Esta semana se presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2023, una hoja programática que contempla las estimaciones de las principales variables económicas para el año próximo. La ley de leyes económica arribó al Congreso con algunas sorpresas y otras un poco más previsibles, en su mayoría derivadas de las pautas acordadas y mantenidas con el Fondo Monetario. Una mirada transversal del Presupuesto anticipa obtener un tercer año de crecimiento consecutivo, algo que no ocurre hace más de una década, pero con fuerte desaceleración en componentes esenciales para lograr ese objetivo: el consumo privado y la inversión.
En un año electoral, como será el próximo, jugar al achique no parece la mejor opción para ganar, con lo cual el desafío es no ajustar de más. La apuesta está hecha sobre un aumento de las exportaciones, para lo cual se mantendrá la política de tipo de cambio y tasas de interés por encima de la inflación, que se estima será (medida punta a punta) del 60 por ciento. La estrategia de enfocarse en las exportaciones y descuidar el consumo seguirá atizando los precios internos y, con ello, haciendo perder poder adquisitivo a los ingresos de los hogares.
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Si no se logra bajar la escalada especulativa de precios, la carga de la "estabilización de la economía" volverá a recaer en los sectores de menores ingresos, más allá de que en términos tributarios se busque darle progresividad fiscal a las medidas para que el aporte lo hagan los que más pueden.
Ningún gobierno ganó una reelección (o elección de medio término) con altos niveles de inflación. Con una suba de precios promedio en los meses previos a los comicios de 2021 (PASO y generales legislativas) la inflación fue de 3,2 por ciento (un 45 por ciento de inflación anual proyectada), y el oficialismo perdió ambas instancias. En el 2019 la administración Cambiemos detentaba una inflación de 4 por ciento (un 60 por ciento anualizada) y perdió las presidenciales.
Para este año, el Presupuesto 2023 establece cerrar diciembre con una inflación del 95 por ciento y llevarlo a un 60 por ciento interanual a fin del próximo. Pero se trata de una inflación punta a punta y recién en el segundo semestre del año próximo habría una caída significativa. Esto implica que en la primera parte del año próximo no se estima algo menor a un alza de 5 por ciento mensual, lo que arroja una anualizada acumulada del orden del 79,6 por ciento.
Sin una política más agresiva de control de precios y de ingresos, el resultado será más hogares pobres en los próximos meses. "En el tema de salarios del sector privado tenemos que trabajar para hacerlos crecer. Tenemos un problema muy serio de distorsión y hay una caída brutal en los últimos cinco años. Para jubilados habrá bonos en caso de que la movilidad no permita ganarle a la inflación", aseguró a El Destape una alta fuente del equipo económico.
A la inflación se suma un plan de ajuste fiscal que preanuncia (y formalmente) una apuesta a la desaceleración económica, con eje en sus principales componentes expansivos: el consumo y la inversión pública. En sintonía con lo acordado con el Fondo, se prevé un déficit primario de 1,9 por ciento, al que se suma el peso de los intereses de la deuda, elevando el rojo financiero al 3,9 por ciento.
"Bajar el déficit fiscal te permite bajar la necesidad de financiamiento monetario, que es la base de la inflación. Es un requisito para atender una inflación más baja el orden macroeconómico", explicaron a este medio. Una mirada bastante ortodoxa de la multicausalidad de la inflación. En una remozada versión del "derrame", los cañones están apuntados, al menos en el corto plazo, a estabilizar el dólar y reducir la brecha cambiaria, mientras se esperan aún las medidas de ingresos para las familias.
"En la primera parte del año hubo un crecimiento real del gasto público interanual muy importante y esa tendencia empezó a cambiar a partir de junio para poder converger a la meta del 2,5 por ciento. Para la segunda parte del año esperamos una caída del 5 por ciento del gasto en términos reales. Dependerá de la inflación y la recaudación", detalló el funcionario. El efecto de la baja de subsidios de tarifas reducirá en un 0,6 por ciento el gasto del PBI (será del 1,6 por ciento) y espera un ahorro adicional por el Plan Gas 4 y 5, por baja de importaciones, y a la vez un aumento de recaudación.
Los efectos de un acuerdo indexatorio, como es el firmado con el FMI, que implica una política de tipo de cambio y tasas de interés por encima de la suba de precios, son retroalimentar el espiral inflacionario y, además, contraer la economía. Mientras este año el PBI crecerá en torno al 4 por ciento --según el Presupuesto 2023--, el año próximo lo hará la mitad, un 2 por ciento. En esta desaceleración impactan directamente la estimación de retracción del consumo privado, pasando de crecer un 6,5 por ciento este año a hacerlo apenas un 2 por ciento el próximo.
La combinación de inflación y altas tasas de interés impacta directamente, vía retracción del financiamiento, al consumo y la inversión. Este año la inversión cerrará con un fuerte incremento del 10 por ciento, pero el desempeño propuesto para el próximo ejercicio será mucho menor, del 2,9 por ciento, apenas por encima del crecimiento del Producto. En este caso habrá un fuerte componente de caída real de la obra pública. Desde el Ministerio de Hacienda estiman, no obstante, que crecerá, descontando la inflación estimado, en un 0,3 por ciento.
A nivel sectorial, para las ramas de servicios se proyecta una expansión en promedio de 1,6 por ciento en 2023, mientras que los sectores productores de bienes crecerían, en promedio, un 2,8 por ciento. Para las exportaciones, se estima un crecimiento del 7,1 por ciento el año próximo, lo que dejará, a partir de una disminución a la par de las importaciones, un saldo comercial de 12.347 millones de dólares. El Banco Central lograría así elevar en 4000 millones de dólares las reservas. Para ello, se asegura no habrá atraso cambiario y se anticipa una devaluación del 62,1 por ciento, de 166 pesos a fin de este año a 269 en diciembre del 2023.
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El ingreso de divisas permitiría ir aflojando las restricciones al acceso a dólares para la importación, lo que podría mejorar el nivel de actividad. El interrogante será cómo evitar el traslado de un dólar "competitivo" a precios internos. Si bien será prorrogada la facultad del Estado de modificar el esquema de retenciones, en el equipo económico que comanda el ministro Sergio Massa sostienen que no estudian modificaciones. A fin de mes vence el plazo para acceder al mecanismo de dólar sojero a 200 pesos y ratifican que no habrá una extensión.
La recaudación jugará un rol central en que la meta de reducción del déficit no se convierta en un apretón extra para las familias. La posibilidad de cambios tributarios que le den progresividad al sistema y su efectivo cumplimiento serán clave. En ese sentido, se analizan los subsidios por regímenes especiales. "Estará la separata del proyecto con la posibilidad de que el Congreso estudie los beneficios impositivos de distintos sectores; por ejemplo Ganancias en jueces, alícuotas quebradas de sectores financieros, beneficios para directores de empresas que no pagan impuestos", detallaron desde Economía.
El objetivo es lograr que, en un año electoral, el peso de mantener el acuerdo con el Fondo no vuelva a recaer en los hogares de forma directa. El interrogante será si esto alcanza para ganar una elección. La respuesta habría que buscarla en el poder adquisitivo de los salarios.
Las elecciones de 2007, que llevaron a Cristina Fernández a la Presidencia, las ganó el oficialismo con un nivel de precios que se aceleraba al 3 por ciento mensual (hacia una anualizada de 42 por ciento), siendo un caso atípico de gobiernos respaldados electoramente con inflación elevada. La diferencia fue que desde mayo de 2003 los precios habían aumentado un 32,8 por ciento, mientras el salario promedio de los trabajadores privados formales había avanzado un 74,8 por ciento.
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