Una de las propuestas que más debate interno genera en el Frente de Todos es el proyecto del salario básico universal. El objetivo es ampliar el sistema de seguridad social para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos.
"Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, afirmó la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fin de semana, con lo cual le otorgó más fuerza a la propuesta. La idea se originó en Patria Grande, una de las ramas que componen la coalición oficialista y que lidera el dirigente social cercano al Papa Francisco. En el Congreso, la iniciativa fue impulsada por Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli.
Que es el salario básico universal
El SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria para un adulto, que en mayo fue de $ 14.400. De esta manera, se piensa en un refuerzo para aquellas personas que ya poseen un trabajo, pero que ven retraídos sus ingresos ante el avance inflacionario.
El público objetivo será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres, es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A. En caso de aprobarse, uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.
Según estimaciones desde Patria Grande, la población alcanzada sería de 7,5 millones de personas, una cifra similar a la cantidad de beneficiarios de refuerzo de ingresos anunciado en abril. "El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada", apuntó un informe de Ocepp, el observatorio económico del que participa Hagman.
A su vez, el costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría trepar al 1,8% del PIB. Sin embargo, si se resta el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se provocaría por el consumo -con carga impositiva- que generaría el uso del ingreso, el costo se reduciría más de la mitad, a 0,7% del PIB, o 304.877 millones de pesos.
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