El Consejo del Salario determinó una suba en tres tramos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMNV) que lo llevará 57.900 pesos en noviembre. El aumento implicará una mejora de unos 10 mil pesos respecto al monto vigente a agosto, pero marca un retroceso respecto al poder de compra que el SMNV tenía en 2015. A valores actuales, el monto debiera estar en 71.600 pesos.
En la discusión tripartita entre Estado, trabajadores y empresas todos saben que deben ceder, aunque todos también saben que hasta ahora son los trabajadores y trabajadoras los que obtuvieron los peores castigos de la taba. Las ganancias del sector empresario no sólo salieron inmunes de la pandemia y la guerra, sino que ganaron parte una mayor porción de la torta del crecimiento económico que ambas situaciones extraordinarias generaron, mientras que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se exacerbó. El diagnóstico es inequívoco: hay que subir los salarios.
Por un lado están los que orientan sus actividad al mercado interno y requieren de salarios estimulen la demanda doméstica y los que se ven beneficiados con salario bajo y exportaciones en alto. Esta semana se conocerá el ajuste del salario mínimo vital y móvil, que marca la pauta de la mejora que se requiere para todo el sector formal. En el medio, el Estado busca mediar en una discusión que, si fuese exitosa, la teoría indicaría que todas las partes saldrían insatisfechas (por todos deberían ceder algo).
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En el caso del Gobierno, saber que no está logrando domar la inflación y el aumento salarial sería una excusa más que utilizaría el sector empresario para otra ronda de aumentos, cuando todavía no termina de digerirse la que se inicio junio y llegó su máximo en décadas. La otra preocupación es cómo acompañará al sector informal, no convencionado, para compensar la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. Esto implicará mayor emisión en momentos que el Gobierno sigue aferrado a un cumplimiento a pie juntillas lo acordado por el ministro de Economía Martín Guzmán con el Fondo Monetario.
Que los trabajadores no pueden ser más la variable de ajuste está claro. Según el último informe de la CTA, una de las patas de la mesa negociadora de consejo del salario mínimo, revela que el poder de compra del salario mínimo, vital y móvil mantuvo una tendencia negativa entre 2011 y 2020. Las caídas fueron especialmente fuertes en los dos últimos años del gobierno de Macri así como en 2020, en todos los casos superiores al 10 por ciento en cada año", señala el informe de Cifra, de CTA.
Pese a lo que asegura el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante 2021 el salario no logró recomponer su poder adquisitivo aunque se evitó una nueva caída, más allá de algunos gremios puntuales, con aumento real de apenas el 1,2 por ciento en el promedio del año. "A su vez, en los primeros siete meses del año en curso el salario mínimo tuvo una disminución de 1,6 por ciento en términos reales" detalla el informe.
A esta altura, la discusión no pasa ya en si si se requiere o no una mejora de salarios, sino cuál será el mecanismo. La posibilidad de la suma fija quee no sea a cuenta de futuros aumentos que dejaron trascender algunos representantes gremiales podría salvar la situación paradojal en que la CGT rechaza un incremento por decreto de los ingresos de los trabajadores.
Seria un intento de poner dinero de forma inmediata en los bolsillos y no interferir con el ámbito paritario, algo que desde Azopardo defienden a capa y espada. Una suma fija a cuenta de futuros aumentos se robustece como la opción más clara y menos conflictiva con la primera plana cegetista, para que el Gobierno aplique la demorada medicina antiinflacionaria en los salarios registrados para la franja de ingresos de entre 50.000 y 150.000 pesos. Con esta discusión de fondo, se reunió este lunes el consejo del salario para actualizar el mínimo que fue pactado hace tan solo cinco meses, cuando lo cerró en 47.850 pesos, por debajo de la cifra que necesita una familiar para no caer en la indigencia (49.465 pesos, según el INDEC).
En marzo de 2022 se acordó en el Consejo del Salario una serie de incrementos para el corriente año, pero ante la aceleración de la inflación en el mes de mayo se resolvió adelantar los aumentos previstos. "Así, se llegó a agosto a 7850 pesos de salario mínimo, lo que implica un aumento nominal de 49,5 por ciento respecto del nivel que tenía en diciembre de 2021, a todas luces insuficiente cuando la inflación acumulada en el mismo período rondaría el 55 por ciento", señala el último informe de CTA.
Por ello, en agosto tendrá lugar una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En ese mismo mes, anticipando un piso de inflación de 6 por ciento, el salario mínimo real se ubicaría más de 36 por ciento por debajo del nivel que tuvo en 2015. Serían necesarios 71.600 en agosto para alcanzar el mismo poder de compra que el salario mínimo tenía en 2015, y casi 119.000 serían equivalentes a la línea de pobreza para una "familia tipo".
De hecho, la canasta básica total superó en julio para un hogar de cuatro miembros, dos personas mayores y dos menores, los 111.000 pesos. Sobre este número, las posiciones más claras hasta el monto son de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que conducen el bancario Sergio Palazzo y el gráfico bonaerense Héctor Amichetti, quienes sostienen que "ningún trabajador debe percibir un ingreso inferior" a la esa canasta. "El primer objetivo es lograr un esquema de aumentos en el salario mínimo que supere efectivamente a los aumentos de precios, para comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido y la relevancia de esta política de piso salarial", asegura el documento de CTA.
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