A través de un proceso altamente cuestionado, el Poder Judicial condenó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y puso en agenda cómo los jueces condicionan no solo el rumbo de la política en sus más altas esferas, sino también a la vida cotidiana en todos los aspectos posibles: afectan los derechos laborales, benefician a las grandes empresas, dañan la ampliación de derechos civiles, y hasta la forma de informarte.
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) detalló cómo los distintos fallos judiciales limitaron leyes y medidas que apuntan a mejorar las condiciones de vida de la población. La influencia del Poder Judicial no se reduce al ataque contra una figura política como representa Cristina, sino que su efecto dañino es mucho más amplio y se dirige a los sectores populares.
"Se meten con tus derechos como consumidor"
¿Cuánto pagás por internet? Probablemente pagarías menos si la justicia no hubiese frenado el decreto que en 2020 fijó que las telecomunicaciones son un “servicio esencial” con precios regulados. Los jueces también habilitaron los aumentos luego de que el año pasado las prepagas impulsaran una cautelar para subir sus precios. Desde 2021 registran aumentos de 216% vs inflación 195,1%.
También viajás y pasás por Panamericana o por Acceso Oeste pagando valores de peaje inexplicables. Las concesionarias también fueron a la justicia para oponerse a la reestatización de las autopistas.
Si preparás alguna pasta para el domingo en familia, la pagás con sobreprecios acordados por los molineros, multados por el Gobierno. También fueron a la Justicia para frenar el castigo. Respecto a la carne, hubo medidas de regulación de ventas al exterior para garantizar el consumo interno. ¿Qué hacen algunos dirigentes de la oposición y actores del sector? Piden una cautelar para suspender la medida.
En 2016 se metieron con un derecho básico y fundamental en nuestro país: el acceso libre e irrestricto a la Universidad Pública, fijado en los artículos 2 inc. a) y 4 de la Ley 27.204. Fue Pablo Cayssials, juez en lo Contencioso N°9, que aparece en los Patagonia Leaks por haber viajado al sur financiado por Clarín. El mismo juez federal, Pablo Cayssials, en enero 2017 también se metió con lo que pagás de servicios. En enero de 2017, fue el caso del agua, avalando aumentos de 375% en CABA y en 18 municipios del conurbano.
"Deciden sobre el rumbo económico"
Entregan los pocos dólares del país a las importadoras: En septiembre una compañía importó neumáticos recurriendo a cautelares nada menos que en 30 ocasiones. En agosto de 2022, una cautelar permitió la importación de 20 millones de dólares en “toallas”.
El mencionado juez Pablo Cayssials también se vio involucrado: Permitió la importación de un Porsche 911 Turbo y una Ferrari Testarrosa, en un fallo de febrero 2021. Asimismo, el gobierno nacional estableció, por única vez, el pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias para las empresas beneficiadas por la suba extraordinaria de los precios internacionales. ¿Qué pasó? Algunas firmas fueron a la justicia que frenó la medida aceptando una nueva cautelar.
También sucedió a nivel provincial: un fallo de la justicia de San Luis, habilitó el año pasado una cautelar presentada por la oposición que impidió al gobierno provincial avanzar en medidas destinadas a fortalecer los ingresos de trabajadores desempleados y de bajos salarios. Además, en 2015, la justicia falló a favor de Telecom y en contra de la provincia de Santa Fe que buscaba aplicarle, según establece la norma, una alícuota mayor de Ingresos Brutos a la compañía, por no estar radicada en el territorio provincial.
Recortan derechos a trabajadores
En 2022, la Asociación de Abogados/as Laboralistas denunció el desfinanciamiento del fuero laboral, la existencia de Juzgados del Trabajo vacantes y de expedientes paralizados en el tiempo. En octubre de este año, un fallo judicial favoreció a una empresa láctea que despidió a 26 trabajadores por participar de una protesta gremial. Es decir, si te organizás y protestás, también la justicia se mete con tu derecho.
Si sos trabajador tercerizado, peor aún. Hasta la Corte interfirió a favor de las empresas. Un fallo, del 2018, negó los derechos laborales de un trabajador del Hospital Alemán que prestó servicios ahí durante siete años, avalando que la empresa desconozca la relación laboral existente.
Otro ejemplo es el conocido fallo “Pogonza”, a partir del cual la Cámara del Trabajo viene limitando las posibilidades de revisar lo determinado por las Comisiones Médicas de riesgos del trabajo, y se terminan cerrando los casos sin el accionar judicial suficiente. Los trabajadores, los primeros perjudicados: un fallo judicial en Rio Negro, confirmó, en plena pandemia, el despido de un trabajador porque según lo argumentó la empresa “estaba a prueba”, desconociendo de esa forma el decreto 329/20 de prohibición de los despidos en la emergencia sanitaria.
Incluso la Cámara Comercial condicionó el pago de salarios, que es concepto inembargable y de índole alimentaria. En 2019 impidió el cobro de los sueldos de trabajadores del ex Grupo Indalo, al bloquear una cuenta que había sido creada como "inembargable" para ese fin. En su fallo, advirtieron que "no se ignora que podría dificultar el pago de salarios".
