Tras el acuerdo con la Mesa de Enlace, el Gobierno que destrabó la venta de unas 22 mil toneladas de vaca conserva a China y flexibilizó las condiciones crediticias a 32.000 establecimientos ganadero que quienes mantiene acopio sin liquidar. Luego lanzar un plan de beneficios impositivos para toda la cadena agroindustrial. Previamente, había lanzado distintas líneas de préstamos del Banco Nación para la actividad. La próxima parada serán las retenciones. Lo anunciado hasta el momento es casi un calco del punteo que presentó al año pasado el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) al Gobierno, de cuyas medidas, las únicas que todavía faltan y son parte de aquel "programa integral" del sector privado es rediscutir los derechos de exportación.
Según pudo confirmar El Destape, los próximos pasos que espera el sector agroexportador sentarse a definir son la eliminación total de las retenciones a todos las economías regionales para luego encarar una reducción gradual, que podría ser de hasta diez años, para los principales cultivos que venden en el exterior; en particular la soja, que actualmente tiene una alícuota de 33 por ciento.
Con las reservas nuevamente tensionadas frente un período electoral que no coincide, por cuestiones estacionales, con el ingreso grueso de divisas que proviene principalmente de la exportación de granos, la discusión de los derechos de exportación no será tarea sencilla. Los cambios de gabinete posteriores al sacudón interno que generaron las PASO mostró en los últimos días algunas carteras que buscaron reflejar un mayor dinamismo y un objetivo claro: ir cerrando todos los frentes abiertos.
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El conflicto que se mantiene con el sector agroexportador es un tema de modelos y miradas de lo que se espera de un país no solamente un frente de tormenta pasajero. Sin embargo, el Gobierno mostró en las últimas horas una mayor predisposición (incluso mediáticamente) a "escuchar". Una forma también de mostrar que el problema no son escuchados los empresarios del sector, sino que el reclamo de "libertad absoluta de actuar" es impracticable.
Medidas a la carta
En esta "nueva forma" de mostrar apertura, el Gobierno otorgó en menos de una semana al sector agropecuario más concentrado de la economía lo que había costado meses de negociaciones, paros, tractorazos, idas y venidas. Creer que se pudo desarrollar en el poco tiempo que trascurrió desde que asumió Julián Domínguez un programa integral como el presentado esta semana es un poco ingenuo, aunque, como insiste en recalcar el flamante funcionario, los equipos técnicos "no se tocaron". Lo cierto es que si uno hace un recorrido por lo anunciado hasta el momento, las medidas fueron las propuestas casi en su totalidad por el grupo de lobby que creó la cadena agroindustrial para pararse frente al Ejecutivo en carácter más dialoguista.
Desde el complejo agroexportador, aseguraron que el próximo paso serán eliminar las retenciones a las economías regionales y luego a todos los cultivos, con una disminución escalonada a diez años. Se trata de parte del listado de propuestas que se venía trabajando y que había arribado a las manos de la presidenta Cristina Fernández, a quien, salvo por puntuales objeciones, le pareció razonable. De hecho, el proyecto fue presentado por el presidente Alberto Fernández y Cristina -luego de la carta que la vice le dedico al primer mandatario- en señal de apoyo a la medida y teniendo en cuenta que los próximos pasos requieran un acompañamiento político similar.
Al consultar por el tema de retenciones al equipo de Agricultura, la respuesta a este medio fue: "Es el próximo paso. Un tema a la vez", en referencia al conflicto de la carne que se desató por las restricciones a las exportaciones de cortes populares.
El globo de ensayo
En la previa a la reunión comenzó a circular un supuesto avance en la discusión sobre el tema que planteaba aumentos en las retenciones para maíz y trigo y una rebaja para la soja. El supuesto paper de trabajo que hicieron circular desde una de las entidades que integra la Mesa de Enlace habla de que las alícuotas podrían ser modificadas de la siguiente forma: "soja (poroto) de 33 a 28 por ciento, mientras que el maíz amentaba de 12 a 15 por ciento , al igual que el trigo, de 12 a 15 por ciento".
