Cambiemos les regaló decenas de rutas, les construyó un aeropuerto exclusivo y hasta les permitió volar pese a los casi mil irregularidades que una de ellas registró en su primer año. Aún así, hoy los presidentes de FlyBondi y JetSmart cobran parte de su sueldo del Estado a través de la asistencia al trabajo y la producción (ATP).
Esteban Tossutti, cabeza de la aerolínea amarilla, y Gonzalo Pérez Corral, de la de JetSmart, recibieron el 7 de mayo $ 33.750 cada uno en sus cuentas bancarias como subsidio del Gobierno, corroboró El Destape. Los empleados también lo perciben, pero la segunda de estas empresas, sin embargo, les decidió recortar los salarios un 30% promedio a todos los trabajadores.
Entre febrero y agosto de 2018, el año inaugural, FlyBondi tuvo irregularidades en 887 de sus vuelos, de acuerdo a un documento presentado por la empresa a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De ellas, 105 se debieron a restricciones de operación de El Palomar por no presentar las condiciones para servir de aeropuerto comercial. Los vecinos reclaman en la Justicia por la habilitación irregular de esta base aérea militar reconvertida.
Que una porción de sus ingresos sea abonada por el Estado no le impidió a Pérez Corral volver a presionar al Gobierno para que no cierre del aeropuerto "trucho", como lo califican los denunciantes. "Cerrar El Palomar es matar todas las mejoras de conectividad que ha logrado Argentina desde 2015", le dijo el ejecutivo a Clarín el jueves, en una entrevista donde no aclaró que cobran ATP. Sinceró en cambio que aplicó una "reducción salarial promedio del 30%" al personal.
Estos no son los únicos presidentes de aerolíneas que viven de las arcas del Estado. La titular de Latam, Rosario Altgelt, también percibió sus casi $ 34.000 el 15 de mayo pasado. Al mismo tiempo, la ejecutiva de una de las compañía más grande de la región recortó el 50% de los salarios de los trabajadores de forma unilateral, pese a que el Ministerio de Trabajo se lo había rechazado poco después del DNU anti-despidos al inicio de la cuarentena.
En Chile, Ecuador, Colombia y Perú, donde los gobiernos se opusieron a defender a los empleados, la multinacional despidió a 1.800 trabajadores desde la globalización del coronavirus. Pese a las lágrimas de cocodrilo de la corporación y los subsidios que recibe en Argentina, Chile y Brasil, los accionistas no quisieron que la pandemia les evite gozar de los frutos del capitalismo. Por eso, la casa matriz trasandina repartió dividendos por U$S 57 millones el 30 de abril.
"No estaba en los planes de nadie que los grandes grupos económicos salieran a capturar los recursos de la ATP", explicó la diputada Fernanda Vallejos. La legisladora del Frente de Todos admitió en El Destape Radio que "es injusto que los grupos económicos que tienen espalda salgan a capturar recursos del programa".
El programa ATP permite que empresas soliciten que ANSES les transfiera la mitad del salario de los trabajadores por hasta dos salarios mínimos. Ante la cada vez mayor cantidad de casos de multinacionales con espalda financiera suficiente que igual acudieron a los pies del Estado por subsidios, el Comité de Monitoreo y Evaluación encomendó a la AFIP que remita al BCRA y a la CNV la nómina de empresas con más de 800 trabajadores que accedieron al beneficio del programa, confirmaron desde el Gobierno a este medio. Allí efectuarán controles para corroborar potenciales fraudes o irregularidades.
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