Tras la reunión en comisión por la separata del miércoles pasado, el debate en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2024 entrará en pausa hasta después del balotaje de las elecciones 2023 del próximo 19 de noviembre, con la idea de que sea tratado directamente con el impulso del nuevo gobierno electo, sea cual sea.
El Gobierno presentó el Presupuesto 2024 en Diputados el 15 de septiembre pasado, tal como corresponde por ley. Sin embargo, por esos días el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, accedió al pedido de Javier Milei de posponer el debate en la Cámara baja hasta después de las elecciones generales.
Según pudo saber El Destape de fuentes del Palacio de Hacienda y del bloque oficialista en Diputados, ahora, sin pedido formal pero gracias a un acuerdo entre los principales bloques parlamentarios, esa misma premisa se renovó de cara al balotaje entre ambos candidatos que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, por lo que el tratamiento quedará para después de esa fecha.
Desde la bancada del Frente de Todos aclaran que se trata de algo usual para los años de elecciones presidenciales porque "imponer un Presupuesto al próximo gobierno es injusto" y que eso vale incluso si el peronismo resulta vencedor. En este caso, es probable que el tratamiento se busque antes del 10 de diciembre, ya que tras esa fecha el FdT tendrá 20 diputados menos.
En el bloque oficialista aclararon, precisamente, que no necesariamente el Presupuesto introducido el 15 de septiembre será el definitivo, sino que existe la posibilidad de que se cambie y se mejore en caso de que Massa sea electo.
De hecho, el proyecto de ley actual fue presentado antes del tratamiento de otras leyes que evidentemente van a trastocar las partidas previstas por el Ministerio de Economía para el próximo año y, especialmente, la meta de déficit de un 0,9% del PBI.
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En primer lugar, la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores que el Congreso sancionó a fines de septiembre. El déficit extra que representa la ausencia de esta recaudación fue cifrado en un 0,6% por Guillermo Michel, titular de la Aduana y mano derecha de Massa en Economía. Si bien el equipo económico espera poder compensarlo con los adelantos de Ganancias y la suba del impuesto PAIS establecida a fines de julio, esto solo alcanzaría parcialmente.
En segundo lugar, el reintegro del IVA para la canasta básica, que ya tiene media sanción en Diputados. Su tratamiento en el Senado está trabado por circunstancias coyunturales: la internación del senador sanjuanino Rubén Uñac y la muerte de su colega fueguino Matías Rodríguez. Hasta que Uñac no vuelva y la reemplazante de Rodríguez, Cristina López, no asuma su banca, el oficialismo no tiene forma de lograr el quórum para sesionar. La estimación del oficialismo es que difícilmente eso ocurra antes de la segunda vuelta electoral, pero luego los números alcanzarían para sancionar la ley, profundizando nuevamente el déficit previsto.
Para aminorar esta situación es que el Ministerio de Economía impulsa la eliminación de parte del gasto tributario, es decir, lo que el Gobierno deja de recaudar año a año debido a los beneficios impositivos de los que gozan algunos sectores y que fue especificado en la separata enviada como anexo al Presupuesto general. En total, un 2,34% del PBI. De esta forma, la expectativa oficial es lograr un 1% de superávit del PBI el año próximo
El último miércoles, el Gobierno buscó avanzar con este punto en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que expuso el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. La función fue mostrar "un gesto para buscar consenso con todos los bloques" sobre la eliminación parcial del gasto tributario, ya que las cuestiones impositivas deben ser sí o sí modificadas por vía parlamentaria.
El equipo económico apunta fundamentalmente a tres sectores privilegiados que, insólitamente, gozan de beneficios impositivos en el contexto de la crisis actual: los jueces (que gozan de la exención del impuesto a las ganancias), los directores de compañías (eximidos de pagar el IVA sobre los honorarios que reciben) y los productores rurales (exentos de pagar el impuesto sobre los bienes personales para sus inmuebles).
Entre los tres consumen un 0,93% del PBI, por lo que, según la meta de déficit original, el superávit podría alcanzarse simplemente eliminando estos tres beneficios. En pocas semanas, los legisladores tendrán que decidir.
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