Después de un año golpeado de lleno por la pandemia, la provincia de Buenos Aires lanzará dos moratorias para aliviar las deudas tributarias. Incluirán a empresas y personas y se destacarán por las quitas de intereses y multas que pueden llegar al 100%. Con esto, el gobierno bonaerense estima que podrá reforzar sus arcas en cerca de $ 4.000 millones.
En la apertura de sesiones del Congreso bonaerense, el gobernador, Axel Kicillof, anunció tres medidas tributarias. Esto incluirá dos moratorias y la creación de un sistema simplificado para el pago de ingresos brutos, que beneficiará a 1 millón de monotributistas.
En una conferencia de prensa virtual a la que asistió El Destape, el director de ARBA, Cristian Girard, detalló los alcances de las políticas. En las próximas dos semanas los proyectos de ley estarán cerradas técnicamente y se apilarán en el escritorio del mandamás provincial para ser luego giradas al Poder Legislativo.
Uno de los planes de pagos tendrá como beneficiarios a los contribuyentes afectados por la pandemia y permitirá financiar en 24 cuotas las deudas prejudiciales y judiciales en impuestos patrimoniales (inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas). Incluirá una quita de entre el 10% y el 100% de multas, intereses y recargos que será progresiva: dependerá del tamaño de la empresa o de la situación de la persona.
La segunda moratoria se destinará a agentes que no hayan depositado las retenciones de ingresos brutos en tiempo y forma. También contará con 24 cuotas para pagarlo y quita de intereses y multas, que irán del 10% al 90%. Esta medida beneficiará a alrededor de 3.800 PYMES.
Históricamente, el 15% de la deuda se adhiere a la moratoria. Sin embargo, con una estimación pesimista, en la que sólo se acoja el 10%, la Provincia podría sumar recursos por $ 4.000 millones con estos dos planes.
Ante la consulta de este medio, Girard explicó que en 2020 cayó la cobrabilidad en todos los impuestos, por lo que se acumuló un pasivo mayor que en años anteriores. ARBA recaudó $ 465.000 millones. Sobre ese flujo se generó una deuda de tributos patrimoniales de $ 40.000 millones debido a la crisis por el COVID.
Las medidas para paliar el primer año de pandemia
“Cuando asumió Kicillof en 2019 envió un proyecto de ley para que declare la emergencia productiva y la emergencia PYME”, recordó Girard en su presentación desde la oficina del ente recaudador. Su primer objetivo como funcionario consistió en dar respuestas a esa situación. “Darles aire financiero y capital de trabajo a esas empresas que venían sufriendo la crisis de los años anteriores”, explicó.
Sobre esa crisis económica heredada atacó la pandemia, lo que agrandó el desafío encontrado en 2019. Ante esto, ARBA respondió con medidas tributarias para reducir el impacto de las crisis. En febrero, además de impulsar una moratoria, ampliaron el monto para ser agente de retención del régimen de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Luego generaron un plan de pagos específico para las empresas que estuvieran con menores ventas. Y, por último, habilitaron la exención del 50% de IIBB para las actividades más afectadas por la pandemia.
En paralelo a esas decisiones tomadas por el COVID, el organismo concentró sus recursos en mejorar la recaudación en base a metros cuadrados no declarados o con el cruce de inteligencia fiscal. “En 2020 tratamos de ampliar la base imponible a raíz de incorporar a grandes contribuyentes que no estaban incluidos”, detalló.
“Que dejen de evadir los que más tienen” podría ser un lema que acompaña la nueva gestión de ARBA. Queda en evidencia el giro de 180 grados respecto al trabajo que había realizado María Eugenia Vidal los cuatro años previos.