La semana próxima vence el plazo para la presentación en el Congreso del proyecto de ley de Presupuesto 2023 y el equipo económico trabaja contrarreloj en el diseño de la letra fina que servirá la guía de recursos y gastos. En esa confección ya existen algunos puntos de acuerdo, más allá del resultado que tenga la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos. Uno de ellas es sobre quién más recaerá en 2023 el ajuste de subsidios. En esta oportunidad se incluirá un recorte real sobre los subsidios a las empresas, que en términos de participación del Producto Interno Bruto (PIB), según informaron fuentes del equipo económico a El Destape, representan 2,5 puntos. De hecho, fueron los que más subieron desde 2019, con un alza de 384 por ciento, frente a un aumento de 247 por ciento de los servicios sociales.
Las transferencias a empresas o servicios económicos comprenden acciones de apoyo a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico. En este segmento se incluye energía, combustibles y minería y transporte, que son los que más peso tienen en este segmento. Sobre estos ya hubo una quita de subsidios que impacta de forma directa en los valores de las tarifas de los servicios asociados. Sin embargo, un subsidio puede ser definido como cualquier asistencia o incentivo, en efectivo o especie, hacia sectores privados (productores y consumidores) sin compensación equivalente.
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El universo de servicios económicos sobre los que el Gobierno realiza sus erogaciones incluye programas para empresas de comunicaciones, ecología y medioambiente, agricultura, industria, comercio y turismo. Esta clasificación comprende acciones de fomento, regulación y control del sector privado y público.
Estos subsidios se dispararon en los últimos dos años y, a diferencia del sentido común que se busca instalar desde algunos medios, superan ampliamente el aumento que registraron las ayudas sociales. De hecho, con el macrismo, la relación fue exactamente la inversa y los programas destinados a fortalecer la industria casi no subieron en términos reales. De acuerdo con los informes oficiales de Hacienda, los subsidios a empresas en 2015 eran de 217.895 millones de pesos, mientras que los sociales ascendían a 602.442 millones. Cuatro años después, el gobierno de Cambiemos dejó los subsidios a empresas 349.819 millones de pesos, apenas un 60 por ciento nominal más que 2015, mientras que los sociales llegaron a 1,9 billones de pesos, con un aumento de 216 por ciento. Buena parte de la reducción en términos reales de las transferencias a empresas se explica por los tarifazos en los servicios.
En lo que va de este año, el gasto devengado en servicios económicos asciende a unos 1,7 billones de pesos, mientras que los subsidios sociales alcanzaron a los 6,6 billones. Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández los subsidios sociales (Seguridad Social, Educación, Cultura, Promoción y Asistencia Social, Salud, Vivienda y Agua Potable, entre otros) aumentaron un 247 por ciento, mientras que las transferencias a empresas crecieron 384 por ciento respecto de lo ejecutado en el último año del macrismo.
En ese sentido, el principal recorte ya se puso en marcha, con la segmentación de las tarifas y la quita de subsidios al transporte, que en conjunto representaron en los primeros ocho meses del año una erogación (criterio devengado) de 1,5 billones de pesos por la escalada en el costo global de la energía. Sin embargo, existen otras partidas de subsidios que crecieron mucho en los últimos años, a partir de programas para fortalecer y estimular la actividad productiva; especialmente en tiempos de pandemia, donde las ayudas evitaron la desaparición miles de pequeñas y medianas empresas.
El diagnóstico oficial, además de su intención de recortar el gasto, es que el sector productivo se encuentra sólido. Incluso hay partidas que están sub-ejecutadas, como el caso de la industria. Se trata de unos 152.500 millones de pesos que se llevan ejecutados en transferencias directas a empresas.
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Los servicios económicos devengados (porcentaje de la ejecución de los gastos en relación al presupuesto vigente) para la Industria en lo que va del año alcanzaron los 25.745 millones de pesos, un 18 por ciento del presupuesto vigente (145.506 millones); para la Agricultura fueron de 30.800 millones de pesos, un 41 por ciento (75.452 millones); para programas de incentivo a la Ecología y Medio Ambiente ascendieron a 37.216 millones de pesos, un 67 por ciento (55.035 millones); para Comunicaciones sumaron 29.984 millones, un 59 por ciento (50.283 millones) y para Comercio y Turismo representaron 22.524 millones, 46 por ciento (48.802 millones).
El 15 de ese mes es el límite de plazo legal que tiene el Poder Ejecutivo para enviar la iniciativa al Congreso y varios de los programas sobre estos sectores están en la mira. El resto, aunque debe esperarse la vuelta de Massa de Estados Unidos, se mantendrá en torno a las metas plurianuales acordadas con el Fondo Monetario. Según esa hoja de ruta, el déficit fiscal debería ser de 1,9 por ciento del Producto; un techo a la emisión monetaria, de 0,6 por ciento y la acumulación de reservas, de 4000 millones de dólares.
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