Uno de los documentos que permite exhibir el perfil de gestión de un gobierno es su Presupuesto anual, los cuales cobran relevancia cuando se tratan de los últimos años de gobierno, es decir su legado definitivo.
Sucede que el peso que tendrá el Estado y la forma en que se distribuirán sus recursos en la economía, permite efectuar una comparación en las prioridades de cada gobierno, así como las áreas beneficiadas y perjudicadas por el mismo. Por eso, El Destape solicitó a la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) los datos de los últimos presupuestos presentados por los diferentes gobiernos de este siglo, el de 2001, último aprobado a la primer Alianza, el del 2015, último año de gestión del Frente para la Victoria, el elaborado por Cambiemos en 2019, y el último del Frente de Todos, ambos bajo la tutela del FMI.
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En primera instancia, es posible observar que, en términos del PBI, es decir de lo que se proyecta que el país producirá durante el año, la parte captada por el Estado para intervenir en la economía será el año próximo la menor para un último año de gobierno, por lo menos desde el Presupuesto 2001 de la primer Alianza. Sin embargo, esta reducción en el gasto del Estado en relación al 2019 y 2015, -siempre en su relación con el PBI de esos años y el proyectado para el próximo-, es encabezada por los servicios de la deuda, que son casi un 50 por ciento menor debido a las reestructuraciones llevadas adelante por el actual gobierno, más allá que también habrá ajustes, no en términos reales pero si del PBI, para las jubilaciones y los subsidios al Transporte, compensadas en el gasto por mayores recursos para los subsidios energéticos.
En cualquier caso, esos tres presupuestos, es decir 2001, 2019, y 2023, se alejan del expansivo del último año del kirchnerismo, que con un peso del 24 por ciento del Presupuesto sobre el PBI, significó la mayor intervención del Estado en la economía para un último año de gobierno de esta década, creciendo las partidas de Administración Pública, Seguridad, Servicios Sociales, y Servicios Económicos, básicamente subsidios, pero disminuyendo los recursos para Servicios de la Deuda, que exhibió el menor gasto de todos los presupuestos comparados.
Otra forma de comparar los mismos, es la distribución de gastos que realiza el gobierno para cada área, ya no en función del PBI sino del total del presupuesto proyectado. En este caso, la comparación con el 2019 arroja una trayectoria también similar, pues los recursos para la deuda descienden a la mitad, pues se utiliza el 10 por ciento en lugar del 20 por ciento del presupuesto para tal fin. Ese ahorro, se utiliza para incrementar moderadamente el gasto destinado a Servicios Sociales, básicamente jubilaciones y planes sociales, pues se destina el 64 por ciento del presupuesto en lugar del 59 del 2019, y para aumentar los Servicios Económicos, básicamente subsidios energéticos y al transporte, del 12 al 15 por ciento. Por su parte, se mantienen en un guarismo similar los gastos de Administración Pública y Defensa.
Así, el Presupuesto 2023 termina teniendo un gasto, con excepción de la deuda, un gasto proporcional mayor al de 2001, pero menor al de 2015, y en línea con 2019, pues si bien se efectúa un ajuste del presupuesto total sobre el PBI, desciende del 22,1 en el último año macrista al 19,7 en 2023, el ajuste de cerca de dos puntos porcentuales se explica por un ahorro similar en los servicios de la deuda.
De esta forma, la comparación de los últimos años de presupuesto de los diferentes gobiernos de este siglo, exhibe al Frente para la Victoria como el único que subió partidas para todas las áreas de la administración pública, reduciendo además fuertemente las destinadas a la deuda, cuyo gasto de 1,8 por ciento del PBI estuvo por debajo de cualquier otro gobierno.
Por su parte, el Presupuesto de la Alianza para 2001 fue el que menos recursos destinó para el Estado, propiciando el estallido de social de fin de ese año, mientras que los de Cambiemos y Frente de Todos se mantuvieron en términos similares, aunque el gasto destinado a deuda fue significativamente menor en este último debido a que el grueso de los vencimientos se pospusieron para 2025 por las reestructuraciones del año anterior y el actual.
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