El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó este martes de una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados realizada en la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó a debatir cambios al marco regulatorio de los biocombustibles, y aseguró que la ley "es mala, atrasa, genera incertidumbre. No hay ley peor que esta".
Luego de que el tema quedara postergado en la Ley Bases del presidente Javier Milei, Llaryora hizo referencia a los cambios que pretende sobre la Ley 27.640 al afirmar que, si “deciden darle una nueva oportunidad al agro generando las reformas legislativas, el agro le va a dar a la Argentina una marcha más al sector productivo”. “No podemos seguir con este marco que nos está atrasando y privando al motor del agro de tener una oportunidad”, agregó.
De esta manera, el Gobernador pidió que los legisladores avancen con el tratamiento del proyecto e impulsó un nuevo marco legal para que los biocombustibles se transformen en uno de los ejes del crecimiento. “El país necesita encender nuevos motores de la economía para que el agro no sea el único motor para la generación de dólares”, sostuvo.
La reforma cuenta con el aval de la llamada Liga Bioenergética, que integran Córdoba, Tucumán y Santa Fe, entre otras provincias, aunque es rechazada por los productores Pyme de biocombustibles nucleados sobre todo en Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
Entre otros aspectos, la propuesta establece que, “por un plazo de 18 años contados a partir de la entrada en vigor de la ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con combustibles fósiles deberán ser producidos en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales”.
Llaryora detalló que en su territorio mezclan “un 17% de bioetanol contra el 12% en los surtidores de cualquier lugar de Argentina”, y “un 20% de biodiésel contra el 7,5%”.
En el frente de los que resisten la ley y esperan negociar se encuentran los fabricantes Pyme nucleados en Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), ya que entienden que la reformas propuestas implican “una pérdida de volumen de elaboración y comercialización por parte de las pymes”.
Al respecto, el cordobés aclaró que “este no es un tema ideológico, es un tema pragmático”, debido a que “la alianza entre el sector petrolero y productivo es estratégica para Argentina”.
El gobierno de Córdoba exige cambios en la ley de biocombustibles: "Momento justo"
En la comisión también participó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, quien explicó que “se busca seguir el camino de países vecinos como Brasil”, tras recordar que Córdoba es la principal productora de bioetanol de maíz.
López reveló más detalles sobre la iniciativa presentada por los cordobeses de Encuentro Federal Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Juan Brügge: “Básicamente, propone un sendero de crecimiento en los cortes, que a partir de los que están hoy vigentes, en dos años alcancemos 15% de bioetanol en nafta y 15% de biodiesel mezclado con gasoil. Y a partir de los dos años, empezamos a trabajar fuertemente en lo que es la aspiración de muchos de los integrantes de la liga y de los representantes de las cámaras, que es ir a la movilización Flex Fuel en Argentina”, dijo el funcionario.
Asimismo, manifestó que "es el momento justo para potenciar este tipo de inversiones, inversiones que, sin ningún lugar a duda, pueden llevar a reemplazar estos combustibles de origen fósil por combustibles renovables que al interior del país implican un agregado valor y una generación de empleo“.
En ese marco, el gobierno provincial también impulsa otro proyecto referido a la creación del Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), que busca emular al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El RIDA le daría al sector agroindustrial estabilidad de beneficios fiscales por tres años, prorrogables por otros dos por el Poder Ejecutivo. Algunos de esos incentivos son amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, y menor plazo para la devolución del saldo técnico a favor del IVA por inversiones en bienes de uso. Sin embargo, esta iniciativa promete resistencia por parte del Gobierno nacional, ya que implica costo fiscal.
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