La ley de emergencia pyme llega al Senado: qué pide el proyecto para evitar más cierres y despidos

En apenas ocho meses de gestión mileista cerraron 10 mil pequeñas y medianas empresas, lo que dejó como saldo 265 mil familias sin ingresos laborales. La vertiginosa velocidad de los despidos y quiebras en el sector manufacturero requiere de medidas urgentes. No pasó un año de gestión y ya lleva un saldo de ‘industricidio’ que alcanza casi la mitad del exterminio llevado a cabo por el macrismo durante sus cuatro años de mandato (25.000 pymes quebradas). La decisión del presidente Javier Milei de no tener una política industrial, tal como lo dejó en claro en el acto por el Día de la Industria organizado por la Unión Industrial, refuerza la necesidad de un marco legislativo de carácter inmediato. En el Senado, junto con las principales cámaras, asociaciones y confederaciones pymes, discutirán un anteproyecto de Ley de Emergencia.

Este martes representantes de entidades empresariales, industriales y gremiales comienzan a defender la iniciativa en el Senado. La reunión fue convocada para este martes a las 16, en la Sala de Reuniones, por el bloque de Unión por la Patria del Senado para tratar el proyecto de “Ley de Emergencia de las Pequeñas y Medianas Empresas” de autoría de las senadoras Nora Giménez y Alicia Kirchner.

El pedido había sido elevado públicamente durante un acto que contó con 150 empresarios del segmento pyme en la puertas del Congreso. En ese momento, el reclamo consistía en una ley de un solo artículo que declare la emergencia económica que permite dejar de pagar los impuestos nacionales. Sería únicamente para empresas de hasta 10 empleados. Sin embargo, la solución no se subsana solamente con una menor carga impositiva, sino que se requiere de un andamiaje normativo que cuide y estimule la actividad del sector. Dentro de los 10.000 cierres, 6.000 son comercios, por lo que se requiere de un plan de Desarrollo.  En términos relativos, se redujo 2,5 por ciento la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as, mientras que disminuyó 1,9 por ciento la cantidad de empleadores de hasta 500 trabajadores/as.

El proyecto de auxilio pyme

Hubo varias reuniones que llevaron adelante las distintas cámaras pymes, en particular bajo la dirección de la Confederación General Empresaria (CGERA), con funcionarios del Gobierno, pero sin ninguna respuesta concreta. En el bloque de Unión por la Patria las senadoras Giménez y Kirchner recogieron el guante y delinearon un anteproyecto para declarar la Emergencia Pyme en el lapso, al menos, de un año, abarcando medidas de carácter productivo, económico, financiero y tarifario.

La medida alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas de sectores industriales, agroindustriales, comerciales y de servicios. En su artículo 5to. el anteproyecto propone suspender durante el periodo que dure la emergencia la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares respecto de los sujetos alcanzados. En materia impositiva, se eliminan los derechos de exportación sobre las ventas realizadas por el sector y se los exime de Ganancias e impuesto de los créditos y débitos durante el período que dure la a emergencia. El universo de mercaderías alcanzadas por la reducción de retenciones comprende desde mercaderías de la industria pesquera y química hasta maderera y electrónica.

En el caso de Ganancias, los emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas pueden computar como pago a cuenta del impuesto el 100 por ciento del total del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Las pymes medianas industriales tramo 1 sólo del 60 por ciento, también del total retenido por el banco. Las otras empresas pymes, de las categorías superiores, sólo podrán computar como pago a cuenta contra Ganancias el 33 por ciento del impuesto retenido por los bancos por los depósitos y por los egresos. En resumidas cuentas, este impuesto no puede ser compensado con otros impuestos a cargo del contribuyente ni solicitudes de reintegro.

