El gobierno de Javier Milei apunta a gobernar 2024 con una prórroga del Presupuesto 2023 y no se encuentra, en estos momentos, elaborando uno alternativo al que había hecho la gestión de Sergio Massa. De esta forma, podrá reasignar partidas a discreción y utilizar partidas que faciliten el ajuste que planea hacer para llegar al déficit cero.
El Presupuesto 2024 entró formalmente al Congreso, como indica la ley, el 15 de septiembre pasado. Pero eso es ya la prehistoria, ya que aquel proyecto enviado por Massa dejó virtualmente de existir al momento en que Milei se convirtió en presidente electo.
Por eso, la disyuntiva del gobierno de La Libertad Avanza es si elaborar un presupuesto nuevo, acorde a su nivel de ajuste, a sus prioridades de gestión y a su nuevo organigrama, o simplemente prorrograr el Presupuesto 2023.
El dato formal es que el envío de un nuevo presupuesto no fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias que Milei decretó este mismo martes, pero también es cierto que podría ampliar el temario luego ya sea con este u otro proyecto.
Sin embargo, según pudo saber El Destape de fuentes oficiales, el Gobierno apunta a prorrogar el Presupuesto 2023 y en los planes del Ministerio de Economía no se encuentra, en estos momentos, confeccionar ningún nuevo proyecto de Presupuesto 2024 alternativo al de Massa.
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Los incentivos de Milei para prorrogar el Presupuesto
Más allá del usual argumento de no conocer "el estado real del Estado" como excusa para tardar en dar números concretos, lo cierto es que al no elaborar un nuevo presupuesto el Poder Ejecutivo actúa con total lógica, ya que tiene todos los incentivos para prorrogar el presupuesto existente y evitar así un camino engorroso. Tal como, en definitiva, hizo el propio Alberto Fernández en su primer año de gobierno.
En primer lugar, de enviar un nuevo presupuesto al Congreso, Milei se arriesgaría a sufrir un rechazo en ambas cámaras, con solo 38 diputados y 7 senadores propios. En todo caso, juntar una mayoría para aprobarlo requeriría de acuerdos con el PRO, Unión por la Patria o la UCR por los que seguramente debería ceder en otros puntos clave como el trámite legislativo del DNU o la Ley de Reforma del Estado.
Además, de este modo el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tendrá la potestad de reasignar partidas a discreción, aprovechando que, ante las actuales circunstancias de fuerte aceleración inflacionaria, será difícil prever números finos y concretos en el mediano plazo de los 12 meses de 2024. Así, la Administración Pública Nacional también se arriesga menos a quedar expuesta a posibles subejecuciones de cada dependencia.
Por otro lado, una incomodidad que el Gobierno evita es la de tener que exponer sus proyecciones para 2024 en cuanto al tipo de cambio, la inflación total o el crecimiento del PBI. Sobre todo cuando, como quedó demostrado este año, suelen distar de cumplirse. También, si lo necesitara, puede flexibilizar de hecho su meta de déficit cero sin tener que trastocar formalmente gastos asignados.
Más fundamentalmente, Milei también puede, de esta manera, disimular mejor la magnitud exacta del ajuste. Especialmente, de cuánto será en cada una de las dependencias y organismos estatales, evitando incómodas comparaciones con las partidas de este año. Inversamente, allí donde sí quiere exponer el ajuste tiene la excusa perfecta para hacerlo y darle alguna medida concreta, como al decidir el congelamiento del plan Potenciar Trabajo según los montos actuales.