La trampa de las privatizaciones: el caso de Enarsa que desnuda malas intenciones

El desembarco formal de Federico Sturzenegger en el Gabinete busca avanzar en una segunda etapa de mayor ajuste libertario y privatizaciones. El discurso que justifica las privatizaciones es una supuesta ineficiencia y el despilfarro de dinero público por transferencias a empresas. “La trampa de las privatizaciones justificadas en el déficit que supuestamente generan es que privatizan activos estratégicos que invertimos con nuestros ahorros todos los Argentinos y que ahora van a usufructuar los privados”, explica Manuel Valenti, directo de Ocipex, diálogo con El Destape. El caso de Enarsa es paradigmático para mostrar esta falsedad.

De acuerdo con la información brindada por la Oficina Nacional de Presupuesto y el INDEC las transferencias del Estado nacional a las empresas públicas representaron el 0,7 por ciento del PBI (1,4 billones de pesos) en 2023. Más de la mitad de esas transferencias fueron a Enarsa. En resumen, Enarsa funciona como una “gestora” de proyectos y contratos del Estado, ya que no opera ni ejecuta por sí misma ninguna obra, lo realiza todo con empresas privadas. Del total, el 68 por ciento de las transferencias fueron a la compra de gas a Bolivia, el pago de GNL y pagar a los productores de gas el precio sostén del Plan Gas. Si observamos la facturación por ventas de la empresa, en su mayoría corresponden a la venta de gas a sus distribuidoras.

Las transferencias del Estado cubren el 60 por ciento del costo del mismo y el otro 40 por ciento lo recaudan por ventas. Esto implica un subsidio tanto a productores y transportadoras, como a los consumidores de gas. “Si la empresa es privatizada, nada garantiza que estos subsidios no sigan siendo dirigidos a Enarsa o directamente a las empresas generadoras y distribuidoras de gas. Ya sucedió con Aerolíneas, AFJP y con los trenes en los ‘90”, explica un informe de la entidad que dirige Valenti.

Historia ya conocida

“El plan de Milei, y fundamentalmente de sus sponsors, es el de repetir la historia de rematar los activos e inmuebles estratégicos que construimos con el ahorro e impuestos de todos los argentinos. La gran diferencia es que el beneficio ya no es más público, sino para el interés privado”, señala el especialista. Según se argumenta en el informe de Ocipex, las transferencias a empresas públicas no significan emisión necesariamente, ni son un indicador de ineficiencia.

“Por ejemplo, en los ferrocarriles, como en aerolíneas cuando eran privadas el Estado ya le hacia transferencias a las empresas privadas que las concesionaban para pagar salarios y subsidiar el boleto. Los mismo pasa hoy con el colectivo, que lo administran empresas privadas o con la energía eléctrica. Si privatizan los trenes, hay dos opciones, o el Estado sigue subsidiando el boleto mediante la empresa privada, o el precio se va a las nubes. No es una solución”, explica Valenti.

El caso de Aerolíneas Argentinas es paradigmático en ese tema, porque la empresa tiene un modelo donde garantiza el interés nacional y de los usuarios, llegando a todo el país con conexión federal y simultáneamente generó un modelo eficiente de gestión donde fue reduciendo hasta casi anularse las transferencias a la empresa en 2023. El modelo de cielos abiertos y cerrar los vuelos internacionales más rentables es el camino para hacerla ineficiente y poder privatizarla a futuro. Mientras que YPF es el paradigma de la asociación público-privada, bajo conducción estatal y del modelo de Estado necesario en el siglo XXI.

El remate de Enarsa

En términos de inversión, Enarsa no realiza por sí misma las obras, sino que contrata empresas privadas para realizar las obras y operarlas, como en el caso del Gasoducto Néstor Kirchner (80 por ciento de la inversión) y las Represas Kirchner y Cépernic. A su vez, la operación del gasoducto como de las centrales está en manos de privados, dónde las mismas empresas, (como Techint o Sacde) producen, transportan y utilizan el gas para generación eléctrica. En este sentido, el gasoducto, también fue financiado en parte con fondos de asignación específica del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas.

Enarsa tiene, a su vez, participación accionaria mayoritaria en CITELEC, controlante de Transener y en las centrales térmicas San Martín y Manuel Belgrano, construidas y financiadas a través del programa Foninvemem (Resolución 1427/2004). Estas empresas implican ganancias para Enarsa y no requieren transferencias por parte del Estado Nacional también poseen accionistas privados y una gestión profesional.

“Durante el macrismo, Central Puerto y Pampa Energía se quedaron –a partir de la compra a precio vil—con las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López que eran de Enarsa”, destaca el informe de Ocipex. Actualmente se dirimen fuentes internas de ambas empresas que pretenden hacer lo mismo con la centrales térmicas San Martín y la Manuel Belgrano. Además, la construcción de las represas hidroeléctricas se financian con un préstamos de China que lo canaliza el PEN y realiza las transferencias, pero no implica gastos de recaudación. Luego de su finalización, Enarsa comercializaría la energía generada, al igual que en las centrales hidroeléctricas binacionales.

En la Ley Bases se incluyó como empresa a privatizar Enarsa. El plan de Javier Milei para las empresas públicas en general, y para esta empresa en particular, es desguazar y vender sus activos estratégicos. “La privatización de las empresas y sus activos, como lo demuestra la historia Argentina, no es signo de mejor servicio, ni reducción real de subsidios”, afirma a este medio Valenti. “Esto no implica que no deba revisarse el modelo de empresa y negocios de Enarsa, pero su privatización sólo implica el reparto de importantes negocios a empresas privadas sin garantizar beneficios reales para el Estado y el conjunto de los argentinos”, concluye el documento de Ocipex.