En un contexto de fuerte crisis económica y social, el gasto público destinado a servicios sociales en 2025 sería el menor desde 2010. Los recortes más significativos se concentran, además, en áreas cuyo desfinanciamiento compromete directamente las condiciones de vida de los sectores populares: Agua Potable y Alcantarillado (-57%), Vivienda y Urbanismo (-47%), Educación y Cultura (-40%).
En ese esquema, el Presupuesto 2025 enviado por el gobierno nacional para el próximo año no compensa los ajustes que ya vienen sufriendo esas partidas, ya que casi la mitad de los recortes recaen en la reducción del gasto social durante el bienio 2023-2025. Luego, con un tercio del ajuste, le sigue la quita de recursos aplicada a los servicios económicos (reducción de subsidios a las tarifas), un 10% corresponde al pago de deuda y un 7% a los gastos gubernamentales.
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“El recorte del presupuesto en servicios sociales ha sido una parte fundamental en el logro del superávit fiscal por parte del Gobierno”, indicó un informe fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que alertó, a su vez, que “la regla de equilibrio fiscal, sumada a las proyecciones macroeconómicas del presupuesto que prevén una inflación considerablemente menor a estimaciones privadas, indican que los recortes podrían ser aún más profundos”.
El recorte en cloacas y vivienda
Según los datos del Proyecto de Presupuesto 2025, el gasto total de la Administración Nacional en 2025 sería, considerando el impacto de la inflación, un 4,3% mayor respecto a lo que se espera ejecutar en 2024, pero un 24% menor en comparación con lo devengado en 2023. En el caso puntual del gasto total en servicios sociales, para 2025 el proyecto enviado al Congreso muestra un crecimiento con respecto a este año, pero que “resulta muy insuficiente para compensar las reducciones que se vienen dando desde 2022 y que se exacerbaron este año” según el último informe fiscal de ACIJ. De esa manera, se evidencia un aumento que queda muy lejos de recuperar niveles anteriores a 2024.
En lo concreto, dentro del gasto total los Servicios Sociales representan el 71,1% y “aunque este rubro muestra un crecimiento real del 9% en relación a lo que se espera ejecutar este año, caería un 17% al compararlo con el gasto de 2023 y, excluyendo el presupuesto de 2024, el de 2025 sería el menor gasto en servicios sociales desde 2010”, detallaron. Los recortes del lapso 2023-2025 se concentran en Agua Potable y Alcantarillado (-57%), Vivienda y Urbanismo (-47%), Educación y Cultura (-40%).
En ese sentido, además de los datos sobre el gasto, resulta clave analizar cuáles son los sectores de la población más afectados ya que “la consolidación de los recortes presupuestarios y los techos impuestos a los gastos discrecionales impactan desproporcionadamente en los grupos más vulnerables de la población”. En el marco de la fuerte caída en la actividad económica en 2024 se produjo un sostenido deterioro de los ingresos, y las personas en situación de pobreza aumentaron 11 puntos llegando al 52,9% de la población, mientras que la indigencia alcanzó el 18,1%. Por su parte, el desempleo aumentó un 23% interanual en el segundo trimestre de 2024 y también se incrementaron las brechas de ingreso entre el decil más rico y el más pobre de la población.
En comparación con otros rubros, “la mayor parte de la reducción del gasto durante 2023-2025 se explica por los Servicios Sociales. Luego un tercio se vincula a la caída en servicios económicos (las tarifas), un 10% al pago de deuda, un 7% a los gastos gubernamentales”, detalló el documento al que accedió este medio.
Asimismo, se señaló que “aunque el Poder Ejecutivo plantea compensar los efectos de la política macroeconómica a través de un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la realidad es que, entre 2023 y 2025, el incremento de la AUH solo representa el 27% del recorte llevado a cabo en partidas destinadas a promoción y asistencia social, vivienda y urbanismo, trabajo, y agua potable y alcantarillado”. Es decir, el aumento en ese programa fue equivalente a sólo un cuarto a lo que se dejó de gastar en otras políticas sociales.
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En Educación y Cultura, por ejemplo, aunque el gasto muestra un crecimiento en relación a 2024, en términos reales estaría un 40% por debajo de lo ejecutado en 2023. Esta reducción se manifiesta en varias áreas: desde la consolidación de recortes en el sistema de educación superior, hasta la discontinuidad de programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo de Incentivo Docente. Además, las becas Progresar sufrirían una disminución del 63% en comparación con 2023. Se suman el retroceso en las políticas contra la violencia de género y en programas de salud sexual y reproductiva, evidenciado por la ausencia de financiamiento para el Programa Acompañar y la Línea 144, así como recortes significativos en Educación Sexual Integral y la prevención del embarazo adolescente.
Otro punto no menor tiene que ver con la discusión respecto de los llamados gastos tributarios sobre los que desde ACIJ indicaron que “mientras el gasto en servicios sociales para 2025 está lejos de compensar reducciones de otros años, el proyecto mantiene los privilegios fiscales para los sectores de más altos ingresos, agudizando la desigualdad del sistema”. Un análisis de dicho apartado arroja que estos se mantienen e incluso en algunos casos aumentan, estimando que el Estado dejará de percibir impuestos equivalentes al 3,58% del PIB ($27.025.062,8 millones de pesos), superando lo proyectado para 2024. Las pérdidas fiscales previstas para 2025 producto de los regímenes de Economía del Conocimiento y de Tierra del Fuego, por ejemplo, suben en relación con 2024 un 0,02% y 0,03% del PIB, respectivamente.
Se trata de recursos que el Estado deja de recaudar por ofrecer facilidades tributarias, alícuotas reducidas o regímenes de promoción industrial a ciertos sectores o actividades y “aunque algunos pueden reducir la desigualdad, como la deducción del IVA en alimentos para sectores de bajos ingresos, muchos benefician a sectores de altos ingresos convirtiéndose en privilegios que agravan la regresividad de la política fiscal, operan en un marco de opacidad alarmante y no se someten a evaluaciones para corroborar si son el mejor medio para alcanzar los objetivos que se proponen”, valoraron.
Qué puede pasar con gastos no indexados
Según el mismo informe, las partidas no indexadas como Programas Sociales (que surjan de normas diferentes a Ley), subsidios económicos (energéticos, transporte) gastos de capital (construcción de jardines, infraestructura socio-urbana) y partidas socio-ambientales (manejo del fuego, desarrollo de energías renovables) podrían sufrir un ajuste por dos vías: un recorte nominal si los ingresos son menores a los esperados o una caída en términos reales si la inflación supera lo proyectado.
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Entre algunos casos puntuales de mencionó la situación del Plan Nacional de Alfabetización, que representa el 0,6% del gasto público y "es particularmente vulnerable a la regla fiscal" ya que gran parte de sus fondos se destinan a bienes de consumo, específicamente a la producción y distribución de libros y materiales educativos. “Ante desviaciones en la proyección de ingresos, los recortes se aplican proporcionalmente sobre los gastos discrecionales. Si la inflación supera la proyección, esto implica una menor capacidad de adquirir libros y materiales, afectando directamente el alcance del programa”, advirtieron.
Por otro lado, el Proyecto de Presupuesto también propone eliminar la indexación de las asignaciones familiares, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad si se decide reducir el gasto. El riesgo de esta medida es que, “si las asignaciones no se actualizan adecuadamente, las familias de menores ingresos con niñas y niños verán sus ingresos disminuidos al verse afectadas las transferencias que reciben por parte del Estado".
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