Paul Singer compró bonos argentinos en default a un cuarto de su precio y demandó a la Argentina. La misma actitud, que fue premiada por Mauricio Macri con ganancias del 1.200%, horrorizó a Bélgica, que aprobó una ley anti-buitres ese mismo año para evitar conductas abusivas. Una propuesta parecida se presentará en el Congreso argentino para evitar que, nuevamente, fondos especulativos estorben los proyectos del país.
El diputado Itaí Hagman, del Frente de Todos, trabajó en un proyecto "para la prevención frente al accionar de los fondos buitre". El objetivo consiste en salvaguardar el patrimonio nacional de maniobras ilegítimas de fondos financieros de inversión y poder cumplir con los contratos con los acreedores que sí ingresen al canje de deuda que promueve el ministro de Economía, Martín Guzmán, y cuya oferta vence este viernes.
Con la experiencia de los continuos bloqueos y embargos de NML Capital a Argentina y ante el revoloteo de ese mismo buitre, el Parlamento belga sancionó en 2015 una ley pionera. Como acostumbra, Singer lo llevó a los tribunales nacionales, pero tres años después estos validaron la constitucionalidad de la norma única en el mundo.
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Inspirado en el país europeo, el proyecto de Hagman, al que tuvo acceso El Destape, trata de que no se reconozcan los derechos demandados por los especulativos que adquirieron los títulos a precio de remate. "Cuando un acreedor persiga una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un crédito sobre un Estado (bono), sus derechos respecto del Estado deudor estarán limitados al precio que pagó y las condiciones en que realizó la recompra de dicho préstamo o crédito", plantea rotundo.
"Ningún título ejecutivo, así como ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa, podrán ser tomados a solicitud del acreedor para percibir el pago si el mismo le otorga una ventaja ilegítima conforme lo definido por la presente ley", esgrime, con la lección del embargo a la Fragata Libertad.
Por ventaja ilegítima, el legislador nacional comprende que debe cumplir con al menos uno de cinco criterios: "el Estado deudor estaba en un estado de insolvencia o cesación de pagos real o minente en el momento de la readquisición del préstamo o crédito; el acreedor hace un uso sistemático de los procedimientos judiciales para obtener el reembolso del préstamo o de los préstamos recomprados previamente; el Estado deudor ha sido el objeto de medidas de reestructuración de su deuda, en las cuales el acreedor se ha negado a participar; el acreedor se ha aprovechado de la situación débil del Estado deudor para negociar un acuerdo de reembolso claramente desequilibrado; el reembolso total de los montos reclamados por el acreedor tendría un impacto negativo identificable sobre las finanzas públicas del Estado deudor y podría poner en peligro el desarrollo socioeconómico de su población".
Esto se traduce en que si ante una eventualidad, un buitre se hace de bonos post-default o ante uno inminente, deberá atenerse al riesgo consecuente y no podrá hacerse el sorprendido ante la justicia. Tras la presentación del proyecto, deberá debatirse en el Congreso, donde antiguos defensores de los especuladores puedan poner trabas.
Guzmán presentó una propuesta de reestructuración que caduca este viernes. Con ayuda de periodistas locales, algunos grupos de bonistas presionan públicamente para que el ministro mejore las condiciones del canje. Sin embargo, el funcionario asegura que es el único proyecto sustentable, de acuerdo a los lineamientos de su equipo económico y del propio Fondo Monetario Internacional, cuyos técnicos habían pedido un recorte de deuda aún mayor.
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