El Gobierno nacional volvió a festejar un superávit en base al programa de ajuste presupuestario y licuación de ingresos llevado adelante desde la cartera que conduce el ministro Luis Caputo. De acuerdo a un comunicado oficial, durante septiembre “se registró un resultado primario de 816.447 millones de pesos y un superávit financiero de $466.631 millones, luego del pago de intereses netos de tenencias intra sector público”. Lo que no exhibió el ministerio de Economía fue el desagregado de la ejecución presupuestaria con caídas reales en los servicios sociales, vinculadas a la inversión pública en las provincias.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Programa Políticas Alimentarias, que incluye la Tarjeta Alimentar, sufrió en lo que va del año un recorte real de 29% interanual, mientras que la actividad presupuestaria de Comedores Comunitarios y Merenderos, que forma parte del Programa de Políticas Alimentarias, cayó un 85% en términos reales.
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La historia oficial
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía, el superávit financiero alcanzado el mes pasado contrastó “con el déficit registrado en septiembre de 2023, que a precios actuales fue equivalente a casi $1.600.000 millones”.
“En los primeros 9 meses del año, el Sistema Público Nacional acumula un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y un superávit financiero de casi 0,4% del PIB”, explicaron desde el Palacio de Hacienda
El tan mentado superávit se consiguió gracias al plan motosierra del gasto público y la licuación de ingresos de los trabajadores y jubilados. La versión oficial de Caputo es que “en los primeros 9 meses del año el gasto primario se redujo 30% interanual en términos reales. Los rubros que registraron las mayores bajas son Gasto de Capital (-79%), Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias (-70% ) y Resto de Gasto Corriente (-52%), que incluye otras erogaciones como las transferencias para cubrir el déficit de parte de las empresas públicas.
Detrás de esos recortes con impacto en cada una de las provincias existen trabajadores y trabajadoras que se vieron afectados, como así también los sectores con fuerte dependencia de los ingresos estatales.
Otra historia
Si bien la Asignación Universal para la Protección Social (AUPS) se incrementó un 22% en términos reales entre enero y septiembre, los montos nominales de dichas transferencias quedaron licuados frente a la suba de precios ocurrida a partir de la devaluación de diciembre del año pasado.
A este escenario se le suma los recortes acontecidos en otros programas claves. Para el CEPA, la ejecución real del gasto público sufrió en septiembre una caída de 31% interanual en términos reales. “Se observan fuertes ajustes en Seguridad Social (Anses -18%) y Desarrollo Social (Potenciar Trabajo -79%, Economía Social -99%, Comedores comunitarios -85%)”, puede leerse en su último informe de coyuntura.
En materia de transporte y obra pública, los programas de Construcción de Rutas y Obras de Pavimentación, y Túneles y Puentes tuvieron caídas reales del 92% y 95% respectivamente. “Similar suerte corrió el Programa de Construcción de Rutas Seguras, que cayó 86%. Las Asistencias Financieras a los municipios cayeron el 100%. Mientras que el programa de Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios cayó el 100%, y el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo cae el 100%”, concluyó el CEPA.