El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno Nacional pondrá en manos del sector privado la operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas que en su mayoría se encuentran a cargo de Corredores Viales S.A, empresa estatal que acumula 30 millones de dólares de déficit operacional, financiado hasta diciembre de 2023 con fondos del Tesoro Nacional.
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni detalló que “cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente”, una posibilidad que calificó de “apertura inédita hacia la transparencia”, a diferencia de “la obra pública que anidó la vieja política y funcionó como caja del delirio populista kirchnerista”.
El vocero agregó que las empresas que finalmente sean concesionarias “van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones”, y adelantó que, de esa manera, “se estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares”. Por otra parte, Adorni destacó que el Gobierno puso en funcionamiento la planta compresora de gas natural de Salliqueló, complementaria del Gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá un ahorro de cerca de 130 millones de dólares por año.
Adorni recordó que en julio de 2023 “el profesor Fernández y la presidente del Instituto Patria Cristina Fernández encabezaron un acto en el que abrieron una válvula para inaugurar simbólicamente esta planta”, una obra que quedó inconclusa en la gestión anterior y que “anteponiendo la necesidad de los argentinos, irónicamente será completada por el presidente Milei”.
El portavoz confirmó que, en línea con la racionalización del Estado, el Gobierno nacional decidió tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados “que está establecido en la Ley Bases en el marco del decreto reglamentario del empleo público”. Aclaró que “las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia” y que el examen “va a ser online para que, por supuesto, no haya subjetividad en el proceso”.
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El vicepresidente de Corredores Viales, Eduardo Márquez, había denunciado hace dos años que la renegociación de los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste acordados por la gestión macrista representaban para los privados “un negocio importantísimo que se armó sin licitación previa”, y advirtió que “hoy el peaje podría costar mil pesos”. “La renovación fue un negocio importantísimo que se armó por 10 años y sin licitación previa”, indicó Márquez a Télam, al tiempo que subrayó que “la renovación del contrato que hizo (el ex presidente Mauricio) Macri les permitía a las concesionarias reclamar un aumento de tarifa a Vialidad Nacional que rondaba los $ 1.000. Hoy el peaje podría costar $ 1.000”.
“En el contrato que les deja Macri, los cánones no pasaban a Vialidad Nacional -como ocurre en el resto de las concesiones viales- sino a manos de la concesionaria. Ni siquiera se consideraba como parte del pago de la deuda que el Estado tenía con las concesionarias sino una utilidad más de la empresa”, subrayó el funcionario. Como ejemplo, precisó que “una estación de servicio paga US$ 300.000 mensuales de canon”, y añadió: “Imaginen todo lo que hay en la Panamericana y en el Acceso Oeste”.
Por otra parte, Márquez destacó el dictamen de la Procuración del Tesoro donde dejó en claro que los hechos contractuales resultaron “violatorios de normas y procedimientos” aplicables para este tipo de concesiones, y remarcó que “no satisfacen el bien público”. De acuerdo con el dictamen, los contratos resultaron “violatorios de las normas y de procedimientos aplicables, en especial porque han dado nacimiento a nuevos vínculos contractuales, sustancialmente distintos en sus elementos esenciales, a los contratos de concesión precedentes, sin que se hubiese llevado a cabo los procedimientos de concesión o concurso públicos exigidos como regla para la selección de los co-contratantes estatales”.
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