La inversión del gobierno de Javier Milei en los planes de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad cayó 21,5% en los primeros once meses del año y es especialmente más dramática la situación de los beneficiarios de planes como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentaria, donde el recorte supera el 30%, según un trabajo de análisis del gasto primario al que accedió El Destape.
Los fondos destinados a los programas Asignación Universal por Hijo (AUH) para las familias sin empleo formal, y Asignaciones Familiares, para los trabajadores formales, crecieron este año 5% en términos reales respecto de lo que se desembolsó en 2023. En montos, fueron $5,7 billones el año pasado y $6 billones este año.
El Gobierno sostiene sobre ese dato que aumentó la ayuda a las familias con necesidades básicas insatisfechas por efecto del brutal ajuste que llevó adelante desde el inicio la gestión de Javier Milei, con una devaluación del 54% que disparó a más del doble el valor del dólar y generó una inflación de 25% el primer mes, 20% el siguiente y 166% a lo largo de la gestión.
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Sin embargo, cuando se consideran los fondos invertidos en otros programas sociales, como el Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y los subsidios de ANSeS, como el bono que reciben jubilados de la mínima, en el consolidado se muestra el nivel de ajuste a precios constantes, es decir, actualizando los valores pasados con la inflación registrada por el Indec para cada período.
En esos programas, la inversión cayó desde $14 billones a $9,5 billones, es decir un ajuste de 32,3% entre el acumulado de once meses de 2023 frente a los once meses de 2024.
En la consolidación de esos programas sociales, el ajuste fue de 21,5%, al caer desde $19,7 billones de los primeros once meses del año pasado a $15,5 billones en el mismo período de este año.
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La existencia de una diversidad de programas sociales estuvo siempre pensada para dar mayor capilaridad a la acción del Estado, llegando a cada persona o familia según sus necesidades, tanto por las características geográficas como sociales del lugar donde habitan.
La excepción es el gasto en prestaciones del PAMI, donde este año se ejecutó $5,8 billones mientras el año pasado fueron $5,9 billones, mientras se pagaba un subsidio extra a los jubilados de la mínima de $10.000 mensuales en el último trimestre. En esta área hay un efecto notorio de menores prestaciones médicas y reducción o eliminación de medicamentos gratis, mientras aumenta el costo, lo que podría indicar el desvío de fondos hacia prestadores o laboratorios que encarecieron sus servicios por encima de la inflación.
El Gobierno quiere terminar con esa lógica y solo atender a los sectores en situación de pobreza extrema de acuerdo a los planteos insistentes de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que le exige compensar los daños sociales del ajuste económico. Con ese fin, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció este viernes que pondrá en marcha un rediseño integral de la política social que incluirá la creación de Centros de Familia, donde la población vulnerable deberá acudir a pedir asistencia directa.
Pettovello anunció también un sistema de vouchers para que chicos sin recursos económicos puedan asistir a clubes o instituciones de barrio para realizar actividades extraescolares, desconociendo el entramado de clubes de barrios que son gratis.
El gasto primario total en lo que va del año descendió desde $128 billones a $91,5 billones, siempre medidos a precios constantes, lo que implicó una reducción de 28,5% año contra año. En ese recorte en notorio tanto en el pago de los salarios a los empleados públicos como de las jubilaciones y pensiones a través del Anses, donde los recortes fueron de casi veinte puntos.
Los fondos para salarios cayeron desde $16,4 billones a $13,4 billones, en parte por el despido de decenas de miles de empleados públicos como por aumentos salariales que estuvieron por debajo de la inflación.
En el caso de las jubilaciones, los recursos destinados cayeron de $41 billones el año pasado a $33 billones este año, lo que representó un ajuste de 19,5% en promedio, siendo mayor para los pasivo que perciben la mínima ya que no se actualizó el bono dfe $70 mil que cobran mensualmente este año.
El desfinanciamiento a las Universidades Nacionales se expresa en un recorte de 22% de los fondos, al recibir $3,2 billones, un billón de pesos menos que el año pasado y el menor valor histórico por lo menos desde las estadísticas de 2016 que analiza el trabajo al que accedió El Destape.
En subsidios al transporte el ajuste también fue de un billón de pesos, al pasar de $3,2 billones a $2,2 billones y en la energía fue mayor, donde se recortó uno de cada tres pesos para quedar en $6,8 billones este año.
De todos los ajustes llevados adelante por la gestión de Javier Milei sobre el conjunto de los argentinos, docentes, científicos, médicos, enfermeras, policías, beneficiarios de planes sociales, trabajadores estatales etc, los mayores recortes sin embargos se registran en la concreción de obras públicas, afectando a todos los argentinos en una relación de a mayor necesidad, mayor recorte. De $11,2 billones ejecutados en obras públicas en todo el territorio nacional, se cayó al simbólico desembolso de $2,4 billones.
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