Se meten con los derechos civiles
El año pasado un fallo judicial en San Juan impidió a una mujer practicar un aborto legal por una cautelar presentada por su ex marido, negando el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ley sancionada en 2020. En 2019, en la ciudad de Tucumán, Lucia de 11 años ingresó a un hospital público con 23 semanas de gestación producto de una violación. La madre de la niña pidió ante la Justicia tucumana la ILE, medida que fue dilatada durante semanas, hasta que fue obligada a realizarse una cesárea.
¿Violencia de género? Los ejemplos sobre el alarmante accionar judicial con lógica patriarcal en casos de violencia de género son innumerables. En 2021, un juez de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, dejó en libertad a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo, y declaró la falta de mérito en la causa.
Todavía se sigue reclamando justicia por Lucía Pérez, víctima de abuso sexual y femicidio en 2016 en Mar del Plata. La justicia decidió absolver a los acusados poniendo como eje el “estilo de vida” de la joven y dando a entender que una persona que compra chocolatada y facturas no es alguien que esté pensando en cometer una violación.
Eligen a los poderosos por sobre el pueblo
El ejemplo más paradigmático es haber limitado a la AFIP a exigir planificación fiscal a los contadores y abogados de las empresas, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países, con el objetivo de evitar que informen dónde tienen sus inversiones. De nuevo, fue Pablo Cayssals quien decidió que no se aplique la resolución 4838.
En plena pandemia, la AFIP impulsó una moratoria destinada a las pymes. La justicia habilitó a dos grandes empresas que lo solicitaron, a ser incluidas, porque la medida era “discriminatoria”. La segmentación por tamaño, que es una decisión de política económica, tampoco puede hacerse.
Pero no son "pálidas" para todos: Este año se suspendió del trámite de quiebra del Correo Argentino, hasta que la Corte Suprema resuelva un conflicto de competencia pedido por la defensa del ex presidente. A vos jamás te darían una quita de 90% si debés plata, pero a Macri si.
La Corte Suprema intervino una medida de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que ordenaba a varias empresas de indumentaria y a centros comerciales, a mantener vigentes descuentos ofrecidos por algunos bancos. Cencosud se opuso a la medida y la justicia lo avaló. Si te cuida el Estado, el Poder Judicial lo corrige del “error”.
Para los grades empresarios, el Poder Judicial brinda ayuda para ocultar. La Inspección General de Justicia (IGJ) advirtió sobre el accionar sistemático de jueces de la Cámara Comercial que impiden investigar: el caso paradigmático es el “fideicomiso ciego” que administró parte del patrimonio de Macri, sospechado por ocultar bienes y falsear las declaraciones juradas como funcionario público.
Otro caso resonante fue el rechazo judicial al pedido de la IGJ para declarar la nulidad de la sociedad Hidden Lake SA, de Joseph Lewis, ya que se denunciaba el incumplimiento de la empresa de las sentencias firmes para el acceso al Lago Escondido y el funcionamiento irregular de esa sociedad. En la misma sintonía, la Cámara Comercial impidió que la IGJ, el Banco Central, la UIF y la AFIP investiguen el origen y destino de fondos de José Aranda, uno de los accionistas de Clarín, a pesar de que podría tratarse de un caso de fuga, lavado de dinero o de evasión.
La IGJ había emitido una resolución según la cual la empresa Remax Argentina viola la ley local, al beneficiarse de la actividad inmobiliaria sin estar autorizada por las normas de ejercicio profesional para hacerlo. La firma fue a la justicia que, una vez más, anuló la decisión.
Tampoco les importa si te afecta el humo de los incendios intencionales en las orillas del Paraná. Los incendios vienen arrasando con cientos de hectáreas y , sin embargo, la justicia no avanza en investigar quiénes son, por ejemplo, los propietarios de las tierras afectadas intencionalmente.
Condicionan el derecho a la información
En 2009 la justicia dio lugar a la cautelar que presentó el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También el juez Pablo Cayssials, en 2014, aplicó una cautelar para evitar la transferencia de oficio de la compañía.
En el mismo sentido, en el 2015, la Corte Suprema confirmó una condena contra Víctor Hugo Morales por emitir, quinces años atrás, minutos de un partido cuyos derechos eran de Cablevisión. El fallo buscaba disciplinar al periodista, y favorecer el negocio del fútbol. En 2016, el Juez Ercolini sobreseyó a Magnetto, Mitre y Herrera de Noble en la causa por “desapoderamiento extorsivo” de Papel Prensa a la familia Graiver, durante la última dictadura.
Más cerca en el tiempo, el Juez Ercolini ordenó la detención de los dueños del Grupo Indalo -de la señal C5N opositora al gobierno de turno, Macri- Fabián De Souza y Cristóbal López. En 2021, el TOF N° 3 los absolvió detallando que “la operatoria nunca traspasó el umbral de lo permitido”
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