Hidrocarburos: la participación de Argentina en la renta petrolera es la más baja a nivel histórico y en la región

En una coyuntura donde se proclama oficialmente que “no hay plata” y el fuerte recorte del gasto público aparece casi como eje unívoco del programa económico en marcha plasmado en el Presupuesto 2025, un informe analizó la política fiscal aplicada a la renta del sector petrolero y llegó a una conclusión contundente: Argentina es el único país de la región que, pese a ver otorgado diversos beneficios a esa actividad, tiene hoy la menor recaudación fiscal y, como resultado, la participación estatal en la renta petrolera es la más baja de la historia y el peor registro de la región.

Así lo afirmó una investigación realizada por ACIJ que analizó, a más de una década del comienzo de la explotación del yacimiento Vaca Muerta, la política fiscal argentina en este sector a lo largo de los años y comparado con países vecinos. Los datos muestran que, mientras a principios del milenio las petroleras tenían ganancias brutas por US$ 3.400 millones anuales, en los últimos años ascendieron a US$ 6.700 millones. En contrapartida, los ingresos fiscales pasaron en igual periodo de US$ 5.400 millones anuales a ubicarse en US$ 2.700 millones anuales. De esta manera “la participación del Estado argentino en la renta de los hidrocarburos resulta ser la más baja en términos históricos y la menor en comparación a otros países de la región”. 

De esta manera, el informe al que accedió este medio indicó que si bien “desde la pandemia y la guerra en Ucrania, los precios de los commodities se incrementaron con fuerza, fenómeno que se acentuó recientemente tras el conflicto en medio oriente, y como consecuencia la renta petrolera acompañó este movimiento”, a nivel local “las distintas administraciones gubernamentales vienen implementando una serie de reformas fiscales que perjudican su participación” siendo en la actualidad “el país con menor carga fiscal sobre la renta hidrocarburífera de la región” por detrás de países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y México.

Quién se queda con la renta

Como resultado de las reformas fiscales para beneficiar al sector petrolero, actualmente el Estado argentino es el que menos renta captura en la región ubicándose, además, en niveles mínimos para la comparación histórica. 

Así lo señaló un informe realizado por especialistas de la Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que analizaron -a diez años de la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta principal desarrollo nacional de la actividad- la política fiscal aplicada a este sector, comparando la situación con otros países del continente. “El régimen fiscal argentino no solo contrajo la participación del Estado en la renta, sino que además lo dejó por detrás de la región en términos de carga fiscal sobre el sector”, se destacó en el documento firmado por Malena Vivanco, Natalia Segura Diez, Natán Spollansky, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti.

Entendiendo que el sector petrolero tiene la particularidad de producir rentas (diferencia entre el precio de mercado y el costo de producir un barril) debido a su carácter monopólico y a las diversas productividades del recurso, la pregunta central radicó en cómo se distribuye ese excedente económico y quiénes se lo apropian. A modo de ejemplo: producir un litro de petróleo crudo (materia prima de la nafta que se comercializa en las estaciones de servicio) tiene un costo de aproximadamente US$ 0,1, mientras que su precio de mercado alcanza los US$ 0,5, la cuestión es entonces cómo se distribuye ese excedente de US$ 0,4. 

Al respecto, parte del excedente corresponde a las propias empresas petroleras, se suma la participación que va a refinerías y consumidores en los momentos en que existe una diferencia favorable entre la cotización internacional y la nacional (tuvieron alta participación entre 2002-2014 por la diferencia a favor del valor local, contrario a 2015-2016, donde el precio local resultó ser mayor al internacional, beneficiando a las empresas) y una parte al Estado a través del régimen fiscal vigente. En este último caso la participación en la renta petrolera se da vía tres recursos que inciden sobre el excedente: las regalías provinciales, el impuesto a las Ganancias (impuesto a la renta corporativa) y las retenciones o derechos de exportación.

En detalle, en el caso de las regalías, son el único recurso fiscal que mantuvo constante su participación en el tiempo. Sin embargo, son de carácter provincial con una alícuota general del 12% pero que dependiendo de las condiciones del área pueden variar entre 5% y 18% sobre el valor del recurso extraído. A su vez, señaló el informe al que accedió este medio, “las provincias poseen sus propios regímenes de estímulos a través de créditos fiscales que pueden incidir en el monto total de recaudación en tanto que, desde el punto de vista de las empresas petroleras, constituyen parte del costo de producción, por lo que este tributo no se calcula de forma residual como ocurre con el impuesto a la renta corporativa”.

