La Corporación Vitivinícola Argentina se reunió este jueves con legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas para dialogar, en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 y del tratamiento de la ley ómnibus, sobre los alcances y el impacto negativo de la propuesta de aplicación de derechos de exportación al complejo vitivinícola. En medio del tratamiento en Diputados del llamado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, miembros del Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se reunieron esta mañana en Buenos Aires con legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas, para dialogar y manifestar su preocupación frente a la posible aplicación de derechos de exportación al sector y su impacto negativo para toda la cadena vitivinícola argentina.
Se trata del artículo 205, mediante el cual se propone fijar en un 8 por ciento la alícuota de derecho de exportación “para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón”. La vitivinicultura es una actividad de alto valor agregado, que es marca país para la Argentina, generadora de divisas, empleo y arraigo en 18 provincias.
En tal sentido, el objetivo de la reunión realizada en el hotel Savoy desde las 10:30 del miércoles fue informar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas sobre el impacto negativo que estos derechos de exportación tendrían sobre toda la oferta exportable de Argentina, y solicitarles que no acompañen este artículo y mantengan como hasta ahora a la vitivinicultura sin tener que pagar derechos de exportación.
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Del encuentro, participaron, por parte de COVIAR, su presidente Mario González; el vicepresidente José Alberto Zuccardi; José Molina, presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan y miembro del Directorio y el gerente general Carlos Fiochetta. Por parte de los legisladores, asistieron representantes de las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja Neuquén, Córdoba, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego. Entre ellos: Juan Carlos Pagotto (LLA La Rioja); Fernando Rejal (UP La Rioja); Luis Picat (UCR Córdoba); Anabel Fernández Sagasti (UP Mendoza); Adolfo Bermejo (UP Mendoza); Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR Mendoza); Mariana Juri (Cambia Mendoza); Pablo Cervi (UCR Neuquén); Oscar Parrilli (FdT Neuquén); Celeste Giménez Navarro (FdT San Juan); Jorge Chica (UxP San Juan); Walberto Allende (PJ San Juan); Daniel Bensusán (PJ La Pampa); Cristina López (PJ Tierra del Fuego); Guillermo Andrada (UxP Catamarca); José Mayans (FdT Formosa). Además estuvieron presentes los senadores y los ex gobernadores Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca); y Sergio Uñac (San Juan).
"La aplicación de derechos de exportación al sector afectaría directamente a toda la cadena vitivinícola, principalmente al sector primario atentando contra la generación de empleos, la competitividad externa y la atracción de inversiones de una industria presente hoy en 18 provincias”, sostuvo Mario González, presidente de COVIAR. “Somos la industria que mayor valor agregado genera por hectárea en producción y la que mayor mano de obra genuina genera por hectárea para todo el país, entre otros fundamentos que nos llevan a estar convencidos de que la vitivinicultura debe tener un 0% de derechos de exportación Tenemos todo para crecer, todas las cualidades para producir y poder exportar al mundo”, agregó el directivo.
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030 (PEVI), asumiendo el desafío de transformar el sector vitivinícola y potenciar su desarrollo. La integran 13 cámaras empresarias y productivas de todo el país, el INTA e INV en representación del Gobierno Nacional y los gobiernos de las provincias vitivinícolas.
Juan Carlos Pagotto, senador por La Rioja de LLA, sostuvo que existen desfasajes del mercado de los cuales no es ajeno el Estado: “La presión tributaria que tiene este país es terrible y es uno de los problemas que debemos atacar por encima de todo. Argentina, que tiene una industria vitivinícola fuerte y que podría haber sido mucho mejor, no ha tenido las ventajas comparativas necesarias y cuando hubo fondos para crearlas no se crearon. Aspiro a que todos los argentinos podamos trabajar, crear y salir adelante, por lo que cuenten con mi compromiso para trabajar este tema”.
Por su parte, el diputado por Córdoba de la UCR, Luis Picat, señaló: “Estamos en contra de cualquier impuesto distorsivo y aumento de nuevos impuestos a los productos incluidos en el artículo presentado por el Ejecutivo, que nos saca del mercado. Creemos que no se han visto los daños colaterales y que la intención de colocar impuestos va en contra de lo que pareciera que buscan, que es abrir mercados, exportar más y traer más dólares a la Argentina”.
Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza de UP, reafirmó por su parte el compromiso de trabajar intensamente y generar los consensos para que se modifique este artículo y agregó: “El sentido común nos dice que las economías regionales no tienen que estar grabadas. Quienes somos de provincias vitivinícolas sabemos lo que esto significa, ya que para nosotros es defender, básicamente, nuestra cultura”.
Por último, senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó: “Es muy importante que nosotros escuchemos al sector y nos ilustremos sobre la realidad actual. Por ello si bien se ha hecho mucho hincapié en los derechos de exportación, que nosotros queremos defender, creemos que también debemos trabajar sobre los derechos de importación. Nos llevamos el compromiso de generar el justo equilibrio para proteger al productor y al industrial en todo sentido”.
El impacto de la suba de retenciones
Si se toman los valores a diciembre del 2023, el precio promedio del litro de vino embotellado exportador es de 4,20 dólares FOB; el cambio al que accede el exportador es aproximadamente de $836 pesos por dólar (correspondiéndose con un 80 por ciento del de MULC y 20% del dólar MEP). Así, el precio del vino en pesos para el exportador es de 3510 pesos.
Ahora bien, el vino, como insumo, representa un 11 por ciento del valor final de una botella exportada en promedio; y lo restante se compone de mano de obra, excedente de explotación, impuestos, cápsula, tapón, etiqueta, botella, caja, entre otros insumos, por lo que el derecho de exportación sobre el vino del 8 por ciento propuesto (que actualmente es de 0%) pasaría a representar el 71,3 por ciento de lo que se cobra específicamente por litro de vino exportado, según datos relevados por el Observatorio Vitivinícola Argentino.
Pagar derechos de exportación del 8 por ciento para la vitivinicultura implica una pérdida de competitividad y de mercados, caída en las ventas al exterior, especialmente pymes que dejarán de exportar y mayores excedentes de producción que se orientarán al mercado interno frente a la imposibilidad de poder venderlos en los mercados externos, generando una mayor oferta que presionará a la baja sobre los precios, afectando a los productores de uva y a las pymes.
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