Finalmente, fueron solo dos los anuncios económicos pos electorales, uno de los cuales tendrá impacto directo sobre el segmento más vulnerable de la población. Se trata de la suba, escalonada, del salario mínimo, que pasó del original 35 por ciento al 52,7 por ciento para febrero próximo. De acuerdo al Centro CIFRA de la CTA, de mantenerse la inflación en el nivel actual, “se lograría que en el año se produzca una recuperación de 1,9% en términos de poder adquisitivo”, aún cuando este Centro también señala que para diciembre de este año, los 32.000 pesos que se cobrarían deberían ser 44.700 para igualar al salario mínimo de diciembre de 2015.
Si bien sólo el 1 por ciento de los trabajadores cobra el salario mínimo, el hecho de que el incremento del mismo se asocie automáticamente y por ley al del millón de beneficiarios de planes Potenciar Trabajo y de Progresar, así como a quienes reciben seguros de desempleo y a un segmento de jubilados de la mínima, permite observar que la medida está dirigida sobre todo a estos segmentos, e incluye por lo tanto el primer anuncio de gasto fiscal expansivo tras las elecciones.
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Entre la expansión y el ajuste
Luego de que CFK publicase su carta, se originó un amplio debate dentro del oficialismo sobre si el gobierno llevó adelante o no un ajuste, en la que las versiones abundaron según se tuviera en cuenta, o no, elementos tan variados como la recaudación fiscal, los resultados primarios y financieros, el ahorro por lareestructuración de la deuda de 2020, los resultados cuasificalses, o los índices inflacionarios, por solo nombrar algunas variables. Sin embargo, resulta evidente la existencia de una merma en las transferencias reales a los segmentos más vulnerables de la sociedad, donde el retiro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es solo la cara más visible. Por caso, de acuerdo con la Oficina Presupuesto del Congreso (OPS) durante agosto “los gastos primarios volvieron a crecer por encima de la inflación por segunda vez en el año, quebrando la tendencia contraria que manifestaron en los cinco últimos meses”.
Esta sentencia, da cuenta de un dato incontrastable, como lo es el hecho de que solo en dos de los primeros ocho meses el Estado erogó partidas que sostengan o superen el valor corriente de sus prestaciones. Aún más, la propia OPC señala que esta situación puntual se debió al “incremento en gastos de capital y subsidios energéticos”, un elemento que el propio Centro CIFRA había señalado como constante durante la primer mitad al año, cuando señaló que los subsidios a las tarifas habían sido “el único componente del gasto indiscutiblemente expansivo” pues “el gasto primario en el primer semestre de 2021 fue prácticamente igual al del mismo período de 2019, es decir, en una situación que expresó el resultado del megaajuste que implementó el gobierno de Cambiemos en el marco del acuerdo con el FMI”.
Así las cosas, es posible concluir que el anuncio sobre el Salario Mínimo representa un quiebre en la tendencia de contener el gasto en las partidas sociales, algo que también se puede inferir en base al último informe de la Universidad de Moreno, donde se concluyó que se privilegió la inversión pública como instrumento de política fiscal, “en detrimento de los salarios públicos, las jubilaciones, los subsidios y los programas sociales”.
Es altamente probable que los resultados de la elección expresen la disconformidad con este diseño económico, no solo de sectores vulnerables que vieron reducir sus ingresos reales, sino también de sectores medios cuyos ingresos están vinculado al consumo interno, lo que explica el reciente dato de CAME, respecto a que durante los primeros ocho meses del año las ventas minoristas pymes cayeron 12,3 por ciento en relación al mismo período de 2019, último año del gobierno de la alianza Cambiemos y el FMI.
Con todo, el gobierno anunció también la suba del mínimo no imponible de Ganancias Cuarta Categoría, que con un costo fiscal de 8.000 millones de pesos beneficiaría parte del 8 por ciento de los trabajadores registrados mejores pagos, y abonó también otra cuota del préstamo otorgado por el FMI a la alianza Cambiemos, por 1.885 millones de dólares. Una demostración de que la expansión del gasto social, no será a costa de la prudencia que demostró durante el actual año ante los sectores más favorecidos.
Si sostendrá este esquema de aumentar las transferencias a los sectores más desprotegidos sin afectar a los sectores privilegiados, -como lo fueron en 2020 la reestructuración de la deuda y el impuesto a las grandes fortunas-, y como lo hará en un contexto de restricción externa, mercados internacionales de créditos cerrados por el sobre endeudamiento macrista, y alta inflación, es el interrogante para los próximos tiempos.
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