Economía en tiempos de "coronacrisis": ¿La centralidad de la deuda?

Para el Gobierno de la coalición peronista, hasta la eclosión del virus, el tema de la reestructuración de la deuda heredada del macrismo emergía como una cuestión central para el relanzamiento del crecimiento de la economía argentina. Desde esta columna describimos el programa inicial de la administración, centrado en recuperar los equilibrios externo y fiscal para estabilizar las variables desmadradas y consolidar un esquema financiero sustentable que despeje los interrogantes del exterior. Por este sendero la actividad productiva comenzaría a desplegarse y el pueblo argentino a recuperar bienestar y confianza en poco tiempo. Así lo pormenorizó el ministro Martín Guzmán en su última presentación en el Congreso.

Lo sorprendente es que el tema de la deuda siga siendo central hoy, en este presente de hundimiento de la economía global, dislocamiento de comercio internacional y con la puesta en marcha de políticas monetarias expansivas de guarismos enormes para preservar empresas y familias impactadas. Hay una cincuentena de países emergentes que exteriorizan dificultades para cumplir sus presupuestos financieros; el Banco Central Europeo emite euros para comprar bonos soberanos depreciados de los países de la UE; y la bolsa de Estados Unidos no se desploma porque la Reserva Federal compra acciones.

La pregunta a formularse ahora es ¿cuál es la capacidad de pago de la Argentina en el marco de la pandemia? 

El ministro Guzmán proyectó para este año una caída del PIB del -6,5% y es difícil escudriñar cómo será el 2021 si la economía no se reconvierte rápidamente hacia circuitos de producción y consumo no trasnacionalizados, movilizando los recursos disponibles principalmente a la provisión de bienes esenciales para todos los argentinos y todas las argentinas. 

Difícilmente un sendero de equilibrios macroeconómicos e ingreso de divisas proveniente de una reestructuración exitosa de deuda pueda proyectarse en lo inmediato. Por ende, no parece ser el camino más viable a la salida del choque que implicó la llegada del virus. Fundamentalmente, porque éste va a dejar una secuela de deterioro de los ingresos populares y desarticulación económica que debe ser afrontada rápidamente y, con ese objetivo por delante, el arreglo de la deuda no parece aportar mucho para alcanzarlo.

Se argumenta lo gravoso que significaría entrar en default y sin duda es así. El golpe inmediato lo sufrirían las importaciones, que debieran cancelarse por anticipado y de contado, situación que con un tipo de cambio regulado, pero sin administración de comercio exterior, puede drenar reservas internacionales y complicar una adecuada planificación del flujo de divisas con que cuenta el país. Pero dado el actual contexto mundial, no parece ser un tema insoluble a corto plazo. 

Otras consecuencias inmediatas como el “cierre de los mercados financieros internacionales en un ambiente de tasas de interés muy baratas” es una muletilla usada por los voceros del poder económico que nunca ocurre. El Gobierno de Mauricio Macri, con un país desendeudado y tasas de interés para los países emergentes del 4% anual, pactó servicios de intereses del 7/8% anual, que ahora con acierto el ministro Guzmán quiere reducir al 2,33% en promedio.

Por último, se invocan los fallos en contra de la Argentina y en favor de los “fondos buitres” producidos por el Juez Thomas Griesa como una amenaza blandida contra el deudor díscolo e insumiso. No abundaremos aquí sobre el abuso que significaron esas sentencias, ni lo opaco de su cancelación en 2016. Si es necesario ponderar magnitudes, los “fondos buitres” adquirieron los bonos defaulteados en el año 2004 con el exclusivo fin de litigar contra el país no ingresando a los canjes 2005/2010. Ahora bien, la cifra comprometida en ese entonces por los cuatro “fondos buitres” fue de u$s 800 millones, percibiendo en compensación tras doce años de conflictos u$s 4.200 millones, ganancia extraordinaria pero realizada en un tiempo prolongado. El monto de deuda en reprogramación en la actualidad es de u$s 67.000 millones y, según trasciende, los fondos menos dispuestos a aceptar la oferta argentina tienen alrededor del 50% de esa cifra y su objetivo original al adquirirlos no fue judicializar el tema. No parece probable que comprometan una inmovilización de activos en su cartera de una magnitud superior a los u$s 30.000 millones durante una década a resultas de un juicio, acarreando el costo de la depreciación de la cuota parte del fondo por poseer títulos defaulteados. 

De hecho, estos fondos de inversión más intransigentes presionan por una mejora de oferta a fin de aumentar el “valor de salida” (“exit value”) del bono nuevo y desprenderse rápidamente de estos valores en el mercado. Su negocio no es inmovilizar cartera en un litigio sino obtener una ganancia rápida vendiendo títulos a un precio de u$s 50, que hoy cotiza u$s 30. Y aprovechar los beneficios de un mercado de valores estadounidense muy líquido y subsidiado por la Reserva Federal.

Retorna la pregunta en forma circular ¿Por qué la deuda sigue siendo un tema central de la política económica en el marco global y con los argumentos expuestos? 

A modo de ensayo de respuesta, parece tratarse de un punto de agenda que subsistió después de la pandemia y que el Gobierno se esfuerza en despejar para evitar males mayores. No es bueno perder ductilidad y audacia en el actual escenario y con esos atributos fijar una agenda con prioridades que respondan al desafío presente. 

El problema heredado de la deuda hay que resolverlo, pero en el presente de virus no ocupa la centralidad que tenía cuándo se inició el mandato del Presidente Fernández.