El Gobierno presentó esta semana oficialmente el Presupuesto 2025, el primero de la gestión libertaria ya que para este año prorrogó el vigente en 2023, lo que le posibilitó un manejo totalmente discrecional de los fondos. Entre los puntos centrales del proyecto de ley que ahora deberá debatir el Congreso hay dos aspectos que no pasan desapercibido en tanto impactan directamente sobre las y los trabajadores: por un lado, se propone derogar la movilidad vigente para la actualización de las asignaciones familiares que cobran quienes tienen empleo en relación de dependencia, principalmente ingresos medios y bajos, y por otro, se duplica también el componente impositivo del monotributo el año próximo.
En esa línea, el presupuesto planteado sobre la idea de nada puede “atentar contra el equilibrio fiscal" a la par que reduce el peso del impuesto a los más ricos (Bienes Personales) en un 22,7%, incrementa el rol de Ganancias (por la mayor cantidad de trabajadores aportando) y, en complemento, hace crecer 196,9% la recaudación del Monotributo, generando señales de alerta en la medida en que implicaría un fuerte incremento de la cantidad de aportantes, posiblemente trabajadores registrados que pasarían a aportar por cuenta propia. Todo esto no puede dejar de vincularse con la propia reforma laboral contenida en la “Ley Bases” que, entre otros ejes, planteó una mayor flexibilización en las contrataciones a partir de dar lugar a la figura del “trabajador independiente con colaboradores” que pretende reemplazar la relación de dependencia por contratos de servicios/monotributismo.
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En tal esquema, el Ejecutivo ratificó su programa de gobierno en torno al equilibrio fiscal, pero a costa de una economía real que sigue mostrando caídas significativas, el deterioro del poder adquisitivo de la población y la mayor carga impositiva sobre los sectores del trabajo, mientras espera, vía recesión y ancla del tipo de cambio, continuar con la baja de la inflación. Ello a la vez que profundiza el ajuste sobre del gasto público, con un nivel de actividad afectado por la contracción de la demanda, pero aún así esperando en tal recesión -según la letra de la hoja de ruta presupuestaria- que la economía crezca 5% en 2025.
Motosierra al bolsillo trabajador
Mientras el gobierno repite que mantener el equilibrio fiscal será un "compromiso ineludible de gobierno" el proyecto de ley del Presupuesto de gastos y recursos del Estado introdujo una serie de modificaciones que, por ejemplo, fijan la derogación de la movilidad vigente para actualizar el valor de las asignaciones familiares.
En lo concreto, el artículo 68 del proyecto deroga los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N°27.160 que garantizaba que las asignaciones previstas en el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares “serán móviles” y el cálculo del índice de movilidad se realizará según la ley de movilidad previsional, a la vez que aseguraba que “en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir una disminución del valor de la asignación” y determinaba que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es la encargada de actualizar los montos. De esa manera, ahora se ajustarán según los cambios determinados en el DNU 274/24.
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“Buscan derogar la movilidad de las asignaciones familiares. Eso implica congelarlas en términos nominales. Una medida tremendamente antilaburante, pero también anti empresarial”, señaló públicamente el economista y diputado nacional Itai Hagman sobre el impacto en este ingreso que complementa el salario de quienes trabajan de forma registrada, sobre todo de ingresos bajos y medios.
Otro cambio que impactará directamente en las y los trabajadores tiene que ver con el incremento previsto en el monotributo que, según el mensaje del presupuesto, aumentaría 196%. Según el texto, la presión impositiva crecerá del 22,3% del PIB en 2024 al 22,9% en 2025 pero con medicaciones en su composición ya que mientras deja de tener vigencia el Impuesto País y cae de forma significativa (-22,7%) el aporte de Bienes Personales (el tributo que grava la riqueza cumulada de los multimillonarios) por los beneficios otorgados en el paquete fiscal que impulsó el gobierno nacional, aumenta la recaudación (+41,1%) del impuesto a las Ganancias que pasa de 4,4% al 5,1% del PBI (se estima que más de un millón de trabajadores y jubilados empezaron a pagar desde que el gobierno modificó la ley) así como del Monotributo que pasará del 0,04% al 0,09% del PBI, ello debido a una mayor cantidad de contribuyentes y al alza en las cuotas.
“El gobierno piensa multiplicar por tres el componente impositivo del monotributo en 2025, año en el que espera una inflación del 18%”, analizó el economista Nicolás Dvoskin en la red social X sobre el impacto de la mayor carga tributaria en cuentapropistas y trabajadores precarizados. Según el especialista, una explicación “factible” para semejante incremento puede buscarse en “la puesta en práctica de la reforma laboral y que haya asalariados formales que se conviertan en monotributistas o colaboradores. Eso puede pasar, pero sería un resultado social muy regresivo e indeseable”, consideró.
Se suma, desde el lado de la presión impositiva, el incremento previstos en el Impuesto a los Combustibles, que más que duplican su incidencia en la recaudación (de 0,38% al 0,73% del PBI) creciendo 155,2%, y que tendrá impacto en el precio de la nafta.
De esta manera, a contramano de las promesas electorales, la gestión libertaria continúa profundizando la suba de impuestos, que golpean sobre todo el bolsillo de la población, con excepción de los grandes contribuyentes que gozan de los beneficios aprobados en el paquete fiscal con incremento del mínimo no imponible (100 millones de pesos) y reducción de las alícuotas para quienes tributan ese impuesto, al punto de que la caída en la recaudación sería de aproximadamente un 23%.
En esta línea, un informe reciente del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) reveló que “los trabajadores destinan un 45% de sus ingresos al pago de impuestos y el 1% más rico solo aporta el 20% de lo que gana”. Según el espacio “las políticas del gobierno profundizan esta desigualdad y esto se expresa también en el Presupuesto 2025”. Esto se da en un marco donde, en la región tan solo 2 personas concentran tanta riqueza como los 334 millones de personas más pobres.
Las dudas sobre la inflación
Entre los principales números del Presupuesto propuesto para el próximo año un dato que despertó la atención de diferentes analistas tiene que ver con la proyección de la inflación. Por un lado, para diciembre de 2024 se estimó un índice de Precios al Consumidor (IPC) de 104,4% interanual, esto implicaría una inflación mensual del 1,4% para los meses que restan del año, luego de que en agosto volviera a posicionarse en torno al 4% y que, a diferencia del optimismo del gobierno, las proyecciones del mercado la ubican en torno al 3,5% mensual. Al tiempo que para diciembre de 2025 se estima una suba punta a punta en torno al 18,3%.
“Estas previsiones están por debajo de las expresadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM- BCRA) que tiene un aumento del IPC de 122,9% en diciembre (+18,5 puntos respecto a la proyección de presupuesto) y del 38,4% en diciembre del próximo año (+20,1 p.p. respecto a la proyección de presupuesto)”, señaló un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). De igual manera, según las proyecciones de EPyCA Consultores, la inflación en 2024 terminaría siendo de alrededor del 220% (IPC promedio anual) en tanto que se advirtió que, para que se cumplan los guarismos oficiales en 2025, “la inflación debería bajar a 0,8% mensual a fines del año que viene”.
En relación, el nivel del tipo de cambio nominal se estima en $1.019,9 por dólar para el cierre de este año y de $1.207 para cerrar el 2025, lo que implicaría una variación interanual de 18,3% (en línea con el IPC). Por su parte, el REM refleja un tipo de cambio de $1.025,4 por dólar para diciembre y de $1.514,6 para fines del año próximo (+47,7% interanual).