En medio de la discusión que tendrán las tres patas responsables de la mesa laboral –Poder Ejecutivo, Confederación General del Trabajo (CGT) y empresarios del Grupo de los Seis—quien se encontrarán este martes analizarán lo que consideran “la verdadera reforma laboral”. Los beneficios de la nueva regularización resultarán procedentes en la medida en que el empleador cancele la deuda que no haya sido condonada, incluyendo los pagos a la Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).
En este contexto, la Cámara de Insuranzas y Reaseguros de la Argentina (CIDeS) presentará en las próximas horas tres proyectos de ley para ser debatidos en el Congreso con el objetivo de reducir la litigiosidad judicial. "Los proyectos buscan crear un entorno más favorable para el sector asegurador, promoviendo la seguridad jurídica y la estabilidad económica", señalaron desde la Cámara.
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Pese a la opacidad –o producto de esta—a la que empuja el Gobierno a toda la actividad económica, desde sectores concentrados insisten en que la litigiosidad en materia laboral está volviendo a crecer fuerte y amenaza los intentos oficiales de lograr que el sector privado sea más competitivo. Así lo advirtió días atrás el presidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja.
Para el abogado Funes de Rioja las multas en los juicios laborales "siguen siendo un problema que no se logró corregir". "En un proceso de crisis y recesión como el que estamos pasando, las dos partes son afectadas”, sostuvo el mandatario. Está quien debe cobrar y por riesgos de trabajo, que genera una gran preocupación en las empresas porque si el escenario actual no cambia, esta mayor litigiosidad podría verse trasladada a un mayor costo de las ART para las compañías.
El mito de la industria del juicio
La industria del juicio es un juego de palabras que sirve en momentos de crisis para pedir una baja de costos. “En diez años litigó el 1,9 por ciento del universo de trabajadores”, según la estadísticas de la Cámara Nacional del Trabajo y abarca al empleo formal e informal. El relevamiento destaca que el récord de demandas se dio en 1990 y 1991 con el proceso privatizador.
La estadística del Ministerio de Trabajo incluye las presentaciones de este año. La Cámara Nacional del Trabajo publica mensualmente las estadísticas del fuero. La de marzo de 2024 (es decir que son datos actualizados) incluye también un relevamiento de la última década. Entre 2014 y 2024, según surge del informe, se emitieron 257.011 sentencias definitivas, poco más de 25 mil por año. Las estadísticas oficiales de la justicia del trabajo demuestran que el problema de “la industria del juicio”, uno de los latiguillos que utilizó el gobierno de Javier Milei para empujar en la Cámara de Diputados la aprobación del capítulo laboral de la Ley Bases, como tal, no existe.
Sin embargo, con los despidos masivos -y en su mayoría injustificados- de empleo público y en el privado por la recesión, como prevé la estadística, la cantidad de juicios creció. El 70 por ciento de las empresas considera que los juicios laborales afectan la estrategia de inversión y el 74 por ciento, que disuade la contratación de trabajadores. Estos datos surgen de una investigación encargada por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), a la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), consultora especializada en la problemática. Se encuestaron 5.048 empresas entre el 7 de octubre y 21 de noviembre. La UART alertó que este año ingresaron 128 mil nuevas demandas solo por riesgos de trabajo (9 por ciento más que en 2023), a las que se suman las vinculadas a las causas la
La reforma de las compañías –cambios todos dirigidos a abaratar costos—propone que la remuneración de los peritos médicos esté en función de la tarea realizada y se establezcan mejores plazos de pago. Contempla mejora en el beneficio de litigar sin gastos: se busca un funcionamiento adecuado para evitar desequilibrios en el sistema judicial. También busca modificar a la Ley 20.091: se pretende restringir los embargos preventivos, que se consideran inadecuados para la actividad aseguradora, según el tándem de proyecto.
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