Luego de que Techint, La Nación, Clarín y la Sociedad Rural reciban asistencia al trabajo y la producción (ATP), comenzó a discutirse endurecer los criterios con los que el Gobierno debería entregar este plan. Recientemente le prohibió a los CEOs cobrar los casi $ 34.000 del Estado, pero en el Congreso piden ir más allá y no beneficiar a las empresas que participaron en la inédita fuga de divisas del macrismo, que llevó a la crisis de deuda actual.
El diputado nacional Pablo Carro presentó un proyecto para que se prohíba brindar ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal. Argentina no posee una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas fronteras adentro reciban asistencia financiera en el marco de situaciones de emergencia, como la pandemia, respecto de las domiciliadas en guaridas fiscales o con comprobada evasión fiscal.
Mientras las primeras abonan todos sus tributos ante la AFIP, las demás se aprovechan de complejas estructuras societarias para minimizar el pago de impuestos. La salida de dólares, además, fue la razón principal por la que el modelo de Cambiemos llevó al colapso en 2018. Las consecuencias aún siguen a flor de piel, con las negociaciones actuales entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los acreedores.
Carro se apoyó en leyes similares que se discuten y aplican en Francia, Polonia y Dinamarca. Italia también estudia unirse a la iniciativa, después de que el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, se sumó a las voces que piden poner coto a estos refugios financieros.
“En este marco de emergencia que nos encontramos es el momento de fortalecer las acciones frente a nuestros ciudadanos y priorizar a nuestras empresas en especial las que hacen un verdadero esfuerzo por contribuir a una mejor realidad para nuestro país”, enfatizó el legislador del Frente de Todos. La iniciativa fue acompañada por los diputados Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Beatriz Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito, Hugo Yasky y Juan Emilio Ameri.
Desde el Parlamento también se indagará de forma exhaustiva sobre la fuga de divisas durante el macrismo, con un informe requerido por la comisión de deuda al Banco Central. “Es muy importante avanzar en este investigación para establecer responsabilidades de funcionarios y connivencias con los fugadores, si efectivamente las hubo", explicó el diputado Itaí Hagman, integrante del órgano bicameral.
El economista espera que aparezcan coincidencias entre los últimos compradores de dólares con los que vaciaron las reservas del Central en 2001. También abrió la posibilidad de que haya sectores que fugaron y luego pidieron asistencia del Estado o empresas que hayan contraído deuda con la banca pública luego de llevarse las divisas. El legislador enfatizó que esto "es fundamental para pensar modificaciones legislativas y normativas del Banco Central para que esto no se pueda repetir en el futuro”.
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