este centro de estudios consideró que “el aumento a $118.000 para septiembre implica un aumento nominal del 130% para el último año, al estar por encima de la inflación, representa una mejora”, sin embargo, “para lograr que tenga el mismo poder de compra que en 2015, tendría que ubicarse en septiembre en torno a los $194.000”.

Por su parte, un documento de coyuntura económica publicado en mayo pasado por el centro CIFRA-CTA que conduce Eduardo Basualdo, había advertido sobre “la regresividad distributiva que se asocia a la pérdida relativa de los asalariados y el aumento de los márgenes de ganancia”. Cuantificaron por entonces que “en el período 2018-2022, cuando se desmorona la participación de los asalariados en el ingreso, la transferencia del trabajo al capital alcanzó aproximadamente a 87.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Medida en términos del tipo de cambio paralelo esa transferencia se reduce a 46.800 millones de dólares”. Y entre 2021-2022 “alcanzaron a 48.400 millones en tanto que medidas con el tipo paralelo fueron 25.800 millones”.

En cuanto al salario mínimo, vital y móvil, marcaron que “ha mostrado una tendencia negativa desde 2011, cuando llegó a representar el 70% de una Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes. Este deterioro resultó particularmente fuerte en los últimos dos años del gobierno de Macri, con una caída alrededor del 25% en términos reales, y en 2020, durante la pandemia, cuando perdió casi 10 puntos adicionales”. A partir del año 2021, se detuvo esa caída y “los aumentos nominales logran, en promedio, empatar la inflación, pero no superarla”. Sobre la última actualización (34% en tres etapas: julio, agosto y septiembre) entienden que “para que no esté por debajo del nivel en el que lo dejó Macri, la inflación del tercer trimestre del año tendría que promediar 5% mensual”. 

Preocupación por los alimentos 

La suba de precios en alimentos y bebidas entre las semanas previas a las PASO y el día posterior a la elección fue significativa. “La variación promedio en las semanas previas se encontraba en un ritmo del 1,2% y con cierta tendencia de desaceleración. En la segunda semana de agosto, tras tocar el 0,5%, la variación promedio vuelve a incrementarse y pos PASO alcanza el 2,1% en un solo día”, señaló un informe de la consultora PXQ que relevó 250. 000 productos de forma diaria para diferentes rubros y sectores de la actividad. 

En alimentos, “el impacto de la devaluación pos PASO se generó en las variaciones de mayor magnitud, pasando de un 21% de variación promedio semanal en las semanas previas a la elecciones a un 33% en el primer día posterior”. Los subrubros que más subieron fueron: frutos secos (13,1%), banana (12%), azúcar (9,1%), café (5,9%) y golosinas (4,6%). En cuanto al abastecimiento, “se incrementaron en un 57% las cantidades de productos ofrecidos con variaciones de precios “muy alta” mientras que en los casos de las subas “elevada” y “moderada” las cantidades publicadas caen a la mitad”. En el caso puntual de la carne, producto clave para la mesa familiar, “luego de las medidas anunciadas por el gobierno en julio, donde comenzó a regir el ‘dólar-maíz’, el precio mayorista de la carne se incrementó 25%. Tras el salto del 22% en la cotización del dólar oficial, en el Mercado Agroganadero nuevamente se observó un alza de los precios mayoristas de 21% promedio el primer día hábil post PASO”. 

En esta coyuntura, se anunció un acuerdo de precios por 90 días, con una pauta de aumento mensual del 5%. El ministro Massa junto a representantes de cámaras de supermercados y mayoristas señaló el viernes que “en el marco del programa con el FMI, Argentina se vio obligada a una devaluación para proceder con los desembolsos, lo que generó distorsiones y cambios en la ecuación de precios, y algún nivel de dificultad e incertidumbre para los ciudadanos, comerciantes y pymes, pero también para las grandes empresas de argentina”. En este sentido, confirmó un acuerdo con las mayores superficies comerciales, 31 cadenas de supermercados y mayoristas, con aumentos de 5% de agosto a octubre, que incluyen “beneficios impositivos y fiscales, y créditos a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de los supermercados, para garantizar ese sendero de precios”. Este martes se conocerá la lista empresas que integran el acuerdo de más de 52 mil productos.