Shock distributivo: alternativas para recomponer ingresos un 25% por debajo de 2015

Tras conocerse el nuevo dato de inflación de abril desde el ministerio de Economía apresuraron un conjunto de medidas para contener la brecha entre los dólares, incentivar el consumo y atender algunas demandas empresariales, no obstante sigue sin definición la posibilidad de implementar una suma fija como herramienta que mejores los ingresos de las y los trabajadores. Al marzo de este año los salarios del sector privado se ubican 3% por debajo de hace solo un año atrás y, medida en términos de precios de los alimentos, la capacidad de compra salarial es 23% inferior a la de diciembre de 2015. Para alcanzar el poder adquisitivo de entonces el refuerzo de ingresos debería rondar, al menos, los $40.000. 

Se agrega que la suba de precios de la canasta básica de alimentos no da tregua, en abril creció 7,3% y llegó a $94.148 el monto necesario para que una familia no caiga por debajo de la línea de indigencia en el país. En este marco organizaciones sindicales vienen reclamando, y esta semana se coló también en la agenda del acto del PJ provincial, la implementación de una suma fija que incremente el piso salarial y se incorpora directamente al sueldo de los trabajadores.

Entre las razones que se plantean sobresale la brecha cada vez más grande que existe entre el promedio de los salarios registrados y la mediana, que contabiliza los salarios de la mitad para abajo del total, y cuya evolución se ubica actualmente 10 puntos por debajo que de la canasta básica (CBT), así como el efecto favorable que una medida similar tuvo en diciembre de 2019 al permitir una recuperación del 9% en los ingresos al inicio del año siguiente. 

Qué implicaría esta medida

De acuerdo a datos del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) los acuerdos paritarios compensaron parte de la pérdida salarial del tercer trimestre de 2022, cuando se había disparado la inflación por la corrida cambiaria de mitad de año y de esa manera permitieron que “en el primer trimestre de 2023 los salarios registrados le ganen a la inflación”.  Sin embargo se advierte que “la leve mejoría trimestral no alcanzó a evitar que el salario de marzo sea 3% más bajo que el de un año atrás y 8% más bajo que el del último año de Macri”. 

Lo anterior forma parte de un proceso de reducción de la participación de los asalariados en el reparto del ingreso que comenzó en la gestión de Juntos por el Cambio, ya que “considerando el período 2018-2022, cuando se desmorona la participación de los asalariados en el ingreso, la transferencia del trabajo al capital alcanzó aproximadamente a 87.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial”, analizan desde CIFRA sobre el aumento de 6 puntos en la apropiación del excedente empresarial estos últimos años. En relación, un informe del CEPA para fines del 2022 advertía que para recuperar lo perdido desde 2015, una medida como la suma fija para las y los trabajadores registrados “debería rondar los $40.400” para lograr “el promedio salarial equivalente a ese año e implicaría recuperación de 20,3% respecto a diciembre de 2019 y de 18,5% respecto del promedio de 2019”. 

A su vez un documento de trabajo presentado esta semana por la facultad que dirige el economista Eduardo Basualdo, apunta que “el principal desequilibrio que exhibe la economía argentina es la regresiva distribución del ingreso”, por lo que “es prioritario llevar a cabo desde un principio un shock distributivo que contemple un conjunto de medidas de política económica”. En esa línea se propone, “un incremento de emergencia mediante una suma fija para el conjunto de los asalariados del sector privado, un incremento salarial para los trabajadores del sector público y de los haberes jubilatorios, financiado este último a partir de la recuperación de algunos puntos de los aportes patronales según el tamaño de la empresa, la modificación de las escalas del impuesto a las Ganancias con una mayor imposición sobre las grandes empresas y una línea nacional de crédito subsidiada y masiva en función del nivel de ingresos, otorgada por parte de los bancos estatales para la adquisición de viviendas con el propósito de garantizar la vivienda, impulsar la demanda agregada y disminuir el nivel de los alquileres”. A lo anterior entienden que debería agregarse además “un acuerdo de precios relativos que sostenga la recuperación salarial y, en forma posterior, de un riguroso congelamiento de precios por seis meses en el que se despliegue todo el poder de policía con el que cuenta el Estado (incluida la aplicación de la Ley de Abastecimiento) y que podría estar articulado, eventualmente, por una reforma monetaria que imponga, entre otras cosas, un cambio de la denominación monetaria”. 

Reclamos sindicales

Desde las organizaciones sindicales también se viene insistiendo en la necesidad de un refuerzo de ingresos. La propuesta de suma fija no encontró al momento eco mayoritario en la CGT aunque, a diferencia de meses atrás, algunos dirigentes manifestaron el visto bueno si apunta específicamente a los sectores con salarios más bajos. Por su lado, es planteada como alternativa en el contexto actual por ambos sectores de la CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la Corriente Federal de los Trabajadores. 

Puntualmente esta semana el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy reclamó que “siguen sin aparecer medidas que tengan que ver con compensar ni siquiera mínimamente la tremenda regresión de ingresos de los sectores populares, ni mucho menos abriendo canales de diálogo y de búsqueda de respuestas”. Y recordó que plantean “un aumento de emergencia para todos los trabajadores formales y de la economía popular y un salario universal para terminar con el hambre”.

Por su parte, desde la CTA de las y los Trabajadores que conduce Hugo Yasky reclamaron “aumento salarial de emergencia a través de suma fija y para jubilados y pensionados”, además de “reapertura de las paritarias para el sector público y privado y adelantar a mayo la liquidación de las dos cuotas restantes del SMVM y nueva recomposición”. También sumaron exigencias en materia de políticas de precios como “aplicar las leyes de Defensa de la Competencia, de Abastecimiento y de Defensa del Consumidor, congelar por seis meses el precio de los alimentos, ampliar la cobertura de las tarifas sociales para la energía, el gas y el agua, declarar la emergencia cambiaria y establecer prioridades en las importaciones”. 

Los más perjudicados

Un aspecto a considerar respecto de la herramienta se suma fija tiene que ver con que apunta a elevar el piso salarial de los sectores de la actividad registrada, aunque dejaría afuera a una amplia cantidad de trabajadores y trabajadoras del mundo no registrado, informal, popular. 

En ese sentido, desde Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, señalan que “la negociación colectiva está todavía vedada para una gran parte de quienes se desempeñan en los distintos niveles del Estado y de todos aquellos que no están registrados” y “mientras la actividad económica se encuentra en valores levemente superiores a los de octubre de 2015, el salario real es un 25% inferior”. Se configura así un panorama donde el 45% de quienes no tienen una relación laboral registrada se encuentran en situación de pobreza a pesar de contar con ingresos laborales.

“Los ingresos laborales reales de quienes trabajaban de manera informal representaban, hacia el segundo trimestre de 2022, un 52 por ciento de los ingresos de quienes tenían trabajos formales”, indica el documento Coyuntura laboral en la Argentina de CEPAL y agrega que “las personas con trabajos informales sufrieron las consecuencias de la pandemia en mayor cuantía, registrando una pérdida del 30 por ciento de su ingreso real para el segundo trimestre de 2020. A pesar del acelerado repunte, al segundo trimestre de 2022 el ingreso promedio era un 26 por ciento menor que en 2017”. 

En ese sentido, organizaciones sociales y gremiales que nuclean a trabajadores de este sector del trabajo se movilizaron el jueves y exigieron entre los principales puntos “aumento del Salario Social Complementario, aguinaldo en junio para quienes lo reciben, financiamiento para obras de integración urbana y emergencia alimentaria”.