Un informe privado, en línea con la separata de Massa, vinculó la importancia del equilibrio fiscal y el rol central del Estado

Con el título “Rol del Estado, las bondades del equilibrio fiscal”, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal publicó un documento con las recomendaciones de algunas directrices para alcanzar el equilibrio fiscal, que bien podrían ser de utilidad para Sergio Massa en caso de llegar a la Presidencia en las elecciones 2023. Si bien no se la menciona, el trabajo está en línea con la separata incluida en el Presupuesto 2024 enviado por el ministro-candidato al Congreso. Tal iniciativa, que aboga por discutir una serie de gastos y beneficios tributarios al sector privado solo cobraría vigor legislativo en caso de que UP acceda a la Presidencia.

Por otro lado, si bien el IARAF ponderó el rol del Estado –a diferencia de los libertarios que pretenden abolir casi todas sus funciones-, sus técnicos no perdieron oportunidad para insistir con algunos de los mitos autoconstruidos por el propio liberalismo, como por ejemplo que la inflación es exclusivamente una consecuencia de la expansión monetaria o concebir la problemática de la evasión como un reflejo de una alta carga tributaria. Para este instituto, no existirían las estructuras contables y legales que le permitirían a grandes empresas eludir algunas responsabilidades fiscales.

Equilibrio

“El rol del Estado debe ser la provisión de estabilidad a variables macroeconómicas claves, especialmente los ingresos de la sociedad, los precios y el nivel de empleo”, sostuvo el IARAF al inicio de su informe “Las bondades del equilibrio fiscal”. Una relectura de esta premisa podría ser lo que alguna vez mencionó Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de alinear precios, salarios y tarifas, triada que, a su entender, no fue del todo controlada.

El IERAF sostiene que el equilibrio fiscal le permitiría al Estado garantizar una prestación física de bienes y servicios públicos (salud, educación, seguridad, justicia), independientemente de las contingencias económicas de corto plazo. Y para ello, sería clave “la conformación de fondos estabilizadores financiados con recursos generados en tiempos de prosperidad”. “Resulta sumamente importante la generación de reglas e instrumentos fiscales para enfrentar bajo mejores condiciones los ciclos económicos y sus efectos. Teniendo en mente estos objetivos, surge la idea de contar con fondos estabilizadores que funcionen constriñendo a las administraciones públicas a acumular recursos en las fases expansivas de la economía y permitan disponer de esos recursos en los períodos de crisis”, indicaron desde el Instituto de Análisis Fiscal.

Una mirada desde la heterodoxia podría recomendar su financiamiento con el excedente de rentabilidad de sectores exportadores más no sería la propuesta de la ortodoxia; o con la reducción de algunos privilegios fiscales como los incluidos en la separata del Presupuesto 2024. Luego de analizar el rol de estos fondos estabilizadores, el IARAF se metió con la inflación. “El equilibrio fiscal implica la eliminación del impuesto inflacionario que se genera cuando el déficit fiscal se financia con la emisión de moneda. Este impuesto no legislado es uno de los más regresivos de los impuestos, penalizando a las personas de menores ingresos de la sociedad”, indicaron.

Sin embargo, dicho planteo -muy arraigado por las anteojeras de la ortodoxia económica-no sería tan así. La inflación no necesariamente se relaciona con la expansión monetaria. De hecho, la escalada de precios de este 2023 podría ser un ejemplo de lo contrario. Según el último informe monetario del BCRA, el saldo promedio de la Base Monetaria fue de $7.203 miles de millones, lo que implicó una expansión mensual de 10,2% ($670 mil millones) a precios corrientes.

“No obstante, ajustada por estacionalidad y a precios constantes habría exhibido una expansión de 1,3%, acumulando en los últimos doce meses una caída del 32,6%. Como ratio del PBI, la base monetaria se ubicaría en 3,2%, manteniéndose estable respecto al guarismo de septiembre y situándose en su mínimo valor desde la salida de la convertibilidad”, puede leerse en el informe de la autoridad monetaria.

Por último, el Instituto de Análisis Fiscal aboga por la necesidad de contar con una carga tributaria previsible “que genere las bases para decisiones que implican hundir capital con horizonte de largo plazo”. “El equilibrio fiscal baja el riesgo que un Estado pueda tomar en el futuro decisiones que impliquen subas de impuestos y pérdidas de rentabilidad. Los impuestos distorsivos tienen dos efectos: se disminuye la rentabilidad privada y además se agudiza una ineficiente asignación de recursos. Si la carga tributaria se hace muy elevada, aparecen incentivos a la evasión tributaria, lo que termina generando una mayor ineficiencia en la asignación de los recursos”, concluye IARAF.

¿Separata o privilegios?

Massa parece dispuesto a discutir y eliminar una serie de “beneficios fiscales” al sector privado con el objetivo de lograr un superávit fiscal del 1% para 2024; por eso envió al Congreso el detalle de todos los gastos tributarios incluidos dentro del Presupuesto. Pero dicha iniciativa sólo prosperaría en caso de que UP gane las próximas elecciones.

La cuestión excede largamente el debate sobre el déficit fiscal. Si el debate está centrado en cómo se asignan los recursos, sería loable analizar de manera pormenorizada las transferencias que reciben grandes empresas concentradas, como pueden ser algunos medios audiovisuales, la medicina prepaga, la minería y los productores agropecuarios. Es decir, una serie de subsidios vip en un país que posee el 40% de su población bajo la línea de pobreza.

Estos gastos tributarios y otros beneficios impositivos – como por ejemplo la exención del Impuesto a las Ganancias que favorece a los funcionarios del Poder Judicial-, representan cerca del 4,72% del PBI. Es decir, son recursos que el Estado deja de recaudar y son transferidos de manera indirecta para abultar las rentabilidades de un conjunto de empresas junto a sus directivos.

Dentro de este total, el gasto tributario específico alcanza al 2,34% del PBI, del cual 1,73 puntos corresponden a normas de los impuestos y 0,61 puntos a regímenes de promoción económica.