Esta semana, el Senado de la Nación avanzaría finalmente en el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que, con media sanción de Diputados, busca actualizar las partidas presupuestarias cada dos meses y de acuerdo con la inflación, así como mejorar los salarios de la actividad. Mientras continúan las acciones de protesta en todo el país y el Gobierno asegura que “se viene otro veto” similar a lo ocurrido con la movilidad jubilatoria, un informe mostró que, pese a que el argumento central del Ejecutivo es evitar "que se rompa el equilibrio fiscal”, lo cierto es que el ajuste que recae sobre los fondos para la educación superior equivale a los recursos que el Ejecutivo decidió resignar para beneficiar a los sectores más ricos del país.
Sobre ello, “el esfuerzo fiscal previsto para la actualización de recursos del sistema universitario es equivalente al que se realiza para el blanqueo y beneficio de los sectores más ricos del país (0,14%) y queda por debajo del derivado del régimen de promoción industrial de Tierra del fuego (0,22%)”, detalló un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (RA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En ese sentido, destacaron que “en un contexto de restricciones presupuestarias, resulta fundamental garantizar que el desarrollo del sistema universitario no solo reciba el apoyo necesario para funcionar adecuadamente, sino que también se considere una inversión estratégica para el país, vital para la formación profesional y el progreso social”.
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A ello se suma la grave situación de las y los trabajadores docentes y no docentes, que perdieron un cuarto de su salario en ocho meses al punto de que más del 85% se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Prioridades libertarias
La situación de las universidades del país continúa agudizándose en el marco del programa económico de La Libertad Avanza atado a un fuerte ajuste fiscal en partidas como las destinadas al funcionamiento educativo y a las condiciones de vida de las y los trabajadores del sector. Al borde de no poder seguir funcionando, los datos en materia presupuestaria muestran que, entre enero y agosto de este año, las universidades recibieron 30,1% menos de recursos, y si bien se espera que este jueves el Senado avance en el tratamiento en recinto, la advertencia de veto desde el Ejecutivo mantiene en alarma a todo el sector, en un segundo semestre que continúa atravesado por paros y una nueva marcha federal en agenda.
“No se admite la postergación en la aprobación de esta Ley de Financiamiento Universitario que fija un piso de solución a la situación de emergencia de la Universidad Pública hoy. Salarios, FONID, obras sociales, subsidios para investigación y extensión, becas, edificios, equipamiento, servicios, han tocado fondo. Cada día que pasa se consolida la política de postración de la universidad pública implementada por el Gobierno Nacional”, indicó un comunicado firmado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN de cara a lo que suceda esta semana.
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En este escenario, un informe puso en cuestión el argumento del oficialismo respecto de la imposibilidad de actualizar los recursos de las universidades nacionales para evitar afectar las arcas públicas: “el ajuste que el gobierno hace en la educación universitaria es igual a los beneficios impositivos que les otorga a los sectores más ricos”. Así lo señaló la investigación Desigualdad fiscal: la brecha entre la Inversión en educación y las exenciones a sectores más ricos del Centro para la Recuperación Argentina (RA) de la UBA al detallar que “la actualización del conjunto de los gastos de funcionamiento tanto de universidades como de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes equivale a un esfuerzo fiscal del 0,14% del PBI (Oficina de Presupuesto del Congreso), un impacto en las cuentas mucho menos oneroso que los beneficios de la reciente reforma fiscal”.
Sobre ello, el informe advierte que los fondos que se requieren para actualizar las partidas del sistema universitario “son equivalentes al que se realiza para el blanqueo y beneficio de los sectores más ricos del país vía la reducción del pago de Bienes Personales (0,14% del PBI) y menores al costo del régimen de promoción industrial de Tierra del fuego (0,22%)”.
Por el lado del impuesto a los Bienes Personales, el gobierno introdujo un incremento del mínimo no imponible (100 millones de pesos) y una reducción de las alícuotas para quienes tributan ese impuesto. “Con estas modificaciones y en base a los últimos datos de tributación (año 2022) se estima que la caída en la recaudación por Bienes Personales sería de aproximadamente un 25% pasando de representar un 0,52% del PBI a un 0,38%. Así la reducción impositiva a los sectores con mayores recursos de la sociedad equivaldría a la misma cuantía que la necesidad de presupuesto proyectada por el Congreso”, explicaron desde el Centro RA.
Asimismo, aclararon que “la proyección realizada es con las modificaciones inherentes al primer año del ejercicio fiscal sobre el que recae el impuesto, por lo que esta pérdida de recaudación se incrementará en el tiempo”.
Otro aspecto sobre el que ponen el ojo es que “a pesar de un espíritu contrario al de la promoción de regímenes especiales, llamativamente se mantuvo en curso el más destacado de, el subrégimen industrial de Tierra del Fuego con un costo estimado de pérdida de recursos para el Estado en torno al 0,22% del PBI”. Frente a ello, destacan que “resulta evidente que el presupuesto para la actualización de recursos del sistema universitario es menor que el costo de sostener este régimen”.
Según los investigadores de la UBA, dicho régimen especial de beneficios fiscales y aduaneros para la provincia, “dada su configuración actual no promueve la agregación de valor en Tierra del Fuego, los incentivos están ligados a la facturación total de las empresas promocionadas y no al valor agregado que éstas generan”. En otras palabras, “el beneficio que obtienen las empresas del crédito fiscal por IVA es independiente de la fracción de insumos que importan, siendo así percibido en proporción a las ventas y no al valor agregado”. Por su preponderancia en la matriz productiva fueguina, “se destaca la dependencia de los insumos importados que tiene la industria electrónica radicada en la isla y su orientación casi exclusiva al mercado interno”.
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De esta manera, los economistas advierten que “el análisis del esfuerzo fiscal para la actualización de recursos del sistema universitario revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado” ya que “con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14% del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”.
Salarios de pobreza
Si bien desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación aseguraron en un comunicado oficial que los salarios de los docentes universitarios registraron en este año una recuperación en su poder de compra por arriba del 70%, un informe elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo (CETyD-UNSAM) evidenció que los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales están atravesando un proceso acelerado de pérdida de poder adquisitivo ya que “mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024 la inflación fue del 136%, los salarios de docentes y no docentes universitarios crecieron 80%”.
Al respecto, esta magra evolución tiene lugar en un escenario generalizado de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, no obstante “la situación de los trabajadores universitarios se destaca por la mayor magnitud de la caída salarial, ya que en tan sólo ocho meses perdieron cerca de un cuarto del poder adquisitivo”. En detalle, “al comparar con otros colectivos se observa que, mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario promedio de los trabajadores formales del sector privado perdió 2% de su poder adquisitivo y el de los empleados de la administración pública nacional se redujo 10%, en el mismo período la contracción fue del 24% para docentes y no docentes de las universidades”.
Lo anterior llevó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a plantear la "emergencia salarial" en tanto “los salarios de más del 85% de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza, a la vez que más del 60% de las y los no docentes se encuentran en esa situación”.
Como consecuencia, el 92% de las y los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza, al tiempo que el 87% con 10 años de antigüedad está en dicha situación. En el caso de no docentes, el 79% sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza y el 63% con 10 años de antigüedad tiene un salario debajo de lo mínimo para subsistir.
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