(Por Mara Laudonia).- Una vez aprobado por el Senado el proyecto de ley que contiene el programa de refinanciamiento acordado con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de US$ 45.000 millones contraída en 2018, el directorio del organismo multilateral (board) deberá ratificar el entendimiento para que se ponga formalmente en marcha el nuevo plan, que se extenderá hasta 2034 y contempla metas fiscales, monetarias y de inflación.
Esta mañana, el portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo que en el organismo están "atentos" a la evolución del tratamiento legislativo del acuerdo y que una vez aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo, se pondrán en marcha los mecanismos para que tenga lugar la reunión del Directorio.
Rice recordó que el FMI manifestó en varias oportunidades que hará "todo lo posible" para cumplir con los tiempos relacionados con el acuerdo, debido a que la próxima semana se producirán vencimientos en concepto de intereses y de capital que suman un total de alrededor de 2.800 millones de dólares.
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En concreto, la Argentina debe pagar 950 millones de dólares el 21 de marzo en concepto de intereses, y otros 1.850 millones de dólares el día siguiente, 22, por vencimientos de capital.
En cuanto al acuerdo, para acceder al refinanciamiento de los vencimientos de capital por US$ 45.000 millones tomados durante la administración de Mauricio Macri, el Gobierno explicitó su decisión de "mantener la recuperación económica y social en curso y, al mismo tiempo, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener el crecimiento en el largo plazo", según el memorándum de entendimiento alcanzado con el staff del organismo multilateral.
El programa tendrá 10 revisiones que serán trimestrales y el primer desembolso será de US$ 9.800 millones, que podría ser habilitado incluso la semana próxima, una vez que el directorio le de luz verde al acuerdo entre la Argentina y el FMI.
En cuanto a los puntos claves del entendimiento, se destaca que durante el primer año habrá un financiamiento neto el FMI equivalente al 0,7% del PIB, para recuperar las reservas.
A lo que se sumaría un financiamiento extra de 2.600 millones de dólares de otros organismos multilaterales, para ayudar a cerrar el bache fiscal de este año.
Entre las pautas del convenio, otro punto fuerte es que prevé una suba en el gasto social y para infraestructura, al tiempo que no contempla la implementación de reformas en el plano laboral y previsional, lo que le quita el estigma de "ajuste" que tradicionalmente llevaron los acuerdos firmados por la Argentina con el FMI en el pasado.
En este sentido habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará el equivalente al 2% del PIB.
El acuerdo fija un paquete de metas cuantitativas para poder activar los desembolsos trimestrales, que cuenta con los siguientes puntos:
- Cuenta fiscal: una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024;
- Reservas: se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit. "Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas netas de USD 15.000 millones a lo largo del programa) y reforzará el régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg); -
- Disminución de la monetización del déficit a 1% del PBI en 2022.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a "reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia de varios frentes que incluya una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos", entre las políticas destacadas.
En este marco, para 2022 se espera que la inflación se ubique dentro de un rango de 38% a 48%; para 2023 en 34%/42%; y para 2024, el último año de duración del programa inicial con el FMI, en un rango de entre 29% y 37%, bajo un esquema gradual.
Por otro lado, el Gobierno nacional apunta a "reducir los costos de la energía y mejorar la focalización de los subsidios", pero manteniendo "asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos", de acuerdo a los objetivos del nuevo memorando de entendimiento con el FMI
En este sentido, habrá en el corto plazo una "reducción de los subsidios energéticos previstos en nuestro escenario base para 2022, guiada por criterios de equidad y justicia distributivas", se precisó.
Se explicita el nuevo esquema de segmentación tarifaria, que prevé la eliminación de los subsidios a la electricidad y el gas para el 10% de los consumidores con mayor capacidad de pago a partir del 1 de junio.
Otros parámetros relevantes del acuerdo pasan por la definición de que a fines de 2022 el Gobierno diseñará una hoja de ruta para relajar los controles de capitales, junto con la implementación de una evaluación de los programas de apoyo social, el refuerzo de la legislación contra el lavado de dinero y medidas para mejorar la recaudación fiscal, entre los que se encuentran un revalúo inmobiliario.
Con información de Télam
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