El Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 y en el texto le envió un mensaje directo al Congreso: es momento de que el Parlamento discuta la inclusión del Poder Judicial dentro del esquema del Impuesto a las Ganancias. El gesto simbólico de austeridad y disciplina fiscal podría venir acompañado de un ingreso adicional de casi $ 240.000 millones para las arcas estatales.
Según el proyecto de la ley de leyes que presentó el Gobierno, que los jueces, fiscales y el resto de los funcionarios del Poder Judicial no paguen impuesto a las Ganancias le costará al Estado $ 237.850 millones en 2023, o 0,16% del PBI. Esta cifra se asemeja, por ejemplo, a lo que recaudó el país a través del cobro por el Aporte Solidario a las grandes fortunas.
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La idea fue promovida luego de las charlas entre los equipos técnicos argentinos y los representantes del FMI en Estados Unidos. El Gobierno contempla reducir el déficit fiscal primario de 2,5% este año a 1,9% el próximo. Sin embargo, no es la primera vez que el debate sobre los beneficios impositivos que gozan los jueces aparece en la escena pública.
Los privilegios de una verdadera casta
Para pensarlo en cifras, el Estado dejó de percibir $ 52.449 millones en 2021 porque los jueces y fiscales no pagaron Ganancias, más que todo el presupuesto del Ministerio de Justicia de ese año. En ese mismo sentido, para la base presupuestaria de 2022, la exención de impuesto a la ganancias de magistrados equivalió a 73 mil millones de pesos (0,12% del PBI), un número equivalente a lo que podría significar el pago de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
A mediados de marzo de 2021, el oficialismo había presentado dos proyectos de ley para que los jueces y fiscales queden incluidos en el pago a del Impuesto a las Ganancias. Las cifras hablan por sí solas: el costo para el Estado crece año a año.
El Poder Judicial no paga Ganancias gracias a una acordada de la Corte Suprema de 1996 y que ninguna composición del máximo tribunal del país cambió. En sus discurso de apertura de sesiones ordinarias de 2021, el presidente, Alberto Fernández, había señalado que el poder judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.
“Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, había indicado el jefe de Estado.
La ley original, sancionada en 1973, excluía del pago a los jueces y fiscales y a los legisladores. En 1996, sin embargo, el Congreso eliminó ese privilegio a través de la ley 24.631. ¿Qué hizo la Corte Suprema? lo declaró inconstitucional al argumentar que la independencia de los jueces se garantiza con la intangibilidad de sus salarios
Uno de los proyectos lo había presentado Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos por Entre Ríos, y planteaba modificar el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias según el texto ordenado por el Decreto 824 del 2019. Allí se establecen quienes son los contribuyentes de la cuarta categoría, donde están incluidos todos los cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo y dentro del Poder Judicial solo los que ingresaron a partir del 2017, una modificación realizada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte, el proyecto alternativo planeaba modificar el artículo 79 del decreto 649 de 1997. En el inciso a se detallaban los funcionarios públicos que pagan el Impuesto a las Ganancias, incluidos los del Poder Ejecutivo y el Legislativo y los judiciales nombrados post 2017. A contramano, se proponía una redacción donde directamente se incluya al Poder Judicial y al Ministerio Público al igual que al resto.
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