La Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, realizó 25.000 fiscalizaciones en todo el país en el control de precios y abastecimiento, aceleró los plazos administrativos para la efectivización de sanciones a empresas infractoras a los precios máximos y a la Ley de Defensa del Consumidor e impuso multas por más de 47 millones de pesos.
Las 25.000 fiscalizaciones se realizaron en todo el país mediante los cuerpos de inspectores de Comercio Interior, de AFIP, del ministerio de Medio Ambiente, y de las provincias y los municipios. Como resultado de las mismas se labraron 6.300 actas y se clausuraron preventivamente unos 530 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el territorio nacional.
Ante la emergencia sanitaria, debido a la pandemia por COVID-19 en marzo de este año, la Secretaría de Comercio intensificó los controles en precios y abastecimiento en toda la cadena de comercialización, distribución y producción de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que se encuentran abarcados por los precios máximos (resolución 100/2020).
La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) aceleró los plazos administrativos para la efectivización de más de 200 multas a empresas que en un 54% infraccionaron la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y 46% incumplieron con los precios máximos. Las multas van desde los $6.000 a los 2.500.000 pesos y totalizaron un monto de 47.830.200 pesos.
Además, desde el inicio de las medidas de ASPO y DISPO, la SSADC llevó adelante 85 expedientes de oficio a distintas empresas por incumplimientos en los plazos de entrega de distintos productos - electrodomésticos, colchones, entre otros - por no brindar información clara, precisa y veraz - por ejemplo en contratos de adhesión en las páginas web, etc. - o por no cumplir con en el servicio - como empresas de telecomunicaciones-. entre otros casos.
La SSADC realiza estas imputaciones a partir de los reclamos de los consumidores que en lo que va de 2020 se incrementaron 173% respecto a 2019. Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, se procede a la actuación de oficio y luego al proceso administrativo para aplicar las sanciones correspondientes a las empresas infractoras mediante las multas que deben abonar.
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