En momentos de urgencia económica y política, buena parte de la sociedad reclamó al Gobierno mayor audacia para solventar más inversión social que atienda las necesidades impostergables de los sectores más golpeados por la economía. De acuerdo a las cifras del Presupuesto 2022, la exención de impuesto a la ganancias de magistrados equivaldrá a 73 mil millones de pesos, un número equivalente a lo que podría significar el pago de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Mientras en el Gobierno se debate por los alcances de las políticas de incentivo al consumo popular, existen fuentes de financiamiento que no son aprovechados por el Estado debido a una tradición impositiva que resulta obsoleta a la vista de una sociedad partida. Según la hoja de ruta que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en 2022, la exención de Ganancias al Poder Judicial va a costar $ 72.914 millones, o 0,12% del PBI. Este año, este privilegio se estima en $ 52.448 millones.
Para poner en valor real lo que representa este vacío de ingresos, el costo fiscal mensual del IFE ascendió a $ 78.543 millones, según cifras oficiales, y benefició a casi nueve millones de personas. Sobre el inicio de la pandemia, el ingreso extraordinario fue destinado a monotributistas de categorías A o B, monotributistas sociales, trabajadores/as de casas particulares, trabajadores/as desempleados/as o informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con los criterios socio económicos establecidos.
Luego del cimbronazo en las urnas del domingo pasado y previo a la implosión política interna, el Gobierno esperaba lanzar un paquete de estímulo y asistencia a los hogares para sortear la actual situación de pandemia que ralentiza la recuperación económica. En ese paquete se destacaba la posible vuelta de un bono que cobraron los hogares durante la primera ola de contagios y en medio del aislamiento total de la población. Dado que muchas personas lograron recuperar su actividad, este nuevo auxilio, cuyo nombre todavía no está definido, alcanzaría a entre dos y tres millones de hogares.
En febrero había circulado esa posibilidad en caso de que la vacunación se retrasara y la pandemia se agravara. Sin embargo, la prevalencia de la postura fiscalista del Palacio de Hacienda -apoyada en la aceleración de la inoculación de la población- el Gobierno dejó de lado la iniciativa. A pesar de eso, el resultado de las urnas reveló el descontento de un sector que todavía no logró insertarse en un empleo, principalmente por alto grado de informalidad de la economía, en un contexto de lenta recuperación de la actividad frente a una pandemia que no se detiene.
Los privilegios de una verdadera casta
A mediados de marzo, el oficialismo había presentado dos proyectos de ley para que los jueces y fiscales queden incluidos en el pago a del Impuesto a las Ganancias. El costo fue de $ 22.342 millones en 2019, creció a $ 28.630 millones en 2020, y aumenta año tras año.
El Poder Judicial no paga Ganancias gracias a una acordada de la Corte Suprema de 1996 y que ninguna composición del máximo tribunal del país cambió. En sus discurso de apertura de sesiones ordinarias de este año, el presidente, Alberto Fernández, apuntó que el poder judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.
“Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, indicó el jefe de Estado.
La ley original, sancionada en 1973, excluía del pago a los jueces y fiscales y a los legisladores. En 1996, sin embargo, el Congreso eliminó ese privilegio a través de la ley 24.631. ¿Qué hizo la Corte Suprema? lo declaró inconstitucional al argumentar que la independencia de los jueces se garantiza con la intangibilidad de sus salarios
Uno de los proyectos lo presentó Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos por Entre Ríos, el cual recibió más de 30 pedidos de diputados para sumarse como cofirmantes. El otro fue ideado por Alberto Vivero, diputado por Neuquén.
El proyecto de Casaretto planteaba modificar el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias según el texto ordenado por el Decreto 824 del 2019. Allí se establecen quienes son los contribuyentes de la cuarta categoría, donde están incluidos todos los cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo y dentro del Poder Judicial solo los que ingresaron a partir del 2017, una modificación realizada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte, el proyecto de Vivero plantea modificar el artículo 79 del decreto 649 de 1997. En el inciso a se detallan los funcionarios públicos que pagan el Impuesto a las Ganancias, incluidos los del Poder Ejecutivo y el Legislativo y los judiciales nombrados post 2017. El legislador propone una redacción donde directamente se incluya al Poder Judicial y al Ministerio Público al igual que al resto.
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