El borrador que se discutirá este martes incluye también un programa de promoción del empleo. “Durante la emergencia, los beneficiarios que contraten nuevos trabajadores y trabajadoras que tengan entre 18 y 35 años de edad, gozarán, del beneficio de reducción del 50 por ciento respecto del pago de contribuciones patronales, siempre que de cada una de las incorporaciones que produzcan un incremento neto a la nómina del personal”, señala el anteproyecto en su artículo 9no.

La iniciativa incorpora herramientas de financiamiento, con un piso de fondeo equivalente al 0,05 por ciento del PBI en subsidio de tasas, créditos directos, líneas para empresas no sujeto de crédito y garantías para el acceso ágil con 100 por ciento de cobertura para los beneficiarios de la presente ley. Se propone establecer líneas de financiamiento para la inversión con plazos de 10 años con tasa BADLAR y respaldo del FOGAR y beneficios de tasa adicionales para bienes de capital de fabricación nacional.

También busca que se estimule inversión en instrumentos PYME en el Mercado de Capitales, con pisos mínimos de participación en Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y deducciones a la cuarta categoría de Ganancias para la adquisición de instrumentos PYME .

Los fundamentos para una emergencia

Los considerandos de la medida arrojan un crudo diagnóstico sobre el sector, haciendo necesaria avanzar en una propuesta de ley para responder a la situación crítica que exhibe el sector pyme. “La alta inflación y distribución regresiva de ingresos generada por las políticas ‘de shock’ del Gobierno del presidente Javier Milei, sumada al ajuste inédito sobre el sector público, el trabajo, la producción y la población más vulnerable impacta fuertemente en las MiPyMEs”, detalló el anteproyecto.

Desde diciembre de 2023 a la fecha, las MiPyMEs experimentan una profundización de la crisis reflejada en varios indicadores económicos críticos: durante este período, aproximadamente 10.000 MiPyMEs han cerrado sus puertas, lo que representa un aumento significativo en la tasa de desaparición de empresas en comparación con los años anteriores. De acuerdo a un informe elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), entre diciembre de 2023 y junio de 2024 cerraron 10.000 pymes en el país.

“A todo lo expuesto se suma la crisis de un sector estratégico: las PyMEs industriales, que experimentan una caída sostenida”, señaló el anteproyecto. La industria lleva trece meses de caída interanual consecutiva y acumuló en el primer semestre del año una baja de 17,8 por ciento interanual, a lo que se suma una contracción significativa en el consumo, afectando la sostenibilidad económica de muchas de estas empresas.

Otro actor estratégico en la generación de divisas y el desarrollo de las economías regionales argentinas son las PyMEs y MiPyMEs exportadoras que vienen experimentando una disminución en su competitividad que resulta en la reducción de su actividad y en la desaparición de empresas. Su participación en el total de exportaciones y de empresas exportadoras no sólo es relativamente menor, sino que ha decrecido en los últimos años. “La inestabilidad macroeconómica y la cantidad de trabas burocráticas y regulaciones tributarias que encarecen los procesos productivos PyMEs y tornan al sector menos competitivo han sido señaladas como las causales más importantes de la disminución de las exportaciones”, explicó el texto legislativo.

Los actores remarcaron la necesidad de que el Estado tenga una mirada diferenciada con las pymes, en materia tributaria y de acceso al financiamiento.  Esta caída en la competitividad internacional es una señal de alarma sobre la capacidad de estas empresas para mantenerse en los mercados globales. El sector enfrenta altos costos operativos y una demanda interna debilitada debido a la inflación acumulada del 107 por ciento en los primeros cinco meses del gobierno de Milei.

“Consideramos que cualquier política que nuestro país aborde para fomentar la inversión, debe contemplar el rol de las MiPyMEs. Sin embargo, la política económica del Gobierno Nacional hasta el momento hace exactamente lo contrario: desincentiva la inversión, producción y hasta la misma continuidad de negocios de las PyMEs, a través de distintas medidas, entre ellas, el recientemente sancionado régimen RIGI para grandes inversiones”, de acuerdo con el proyecto a discutirse esta tarde.