"Teniendo en cuenta valores de cierre del viernes, no registraría impactos de gran magnitud en trigo y maíz, por el momento. En soja si mejorarían un tanto los valores. Los cálculos están realizados para soja poroto (retenciones de harina y aceite actualmente en 31 por ciento)", aseguraba el supuesto informe interno. Consultados por esta versión, desde el equipo económico no negaron el contenido, pero rechazaron de plano que haya un trabajo formal sobre el tema. "El ministro (Domínguez) acaba de asumir", se escudaron ante este medio.
La propuesta del CAA apuntaría a desacoplar los precios internos de las cotizaciones internacionales en granos con impacto en los hogares argentinos; ya sea el trigo para el pan como el maíz, de forma directa; para la elaboración harina, como indirecta, para el engorde de animales. En el caso de la soja, cuya producción mayormente se exporta, el impacto interno sería menor, aunque sí deterioraría las arcas públicas, ya sea en concepto de retenciones como de ingreso genuino de divisas.
Pese a que en esta campaña la producción de maíz le ganará a la de soja, el volumen exportado es mayor en el último caso y, por lo tanto, no habría compensación con la suba en las retenciones de los otros cultivos.
Más allá de los porcentajes que se evalúan por estas horas para el corto plazo, con el antecedente del año pasado cuando en el último trimestre se autorizó una rebaja en la alícuota de retenciones temporal de hasta tres puntos para la soja, la discusión será ahora de más largo aliento. En el proyecto original que presentó en su momento el CAA al Gobierno se promete 100.000 dólares de exportaciones y 700.000 empleos. Se trata de los mismos guarismos que anunció esta semana Agricultura con menos puntos tenidos en cuenta dentro del plan y sin contemplar todavía una reducción y eliminación de los derechos de exportación.
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El sueño húmedo del campo
El programa presentado el año pasado establecía a) fijar criterios de reintegros a las exportaciones de acuerdo a niveles de procesamiento y relación al valor agregado/valor bruto de producción); b) eliminación de derechos para todas las economías regionales; c) reducción gradual de impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales y de grandes cultivos con miras a su eliminación (10 años); y d) programa complementario de no aplicación de derechos para exportaciones incrementales periodo base 2017/2019". El resto de los puntos, incluso el proyecto de ley, ya fueron anunciados durante la última semana y medida.
Este programa arribó después de un fuerte lobby del complejo agroexportador por distintos actores públicos y privados. Finalmente, de la mano del entonces canciller Felipe Sola, se presentó al equipo económico en una reunión coordinada por la entonces vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Los principales referentes del concentrado mercado agroexportador que asistieron al convite detallaron su propuesta para rediscutir los convenios laborales, demandar grandes obras de infraestructura, inversión y financiamiento para el sector por parte del Estado y aplicar una "reducción gradual de impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales y de grandes cultivos con miras a su eliminación. Este último punto deberá ser presentado con un proyecto de Ley en el Congreso.
El programa se establece una serie de inversiones en infraestructura y en apoyo a la inversión que parecen contradecirse con una quita de impuestos que desfinancie aún más las cuentas fiscales, principalmente en un contexto de crisis económica. La reducción de derechos a la exportación debería concluir, según el proyecto, en su total eliminación en diez años, siendo el período en que habrá que reconfigurar la matriz productiva con una espada de Damocles, como el acuerdo con el Fondo Monetario, en la cabeza de Gobierno.
Las cerealeras y aceiteras ya casi dan por hecho una revisión de la alícuotas, lo que se refleja en el reducción en el ritmo de su liquidación, manteniendo un acopio de un 40 por ciento de la cosecha actual de soja.
En 2012, el esquema de retenciones del gobierno de Cristina Fernández, con valores para la mayoría de los granos en niveles récord parecidos a los actuales, era de 25 por ciento para el maíz, de 28 por ciento para el trigo, de 35 por ciento para la soja y de 32 por ciento para el girasol, con tres puntos porcentuales de diferencial arancelario para los productos de primera transformación industrial.
Los precios internos de los alimentos reflejan la falta de una barrera de contención ante las cotizaciones exorbitantes de las materias primas que se exhiben en el mundo y que llegaron para quedarse.
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