El gobierno de Javier Milei quiere avanzar con una nueva etapa de la reforma laboral a través del proyecto de ley Pyme que el equipo económico anunció la semana pasada y que pretende nuevamente despojar al trabajador de sus derechos. Se trata de un intento de introducir modificaciones pedidas por las pequeñas y medianas empresas en los juicios laborales, por un lado. Y de aprobar por ley algunos puntos judicializados de la reforma laboral establecida en el mega DNU 70/2023, por el otro.
Hace una semana, en la Conferencia Industrial de la UIA, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, anunció que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de reforma laboral y fomento de las inversiones. Se trata de una suerte de ley ómnibus pyme, que también incluye un capítulo dedicado al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI, equivalente al RIGI) y otro dedicado a incentivos para la contratación de empleados por parte del sector privado.
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Finalmente, el borrador del proyecto fue introducido el jueves de la semana pasada en la Cámara de Diputados bajo el nombre de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo" con la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez como autora, y firmado también por otros 14 diputados del oficialismo. Contiene, en total, 83 artículos divididos en cinco títulos, algunos con más de un capítulo.
Esencialmente, el capítulo laboral del borrador busca la aprobación de varios puntos que habían sido incluidos en el mega DNU 70/2023 de Milei pero que actualmente se encuentran suspendidos por la Justicia, debido a la presentación que hizo la CGT en enero pasado. Además, se trata, en muchos casos, de elementos incorporados a los primeros borradores de la Ley Bases, pero luego retirados del texto sancionado gracias a las negociaciones con la central sindical.
Juicio laboral
Por fuera de los puntos judicializados del mega DNU 70/2023, la principal novedad de este proyecto de ley es la introducción de reformas en los juicios laborales. Se trata de un viejo reclamo de las pymes, las cuales constantemente se quejan del pago de indemnizaciones que consideran ruinosas. De esta manera, introducen el pago de la indemnización en 12 cuotas y un tope a las costas del juicio.
Concretamente, el artículo 17 del borrador del proyecto modifica el artículo 277 de la Ley de Contratos de Trabajo sobre el "pago en juicio" para agregar que "ante una sentencia judicial condenatoria, podrán acogerse al pago total de la misma en hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas". Lo que el proyecto no aclara es la forma de actualización de esas cuotas, si por inflación u otra vía, lo que todavía tendrá que ser objeto de discusión.
Además, el mismo artículo impulsa que "la responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo".
Irrenunciabilidad
Por otra parte, el borrador busca reintroducir la modificación de los contratos de trabajo que había sido establecida en el DNU y luego suspendida en la Justicia. Al respecto, el artículo 1 del proyecto de ley pyme modifica el artículo 12 de la LCT para agregar que "cuando se celebren acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo o de desvinculación en los términos del artículo 241 de esta Ley, las partes podrán solicitar a la autoridad de aplicación su homologación en los términos del artículo 15 de la presente Ley".
"Modifican el principio de irrenunciabilidad de la Ley de Contratos de Trabajo. Como está ahora, el empleador no podría modificar, ni con acuerdo de partes, una condición esencial del contrato de trabajo. Llámese la jornada, modalidad, distancia de trabajo, etcétera. Pero el nuevo proyecto le permitiría al empleador hacer esa modificación mediante una homologación ante la Secretaría de Trabajo. Entonces, de alguna manera están permitiendo un tipo de renuncia (a aspectos esenciales de los convenios colectivos de trabajo) que termina siendo obligada para el trabajador, porque si el empleador te lleva a la Secretaría de Trabajo al trabajador no le va a quedar otra opción", explicó a El Destape el abogado laboralista Sergio Omar Rodríguez.
Horas extra
Otro aspecto de la reforma laboral judicializada del DNU que el borrador de la ley pyme busca reintroducir es la modificación del régimen de horas extra. Al respecto, establece la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo adhieran al denominado régimen de "banco de horas", que consiste en reemplazar el pago de las horas extra por la posibilidad de que esas horas sean recuperadas por el empleado otro día.
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"Esto es un perjuicio para el trabajador. Ahora, si el empleador tiene un pico de trabajo y necesita que vos hagas dos horas extra, esas horas las podés cobrar como horas extra. Con la posible modificación, el empleador te puede decir 'esas horas extra no te las voy a pagar como extra porque las recuperás tal día'. Siempre y cuando no haya exceso de 48 horas y se respete las 12 horas de descanso entre día y día. Entonces el trabajador que a veces especula con hacer una horita extra para aumentar su salario, nunca lo va a poder hacer", explicó Rodríguez.
Créditos laborales
Además, un punto importante, señala Rodríguez, es la modificación que hace el borrador busca sobre los créditos laborales, que el empleador adeuda al trabajador en concepto de remuneraciones, compensaciones o indemnización, entre otros.
La intención del proyecto de ley pyme es que estos se actualicen por el IPC del Indec más 3%. Aunque a priori esto puede parecer favorable al trabajador, en verdad viene a intentar reemplazar un criterio establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en diversos fallos que es de actualización por RIPTE más 6%, luego considerado "bastante gravoso" por un fallo de la Corte Suprema, explicó Rodríguez.
A partir de ese fallo del máximo tribunal, las cámaras empezaron a aplicar el criterio del IPC más 3%, por lo que ahora el proyecto de ley pyme busca "homogeneizar criterios" para que esa sea la pauta de aplicación a nivel nacional, cerró el abogado laboralista.
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