El ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el macrismo Gonzalo Mórtola no se presentó el jueves pasado a la declaración indagatoria por la causa en la que se lo acusa de fraude a la administración pública por una contratación irregular. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo tiene imputado por la concesión de un contrato a la compañía INDRA, que había sido revelado por El Destape en 2019.
Mórtola debía comparecer el 23 de septiembre en el Juzgado Federal 8, pero no asistió, confirmaron a este medio fuentes con acceso al expediente. Ahora el juez deberá establecer una nueva convocatoria, con la amenaza de acudir a la fuerza pública.
El entonces funcionario de Cambiemos enfrenta una causa que contempla penas de dos a seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos. Está investigado por fraude a la administración pública en la investigación que sigue Martínez de Giorgi.
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Se lo acusa de irregularidades en la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de los pliegos de licitación destinados a la concesión de las terminales de Puerto de Buenos Aires. En 2016, por medio de la Resolución 129, la gestión de Mórtola contrató a la española INDRA para el proceso licitatorio que tuvo nombre formal de “estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales de contenedores del Puerto Buenos Aires”, en el marco de los futuros pliegos de licitación de las mismas.
Se habría tratado así de una contratación directa a una empresa que no estaba habilitada para hacer esos estudios ni para recibir obra pública por US$ 772.483. Al momento de la contratación el monto máximo para hacerlo sin licitación era de $ 1,5 millones o US$ 93.000 por aquel entonces, de acuerdo se consigna en la causa. Más aún, Indra no tenía experiencia en consultoría portuaria. De hecho, el personal técnico de la AGP fue quien terminó haciendo buena parte de los estudios.
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Una contratación irregular y la denuncia de un negociado
A fines de 2017, la AGP liderada por Mórtola decidió cambiar su criterio, pese al cuestionamiento de los profesionales y protagonistas de todo el sector portuario, y dejó de lado la opción de pasar de tres a dos empresas operando sus terminales para centrarse en una nueva estrategia de una única empresa, que se convertiría en una operadora monopólica.
El cambio implicaba además liberar los actuales terrenos del puerto, que quedarían destinados a proyectos inmobiliarios que daban lugar al ingreso de desarrolladores amigos del PRO. En ese momento ya tenían intereses y desarrollos concretos en la zona, por parte de la misma administración que remató un 35% de los terrenos de la AGP.
Esta decisión de modificar su estrategia provocó asimismo que la AGP extendiera el vínculo con INDRA por otros US$ 168.000, más impuestos, a través de la Resolución 169/2017. Así, el pago a la consultora habría alcanzado un total de US$ 940.508 más impuestos.
La licitación para la concesión de las terminales de Puerto Nuevo, que finalmente se dio de baja con el nuevo gobierno, generó un escándalo cuando diversos actores portuarios denunciaron que se habría buscado el beneficio para Nicolás Caputo de una concesión de 50 años y negocios inmobiliarios, así como el traspaso del Puerto Buenos Aires a la órbita porteña, todo esto tras las elecciones presidenciales 2019.
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