La aceleración inflacionaria y una política de ingresos y precios que no logra su objetivo profundiza un fenómeno económico-social: Ocho de cada diez personas ocupadas en trabajos formales cobra por debajo de la línea de pobreza. La brecha incluso se amplió en los últimos meses, en medio de una fuerte especulación del sector empresario, que presiona los salarios a la baja y empuja los precios al alza. En el medio, el gobierno pivotea entre una política que busca que los salarios le ganen a la inflación y el estrecho margen de maniobra al que se comprometió con el Fondo Monetario y los sindicatos parecen desentenderse de su rol en esta situación.
La situación ya era preocupante en la última parte del año, pero en los meses recientes, producto de la especulación de un sector empresario y la suba de precios internacionales en los alimentos, empeoró la realidad de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Cuando se espera por los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cierre de 2021 (se conocerá el mes próximo), las cifras al tercer trimestre evidenciaba (a los precios de ese momento) que ocho de cada diez personas ocupadas percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza para un hogar tipo de cuatro personas, mientras que a cuatro de cada diez no le alcanzaba para cubrir la canasta alimentaria (línea de indigencia).
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Según las últimas cifras del INDEC, el 80 por ciento de la población ocupada al tercer trimestre del año pasado contaba con ingresos inferiores a los 70.000 pesos, frente a una canasta básica en ese momento de 68.359 pesos y una cesta alimentaria de 29.213 pesos. El 40 por ciento de la población no alcanzaba a cubrir la ingesta mínima de alimentos porque percibía ingresos inferiores a 30.000 pesos. Esa relación empeoró en los últimos meses, pese a la reapertura de algunas paritarias y el poder adquisitivo de los salarios no recupera terreno. En diciembre se había llegado a mejorar 4 puntos, dado que los salarios del sector registrado habían avanzado 55,3 por ciento en 2021 y los precios minoristas, un 50,9 por ciento, aunque con una alta incidencia de inflación en alimentos. El dato se conocerá en abril.
En términos individuales (ingresos y canasta por persona), el 25 por ciento de los trabajadores son pobres en la Argentina. La canasta básica por persona se ubicaba en el tercer trimestre en 22.122 pesos promedio, sin contar obviamente el precio de un alquiler. "Si bien los datos corresponden al tercer trimestre de 2021, la situación de estos ocupados en ese sentido no cambia demasiado de un año a otro porque se debe principalmente a un fenómeno estructural del mercado de trabajo: la informalidad", señaló Jorge Paz, investigador principal del Conicet y director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico.
El investigador, en diálogo con El Destape, asoció esta situación a "la falta de crecimiento económico es uno de los más relevantes a nivel macroeconómico". "El estancamiento crónico de la economía argentina es un tema central que explica la falta de creación de empleo de calidad. La inestabilidad institucional y económica (reflejada en parte en la inflación) y la falta de inversión, son elementos clave de ese fenómeno"; detalló Paz.
El derrotero de los salarios
En la primera parte del año la inflación volvió a acelerarse, incluso antes de que se desatara la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó los precios de los alimentos y la energía. En enero de este año, la canasta básica alimentaria (que indica el límite de la pobreza por ingresos) subió 4,2 por ciento mensual, mientras que la alimentaria (línea de indigencia) lo hizo 3,3 por ciento. Al mes siguiente la canasta total se disparó 9 por ciento y la alimentaria escaló 6,6 por ciento. En febrero la canasta básica para una familia tipo de cuatro integrantes, dos menores y dos mayores, se ubicó en 83.807 pesos, con un alza solo en el primer bimestre del año de 13,6 por ciento respecto de diciembre último. Ese mismo hogar necesitó 37.413 pesos para poder alimentarse en febrero.
¿Y los salarios? La suba de los salarios formales medida por el INDEC arroja un alza entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado de 16 por ciento, mientras que en ese lapso la canasta básica avanzó 11,4 por ciento promedio, pero en los primeros meses de este año la tendencia se revirtió. Si bien restan los datos de febrero, el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) para enero anticipó un alza de 4,6 por ciento, similar al alza de la canasta. Sin embargo, para el mes siguiente la suba salarial que anticipa el mercado estaría en niveles similares a los de enero, mientras que la canasta básica total avanzó un 9 por ciento. A esto se sumará la inflación de marzo, que se anticipa récord, producto del impacto de la guerra y a maniobras especulativas de empresas alimenticias en el marco de una escalada global de precios en el mundo.
El ingreso promedio per cápita del total de la población hasta el tercer trimestre del año, que corresponde a 28.939.492 personas, alcanzó a 31.035 pesos, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 22.333 pesos. Si se aplica a este monto promedio (a modo de ejercicio) la suba informada por el INDEC y el Ministerio de Trabajo del 21 por ciento entre el tercer trimestre del año pasado y enero de este año, el ingreso per cápita alcanzaría a 37.552 pesos, menos de la mitad de la canasta básica. Es decir, dos personas adultas con ingresos promedio no llegan a cubrir el gasto del hogar.
"Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de 48.597 pesos y un ingreso mediano de 40.000 pesos, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5 (bajo el cual se sitúan el 50 por ciento de las personas ocupadas). El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población (40 por ciento), ordenado según ingreso de la ocupación principal, fue de 17.750. El ingreso promedio del estrato medio fue de 48.196 pesos, mientras que el ingreso de los dos deciles más altos equivalió a 111.385 pesos", señala la EPH al tercer trimestre del 2021.
La informalidad profundiza este problema y también se registran importantes diferencias entre salarios de trabajadores en relación de dependencia y cuentapropistas, un proceso que se inició con la proliferación de empleos monotributistas durante el macrismo. Mientras que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de 62.038 pesos, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio sumó 27.301 pesos. En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,5 por ciento de las entradas totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,5 por ciento restante. La cantidad de personas no ocupadas era de 132 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 67 por cada 100 perceptoras.
Estos sacudones a los bolsillos de los hogares requiere de medidas inmediatas y urgentes para morigerar el impacto inflacionario. En ese sentido, la decisión del Gobierno de descartar un bono o ajuste extraordinario de los salarios no parece ser la más apropiada para este momento. La apuesta a un acuerdo entre gremios y patronal parece casi una utopía en este contexto de fuerte especulación empresaria, donde los principales oligopolios que manejan los alimentos y la provisión de insumos esenciales acopian para abultar sus ya extraordinarias ganancias. Como preámbulo, el salario mínimo pactado entre patronal, gremios y gobierno prevé de 28 por ciento de abril a junio y de 17 por ciento entre agosto y diciembre, mientras se espera una inflación para este año entre 50 y 60 por ciento. Sólo los trabajadores convencionados de los gremios más fuertes están cerrando paritarias cercanas a esa inflación esperada.
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