La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados pondrá mañana en análisis distintos proyectos de ley de reparación histórica para los trabajadores damnificados por las privatizaciones de la década del 90. La sesión de la comisión, que preside la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos), se realizará desde las 15 en la sala 1 del Anexo A de la Cámara baja.
Desde hace 30 años, el conjunto de damnificados por las privatizaciones reclaman por el incumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP) que debió otorgar a los trabajadores una participación accionaria en las empresas privatizadas. Por eso los trabajadores excluidos impulsaron "diferentes iniciativas legislativas a lo largo de estos años para resarcir a los trabajadores que no cobraron lo que la ley indicaba", detalló el colectivo en un comunicado.
Los trabajadores de las empresas privatizadas de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) y Encotel (Correo) se congregarán a partir de las 14 en las puertas del Anexo de la Cámara de Diputados en apoyo a la iniciativa de la comisión. "Como tantas veces hemos movilizado al Congreso reclamando por el tratamiento de las leyes, en esta oportunidad celebramos y apoyamos este gran paso que retoma el debate y la discusión por las leyes de reparación", expresaron los trabajadores.
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La expectativa del sector es que se logre un "alivio al daño que causó al país y en particular en las familias trabajadoras el proceso privatizador". Esta iniciativa retoma tiene como antecedentes los casos de las empresas privatizadas de Somisa, Altos Hornos Zapla e YPF, cuyos trabajadores se vieron impedidos de acceder al PPP y obtuvieron respuesta a sus reclamos a través de respectivas leyes de reparación.
Las privatizaciones de los 90
Días atrás, trabajadores que se desempeñaban en empresas del Estado privatizadas en los ´90 se manifestaron frente al Congreso para exigir el avance de proyectos de ley que buscan reconocer el derecho a un resarcimiento económico por haber quedado excluidos del llamado Programa de Propiedad Participada que establecía un porcentaje de participación accionaria en las firmas vendidas a grupos económicos locales y extranjeros.
El reclamo de una reparación para las y los trabajadores mediante una indemnización por parte del Estado, en el caso de SEGBA, abarcaría a quienes se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992 y en el caso ENCOTEL, a quienes trabajaban al 24 de enero de 1992.
“Nos juntamos un grupo de personas y empezamos a caminar el Congreso Nacional, todo estos años se presentaron varios proyectos del Partido Obrero, y hoy tenemos de la senadora Silvina García Larraburu (Río Negro- Frente de Todos) y del diputado Juan Marino (PBA-Frente de Todos) con el apoyo de diputados como Hugo Yaski, Vanesa Siley entre muchas otras firmas de distintos partidos”, indicó el ex trabajador de SEGBA y dijo que a nivel legislativo demandan que se avance “cuanto antes” en la Comisión de Trabajo para pasar luego a la Presupuesto, considerando que algunos de los trabajadores llegan ya a los 80 años y teniendo en cuenta además la renovación de bancas en el año electoral.
La iniciativa de Yasky reconoce que, tras concretarse la privatización de Gas del Estado, una serie de resoluciones de los entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, limitaron el acceso de una gran cantidad de trabajadores ya que restringieron el PPT “sólo a los empleados que estuvieran en relación de dependencia al momento de la firma del acuerdo general de transferencia, cuando la ley 24.076 hablaba de un momento anterior”. En otras palabras, se excluyó a trabajadores que fueron despedidos como consecuencia de la privatización, cuando correspondía lo contrario.
Entre los fundamentos del proyecto que ingresaría en breve al Congreso se destaca que el proceso de privatizaciones “implicó no sólo que el Estado dejara de hacerse cargo de dichas empresas sino, principalmente, la transferencia de millones de pesos a los sectores más concentrados del capital, mayoritariamente empresas extranjeras y también grandes grupos locales”.
Luego de asumir la presidencia el gobierno de Carlos Menem inició un programa de privatizaciones cuyas consecuencias se mantienen vigentes en la actualidad. “Con la sanción de la ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, a partir de la cual quedaron sujetas a privatización las principales empresas de propiedad estatal, se inicia una nueva fase en cuanto al papel del sector público en la Argentina, con la emergencia de nuevos mercados para la actividad privada”, explicaron en un informe sobre el tema los economistas Daniel Azpiazu y Martín Schorr.
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