Sobre la parte impositiva, si bien el Estado nacional logró incrementar su participación entre los años 2002-2014 (la recaudación de Ganancias acompañó el aumento de los ingresos gracias a la devaluación de 2002 y a las retenciones móviles) luego, “con la caída de los precios internacionales y el cambio del esquema de retenciones a las exportaciones para  2014, estos dos tributos perdieron fuerza”. En el caso de Ganancias, desde ACIJ señalaron también que "las grandes empresas suelen realizar planificación fiscal y contabilidad creativa para incrementar costos de forma artificial y trasladar ganancias a guaridas fiscales". Asimismo, en 2023 se llevó la alícuota de las retenciones a cero para estimular determinado monto de inversiones (Resolución 26/2023). Como consecuencia, “a pesar del incremento coyuntural de la renta petrolera en los últimos años, incluso a niveles de los primeros años del nuevo milenio, la participación del Estado nacional ha disminuido significativamente”. 

A lo dicho se suma que desde hace varios años el Estado nacional sostiene el otorgamiento de subsidios directos a las empresas para que incrementen la producción de hidrocarburos. “Estas transferencias aumentan la ganancia de las empresas petroleras ante la renuncia del Estado de una porción de la renta petrolera”, explicaron. De acuerdo con los investigadores, desde 2013 en adelante crecieron significativamente tales transferencias a las grandes empresas. “Entre sus desventajas, muchas de las inversiones realizadas se llevan a cabo por medio del endeudamiento externo por lo que incrementarán la demanda de divisas en un futuro cuando se abonen las amortizaciones y los intereses. A su vez, aunque estos subsidios son pagaderos en pesos argentinos, están vinculados a la evolución del tipo de cambio, por lo que, en contextos macroeconómicos de escasez de divisas, las devaluaciones recurrentes pueden comprometer las finanzas del Estado”, alertó el informe. 

Tanto como resultado de dichos beneficios fiscales como por el incremento de los precios internacionales y locales, las empresas petroleras pudieron hacerse de un creciente volumen de ganancias: “Mientras a principios del nuevo milenio las empresas petroleras disponían de ganancias brutas por US$ 3.400 millones anuales, en los últimos años analizados, en un contexto similar al de otrora, dichas ganancias ascendieron a aproximadamente US$ 6.700 millones”. En igual periodo, pero con resultado inverso los ingresos fiscales pasaron de US$ 5.400 millones anuales, a ubicarse en los últimos años en US$ 2.700 millones anuales. De esta manera “la participación del Estado argentino en la renta de los hidrocarburos resulta ser la más baja en términos históricos”.

A su vez, si se compara con la situación de otros países de la región se concluye que “en caso de netear los ingresos fiscales teniendo en cuenta los subsidios, la política de estímulos permitió una reducción significativa en la participación del Estado a partir de 2014, cuando al mismo tiempo en la región la carga fiscal se había incrementado. Aun así, independientemente de la consideración de estos subsidios, la participación del Estado argentino en la renta de los hidrocarburos ha sido la menor en comparación a otros países de la región”.

En lo concreto, los ingresos fiscales sobre renta hidrocarburífera pasaron del 38% en 2002-2013 a 23% en 2021 (caen a 12% neto de subsidios) siendo el peor registro de toda la región, de igual manera que si se consideran los ingresos fiscales como porcentaje del PBI, se ubicaron en 0,4% en 2021, cayendo desde el 1,4% de la etapa 2002-2013, el nivel más bajo entre los países de América Latina y Central analizados.

Qué alternativas existen

Los economistas de ACIJ destacaron que “la política fiscal debería viabilizar políticas de desarrollo sostenibles que permitan constituirse como un puente entre las generaciones presentes y futuras debido al agotamiento progresivo de los recursos no renovables”; sin embargo “a contramano, los recientes aumentos en los precios internacionales del petróleo han generado disputas sobre quiénes se apropian de la mayor parte de la renta petrolera, donde las empresas del sector emergen como las principales ganadoras”. 

En relación, pusieron la lupa sobre la reciente aprobación del conjunto de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que pone a los sectores extractivos como la minería y los hidrocarburos entre los principales beneficiarios, frente a lo que valoraron que “considerando que la brecha entre el precio de mercado y el costo (renta petrolera) irá variando a partir de cómo fluctúan los precios internacionales, el régimen fiscal del sector debería tener la capacidad de adaptarse, ya que de lo contrario, el Estado verá menguar más su participación”. 

Finalmente, sobre la situación de las regalías provinciales agregaron que “el problema radica en la limitada capacidad de las provincias para implementar una política sostenible frente a los desafíos que plantea la transformación productiva y energética que se avecina”. En ese sentido, “las regalías financian principalmente gastos corrientes, a pesar de que al mismo tiempo se produce una descapitalización por el agotamiento de los reservorios de las provincias”, considerando esto “en la mayoría de los países de la región, los Estados nacionales poseen cierta participación en la recaudación y distribución de las regalías, lo que contrasta con la situación en Argentina”.