El Gobierno avanzará, en los próximos días, en la reglamentación de uno de los capítulos fundamentales de la Ley Bases: el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), con definiciones sobre la suscripción de las provincias y el marco en el que las empresas adherentes pueden demandar al Estado.
Javier Milei ya avanzó en la reglamentación de una primera parte de la Ley Bases el último lunes, al definir la letra chica de los capítulos referidos a las privatizaciones y a la reforma del empleo público, con la que flexibilizó el despido de los trabajadores en planta permanente.
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Ahora le toca el turno al que es, quizás, el elemento central de la ley sancionada a fines de junio pasado. Con el RIGI, el Gobierno apuesta a generar el marco jurídico que asegure la llegada de inversiones que impulsen la economía en el contexto de la actual crisis.
Finalmente, el RIGI aprobado por el Congreso involucra a inversiones mayores a los 200 millones de dólares para únicamente nueve sectores (industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica), por lo que beneficiará mayoritariamente a empresas extranjeras.
Además, limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos, aunque en un incremento con el correr de los años. También establece que por lo menos un 20% de los proveedores de los proyectos adheridos al RIGI deben ser pymes nacionales.
Aunque la autoridad de aplicación del RIGI será el Ministerio de Economía, la reglamentación de la ley está siendo elaborada directamente por Presidencia de la Nación, específicamente por la Secretaría de Legal y Técnica. Tampoco interviene el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger.
Se espera que la reglamentación sea oficializada a fines de esta semana entrante, según informó la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, y confirmaron fuentes oficiales a este portal.
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La demanda de las empresas al Estado
Precisamente, uno de los puntos clave de la reglamentación del Régimen de Incentivo para las Grandes inversiones será afianzar la seguridad jurídica de las empresas que adhieran. El objetivo es evitar que los posibles vaivenes políticos futuros desalienten a las empresas a adherir al régimen en primer lugar.
Para bloquear esta posibilidad, la letra chica del régimen permitirá que las empresas demanden al Estado en caso de un "cambio en las reglas del juego", según pudo saber El Destape de fuentes oficiales. Es decir, si este u otro Gobierno resuelve a futuro aumentar o crear, por ejemplo, un impuesto vinculado a la explotación minera, de forma tal que perjudique a las grandes inversiones hechas en el rubro, y este perjuicio pueda ser cuantificado, esas empresas quedarán automáticamente habilitadas a iniciar un juicio contra el Estado nacional (o provincial, si fuera el caso).
Del mismo modo, las fuentes también confirmaron a este portal que la reglamentación habilitará a que estas demandas se realicen en más de un tribunal a la vez (por ejemplo, el CIADI), lo que aumenta las chances de fallo favorable. Hasta ahora, se contemplaba la posibilidad de iniciar la causa en solo un tribunal a la vez.
La adhesión voluntaria de las provincias
El otro punto fundamental de la reglamentación del RIGI, agregaron las fuentes, es que permitirá que la adhesión de las provincias sea voluntaria y no obligatoria.
Se trata, en verdad, de un condicionamiento del Gobierno hacia los gobernadores. En vez de forzarlos a aceptar un régimen polémico y criticado por extranjerizar los recursos naturales, serán los mandatarios provinciales los que deberán pagar parte del costo político tanto en caso de haberse suscrito, si el régimen sale mal, como de no haberse sucrito pese a las chances de creación local de empleo que otorga.
El caso testigo es el de Río Negro y Buenos Aires. La provincia patagónica gobernada por Alberto Weretilneck fue la primera en adherir al RIGI, con el objetivo de garantizarse la inversión de la planta de GNL que permita exportar el gas de Vaca Muerta. En cambio, Axel Kicillof resolvió no suscribirse al régimen, ya sea justificadamente o no, y crear en paralelo una suerte de RIGI propio.
Esto, argumentó el Gobierno, justifica la decisión de YPF y Petronas, ya sea técnica o política, de aprobar que la planta de GNL se construya en la pequeña localidad rionegrina de Punta Colorada y no en el puerto de Bahía Blanca, como se preveía.
Por ahora, las provincias que adhirieron o anticiparon que adherirán al RIGI son báiscamente de Juntos por el Cambio (Jujuy, Mendoza, San Juan, Chubut, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y San Luis) o dialoguistas, ya sea del peronismo (Catamarca, Salta, Córdoba) o de partidos locales (Misiones, Neuquén).
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