Todos los integrantes de la alianza Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Gerardo Morales, no se andan con vueltas. En cada una de sus intervenciones públicas esbozan exactamente los límites que piensan cruzar en caso de ganar las elecciones: represión, un Estado al servicio de empresas amigas, desfinanciamiento de las provincias, endeudamiento. Entre 2016 y 2019, no hubo errores de cálculos, más allá de la derrota de Macri en primera vuelta. Aquella alianza gobernante recortó de manera drástica el financiamiento de la obra pública en varias provincias, frenó las transferencias corrientes a varias jurisdicciones y eliminó el Fondo Federal Solidario, una masa de recursos que se coparticipaba hacia todos los municipios del país. El resultado, provincias endeudadas en dólares, desocupación, reforma de convenios colectivos de trabajo con flexibilización incluida (en Neuquén y Vaca Muerta), y por ende, incremento de la pobreza. Una forma de disciplinamiento social.
El actual acuerdo programático de JxC incluye la modificación de Ingresos Brutos, un tributo clave para las provincias. En otras palabras, propician un nuevo desfinanciamiento hacia las provincias. También mencionan la reforma del Estado y otra laboral sumado a un recorte mayor del gasto público e inversión en obras. Un programa de miseria planificada, como el que llevó adelante Macri.
En las provincias de la Patagonia, una región que había sido abandonada por Macri salvo por Vaca Muerta, se encuentran algunos ejemplos de los impactos económicos y sociales de aquel programa de ajuste (y del que proponen implementar), información e historias de vida que fueron publicadas en el libro La Patagonia Ajustada (2019, Premici).
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Endeudamiento planificado
El endeudamiento en dólares fue la matriz central del programa de ajuste hacia las provincias, como también lo fue el proceso que desembocó en el préstamo del FMI. El punto inicial de este derrotero ocurrió el 16 de marzo de 2016, cuando el Congreso aprobó la emisión de 16.000 millones de dólares destinados, en gran parte, al pago en efectivo a los fondos buitres. La ley fue sancionada por el Senado el 31 de marzo.
Con ese instrumento en la mano, Macri empujó a las provincias a tomar deuda en dólares. Al mismo tiempo, comenzaba un fuerte proceso de ajuste económico. Un trabajo de pinzas. Se les decía a los gobernadores que podían emitir deuda en dólares para invertir esas divisas en la obra pública que el mismo Estado nacional comenzaba a desfinanciar.
Así fue como Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires emitieron 12.336 millones de dólares a un plazo promedio de 8,2 años.
En septiembre de 2018, Macri y su ministro Nicolás Dujovne anunciaban un tercer recorte de la obra pública cercano al 46% en términos reales según el proyecto de Presupuesto 2019. El programa se cumplía en todos sus detalles: las provincias evidenciaban los recortes de la inversión pública y quedaban cada vez más endeudadas.
Un caso paradigmático de todo este proceso fue Chubut. Mariano Arcioni se había hecho cargo de la gobernación tras la muerte de Mario Das Neves en octubre de 2017. La provincia emitió 700 millones de dólares. Tras la devaluación de 2018, los compromisos se volvieron impagables. El stock de deuda en pesos saltó un 404% comparado con 2015. La carga de intereses se disparó en un 2083%, según los datos desagregados de la Subsecretaria de Relaciones con las provincias.
Chubut fue la provincia patagónica donde más creció la pobreza durante el ciclo macrista, sumado a un plan de ajuste estatal y represión de la protesta social.
MÁS INFO
Federalismo mentira
Cambiemos utilizó a las provincias como agentes colocadores de deuda. De hecho, Rio Negro y Tierra del Fuego se endeudaron y entregaron esas divisas al Tesoro Nacional a una tasa de interés negativa. Cada movimiento quedó registrado en los boletines oficiales correspondientes a cada jurisdicción.
La deuda vino acompañada de un recorte discrecional de transferencias hacia las provincias, y un desfinanciamiento explícito. Al eliminar el Fondo Federal Solidario, que se componía de una parte de la recaudación por las retenciones a la soja, los municipios de todo el país dejaron de contar con recursos para obra pública. Quizás, esas transferencias no significaban nada para la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en localidades enclavadas en medio de la Patagonia o en el noroeste del país, representaban fuentes de trabajo directas y el movimiento del mercado interno.
Como parte del plan de Cambiemos, muchas jurisdicciones tuvieron una caída real en la inversión real directa y transferencias de capital desde el Tesoro. Al mismo tiempo, Cambiemos concentró recursos en CABA y la provincia de Buenos Aires. Para cuando Macri decidió endeudarse con el FMI, ambas jurisdicciones recibían el 30% de todas las transferencias de capital e inversión directa, según un análisis realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
La concentración de recursos incluyó la modificación por decreto del porcentaje de coparticipación que recibía CABA. Con esa decisión, la jurisdicción gobernada Horacio Rodríguez Larreta tuvo un incremento de los recursos coparticipable del 593% entre 2015 y 2018, cuando el resto de las jurisdicciones solo había obtenido un alza de su coparticipación del 40%. Federalismo mentira.
Cambiemos fue más allá. El Pacto Fiscal firmado y avalado por el Congreso en 2018 también contribuyó a desfinanciar a las provincias. Al igual que entonces, la actual plataforma de Juntos por el Cambio propone modificar Ingresos Brutos, que, si bien es considerado un tributo regresivo, es clave para los presupuestos provinciales. Con aquel Pacto, las jurisdicciones se comprometían a reducir las alícuotas de ese impuesto.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este tributo resulta esencial para que la mayoría de las gobernaciones no dependa exclusivamente de las transferencias del Estado nacional. Por ejemplo, del total de recursos tributarios que maneja Formosa, el 77% corresponde a envíos de Nación, y solo el 15% son ingresos propios. Una situación similar se da en La Rioja, con el 78% de sus recursos provenientes de Nación, o en Jujuy, con el 70%, por citar algunos ejemplos. En CABA, esa dependencia llega solamente al 8%.
Tanto Bullrich como Larreta prometen nuevamente modificar este tributo, cuyo impacto ya pudo apreciarse en el período 2016-2019: desfinanciamiento de las provincias y su consecuente endeudamiento.
Tejido social
Luego del endeudamiento en dólares en las provincias, sumado al desfinanciamiento del gasto público, el recorte de las transferencias directas, la eliminación del Fondo Federal Solidario y los cambios en Ingresos Brutos, el saldo fue un aumento del desempleo y la pobreza.
Lo que sucedió en la Patagonia durante aquellos años resulta paradigmático y un claro ejemplo de las posibles consecuencias de las políticas que pretenden aplicar desde Cambiemos en caso de ganar las elecciones presidenciales.
Cuando el FMI comenzó a cogobernar con Macri, la pobreza en Chubut – medida en las localidades de Comodoro Rivadavia y Rawson- se había incrementado un 61%, comparado con los datos de 2017. A su vez, se destruyeron 7000 puestos de trabajo. Del total de las 65.000 personas que pasaron a considerarse pobres en la Patagonia de un año al otro, según el relevamiento del Indec, el 55% correspondió a ciudadanos y ciudadanas de Chubut.
Estos datos, que poseen un correlato en diferentes historias de vida, son la respuesta a un par de preguntas que no pueden pasar desapercibidas: ¿Cuánto afectan las políticas neoliberales hacia el interior del tejido social? ¿Cómo incide el discurso del sálvese quien pueda sobre el bienestar común de una sociedad?
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